El plenario pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10.30, previo a la sesión, cuando se podría convocar a especialistas al debate.

Durante su exposición, Kicillof destacó que con la propuesta de ley “se transfiere al Parlamento la decisión de privatizar una empresa”, ya que “vender una acción es un acto de privatizar”, aunque se trate de tenencias minoritarias.

Por lo tanto, el Congreso deberá avalar el desprendimiento de estas acciones con una mayoría de dos tercios, lo que le valió al proyecto la calificación de “Ley Cerrojo”, aunque Kicillof desestimó que así lo sea.

El funcionario aclaró que “la venta de aunque sea una acción no estará prohibida”, pero que se busca “que no sea por una decisión arbitraria de alguna dependencia del Poder Ejecutivo”, con el fin de que “en Argentina no ocurra más que nos privaticen”.

“No podemos dejar esto en manos de alguien que no sea el Parlamento”, apuntó, si bien la próxima composición del Congreso dificultaría alcanzar esa mayoría especial para cualquier bloque político.

Kicillof indicó que las acciones en discusión son las “‘heredadas’ del sistema de AFJP” implementado en 1993, “un fondo que se administraba de forma ruinosa”, hasta que en 2007 se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y un año más tarde se integraron ambos sistemas y se unificó el paquete de tenencias accionarias del Estado.

En ese marco, el ministro de Economía ponderó que “este gobierno no vendió ni una sola acción” de aquellas que vinieron de las AFJP.

En tanto, detalló que el Estado participa actualmente en 44 empresas y en 27 directorios de esas compañías -ya que la posibilidad de colocar directores depende del porcentaje accionario adquirido-, y defendió la idea de que “los minoritarios puedan tener participación en el directorio”.

De acuerdo al proyecto, el director nombrado por el Estado deberá ser un funcionario público especializado en el área de competencia de la empresa, que deberá renunciar a sus honorarios, los cuales pasarán a alimentar a la nueva Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPE).

Por otra parte, Kicillof precisó que si en 2008, cuando se estatizó el sistema jubilatorio, se hubiesen vendido todas las acciones, hubiera sido “un mal negocio”, ya que desde ese año a 2015 esas acciones aumentaron un “736 por ciento”.

“Quienes venden acciones privan al Estado de intervenir en decisiones claras y estratégicas de la economía argentina”, indicó ante los senadores, al formular una dura crítica al Pro de Mauricio Macri.

En esta línea, pidió a “los privatistas” que “no mientan más” al considerar que “la participación del Estado (en las empresas) ha sido buena”, a través de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado (DNEPE).

Esta dependencia, precisó Kicillof, “mejoró la rentabilidad de las compañías donde el Estado participa” (las ventas aumentaron “un 70 por ciento entre 2012 y 2014”) y además “creció el valor” de esas empresas.

Por su parte, el jefe del bloque kirchnerista, Miguel Pichetto, consideró que “el Estado puede apuntalar inversiones importantes” teniendo acciones en empresas.

Además, resaltó que la norma servirá para “la preservación del interés y el capital nacional”.

“Fortalecimiento institucional”

“Lo que estamos haciendo es un fortalecimiento institucional del Estado”, afirmó Bossio a su turno durante el plenario de comisiones.

Bossio, quien pasará a ser el presidente de la ANPE, recordó que se irá el 10 de diciembre, cuando finalice el actual gobierno, por lo que el próximo deberá designar un nuevo titular de la Anses que a su vez encabezará dicha agencia.

Parlamentario - 25 de agosto de 2015