Informe de coyuntura Nº 26

1. ES OFICIAL EL ROBO A LA “CASTA” DE LOS JUBILADOS

El Presidente de la República firmó el viernes 22 de marzo el Decreto de Necesidad y Urgencia que determina el nuevo sistema de actualización de los haberes para los jubilados y pensionados que dependen de ANSES y que suman algo más de 7 millones de habitantes de avanzada edad.

Jubilaciones: la universalización es una inequidad o un reconocimiento laboral

El mayor gasto que implica la universalización no llevaría a una situación fiscal muy diferente a la del caso de plena formalización del mercado de trabajo. La jubilación universal es, en definitiva, el reconocimiento a una trayectoria laboral que se presume todos y todas han tenido, al margen de si ella es reconocida o no en lo formal. La universalización debe incluir como beneficiarios a quienes han realizado trabajo dentro del hogar.

El otro desempleo: demasiado viejos para trabajar, demasiado jóvenes para jubilarse

Quienes se quedan sin empleo al borde de la edad de retiro se exponen a las dificultades para encontrar otra ocupación, a la discriminación en las búsquedas laborales y a la informalidad como opción casi obligada. El pedido de un grupo de autoconvocados para impulsar una ley que permita adelantar la jubilación a quienes ya tienen los 30 años de aportes.

Desfinanciaron el sistema

Hay una relación muy fuerte entre la evolución macroeconómica y el sistema previsional. Por ejemplo, una macroeconomía que genera desempleo, informalidad laboral y disminución del salario real, tiene un sesgo desfinanciador de la previsión social. Ello es así pues su financiamiento está basado en impuestos y contribuciones asociadas al trabajo formal y por ende “sufre” el impacto de los vaivenes en el nivel de actividad y su grado de formalidad. Así lo fue en el gobierno de Carlos Menem y ocurrió lo mismo en el experimento neoliberal de Mauricio Macri.

El plan para las jubilaciones: más plata a la mínima para reducir la desigualdad

El 'achatamiento de la pirámide' eleva el piso mínimo de la protección, sin perjudicar el nivel medio de las prestaciones, pero manteniendo la cúspide relativamente estancada. La inequidad del sistema actual se da con una diferencia entre el piso y el techo de haberes que es de 7 veces. Suspender la movilidad abre la oportunidad para atener esta desigualdad.

Un nuevo esfuerzo de los jubilados

 

El año 2017 finalizó con la aprobación legislativa del cambio en la ley de movilidad jubilatoria. Desde el 2008, las jubilaciones y pensiones tenían por ley, un incremento garantizado dos veces por año: en marzo y septiembre según un coeficiente que promediaba la variación de salarios de la economía con la variación de la recaudación tributaria semestral con un rezago de 6 a 12 meses.