Una vez más el gobierno de Néstor Kirchner, con la férrea compañía de los gobernadores de todos los partidos políticos, sancionó una nueva ley que beneficia clara y contundentemente a las petroleras que operan en el país.

Autor: Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano
Fuente: Argentina Indymedia

Artículos relacionados:

.Ah, ¿pero Repsol-YPF es española?
.Repsol-YPF avanza en la venta del 20% de su filial Argentina
.Hidrocarburos: el día que el oficialismo votó sin aplausos

La reciente media sanción de diputados de la Ley de beneficios fiscales a las empresas del sector de los hidrocarburos es una nueva muestra de la entrega al capital privado que posibilita el saqueo de los recursos naturales hidrocarburíferos de la Argentina.

Desde el Nuevo Proyecto Energético Latinoamericano (NPEL) queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a esta legislación que viene a permitirles a las petroleras dejar de pagar impuestos, los que indefectiblemente terminamos subvencionando desde el conjunto del pueblo argentino. Pero también nos oponemos al contra proyecto presentado por el Grupo Moreno, el Cocepa, la Autoconvocatoria, la Fetera, la CTA, ATE y otros y consideramos que algunos de sus artículos son cómplices de la política kirchnerista.

Bajo la absoluta mentira de que con estos beneficios fiscales las petroleras resolverán la falta de inversiones en el rubro de la exploración hidrocarburífera, se le termina otorgando a las compañías privadas nuevas exenciones impositivas a un sector económico que se viene beneficiando con una renta neta que ronda los 42.000 pesos por minuto en todo el país.

Mientras las petroleras conquistan esta rentabilidad pocas veces vista el Estado nacional solamente se queda con el 12% en concepto de regalías, sobre los niveles de extracción que las propias compañías declaran a través de declaraciones juradas, y los ingresos estatales del sector se complementan con las retenciones a las exportaciones (45% en las de petróleo, 20% en las de gas y 5% en las de combustibles).

En tanto que las compañías privadas de capitales extranjeros liquidan en los países de sus casas matrices hasta el 70% de los dividendos en la Argentina. En una nota del diario Clarín el periodista Ismael Bermúdez reveló que “En 2005 las utilidades y dividendos devengadas sumaron 3.646 millones de dólares, superando el récord anterior, registrado en 1998. Y ese registro lo lograron a pesar que ahora el dólar es más caro. Durante el primer trimestre de 2006 esas remesas alcanzaron los 1.220 millones, triplicando a las de igual período de 2005, cuando sumaron 432 millones de dólares. El grueso de esas utilidades corresponde al sector petrolero (que no está obligado a liquidar la totalidad de sus exportaciones en el país) y está vinculado al alza de los precios internacionales de los hidrocarburos. Lo mismo pasa en otros rubros como alimentos o siderurgia. Por su parte, la reinversión de las utilidades en 2005 fue de apenas el 9,1% de lo ganado, muy por debajo de los niveles anteriores a la recesión y crisis iniciados en 1998. Según el INDEC, con la toma de control de YPF por parte de Repsol en 1998 se produjo un cambio ya que ‘la renta del sector saltó de 400 millones de dólares por año entre 1992 y 1998 a 2.000 millones desde el año 2000 a 2002’. En el resto de los sectores pasó lo contrario: las utilidades fueron decreciendo hasta casi anularse en 2002”.

Como si todo esto fuera poco la administración kirchnerista sigue avanzando por varios carriles en la entrega de los recurso naturales. Por un lado se apura a sancionar esta ley de incentivos fiscales, pero también transitan otras dos vías de la entrega. Una es la nueva firma de convenios de exploración y explotación off shore del petróleo y el gas existente en la plataforma marina nacional. Así lo demuestra el reciente acuerdo con Repsol, Petrobras y Enarsa en el que se entregó las cuencas marinas del Salado y del Colorado.

De manera contradictoria pero con una clara perspectiva de saqueo, se transita también la instrumentación de la llamada Ley Corta. Esta otra legislación que quedó relegada por la de los incentivos fiscales, se dice que busca reglamentar el artículo 124 de la Constitución Nacional de 1994 donde se estableció que el manejo de los recursos naturales es patrimonio de las provincias que los poseen.

Desde el NPEL consideramos que la provincialización es un paso más en la entrega de los recursos naturales y entendemos que su principal objetivo es el de descuartizar el país en pequeños bloques poseedores de recursos naturales posibilitándole a las empresas extractivas negociar en absoluta superioridad de condiciones con los Estados Provinciales. Pero al mismo tiempo de regionalizar es una clara muestra de los falaces discursos kirchneristas sobre la integración latinoamericana, mientras que por un lado el gobierno de Kirchner hace anuncios y ampulosas declaraciones sobre la integración energética latinoamericana por el otro avanza en el descuartizamiento de la Argentina en pequeñas porciones que fácilmente son dominadas por los capitales privados.

Crisis energética estructural

Mientras por un lado el gobierno de Kirchner quiere tranquilizar al pueblo y los empresarios asegurando que “no hay crisis energética” la situación energética nacional es cada vez más decadente y los únicos que no están en crisis son los sectores empresarios de los hidrocarburos. La Argentina no atraviesa por una crisis coyuntural como la que se produjo en el 2002 y 2003, sino que esta sumergida en una crisis estructural que incluye los siguientes puntos:

1) La totalidad del mercado de los hidrocarburos y la energía está en manos del sector privado.

2) La renta de 42.000 pesos por minuto es absoluta y discrecionalmente manejada por el empresariado hidrocarburífero.

3) El 70% de esos dividendos obtenidos en el país son llevados a sus casas matrices en el exterior.

4) Mientras se siguen exportando millones de metros cúbicos de gas hacia Chile o Brasil, Argentina se ha visto por decisión empresaria en la obligación de importar gas de Bolivia.

5) La reducción notoria de los niveles de extracción de crudo liviano, lo que se produce a partir de la voracidad extractiva, llevarán al país a tener que importarlo en el 2007 o 2008.

6) Los horizontes de reservas de petróleo y gas cayeron notoriamente en los últimos 20 años y la reducción se sigue profundizando.

7) No hace ningún tipo de control estatal sobre los niveles de extracción y todo sigue siendo por intermedio de las declaraciones juradas presentadas por las empresas.

8) El 40% de la población sigue sin tener acceso al gas natural por redes.

9) El plan de castigos y casi nada de premios en los consumos de gas recaen fundamentalmente sobre los consumidores domiciliarios.

10) Los sectores populares siguen siendo los que más sufren los cortes de energía eléctrica y gas.

11) Los niveles de contaminación ambiental van en franco ascenso en los yacimientos donde el Estado no tiene ningún tipo de ingerencia y las empresas se manejan impunemente contaminando el medio ambiente y causando efectos nefastos sobre las vidas de los seres humanos.

Para poder resolver estas problemáticas es necesario arrancar de raíz el actual esquema energético y replantearse todo lo vinculado con la explotación, comercialización y distribución de los hidrocarburos y los recursos naturales en la Argentina.

Los beneficios para los beneficiados

Más allá de la posición conceptual que tenemos desde el NPEL con la nueva normativa de exenciones impositivas, nos parece importante alertar sobre las particularidades que incluye la ley en cuestión.

El artículo segundo de la normativa establece que:
Integrarán el régimen promocional definido en este Capítulo todas las áreas con potencial geológico sobre las que actualmente no existan derechos de terceros otorgados por la Ley N º 17.319, con excepción de los otorgados a través de la Ley N º 25.943 de acuerdo con la siguiente categorización:

AREAS EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL: Son todas las áreas de la plataforma continental y las aguas interiores según las definiciones de la Ley N º 23.968, que no se encuentran sujetas a permisos de Exploración o concesiones de Explotación. Los beneficios establecidos en la presente Ley serán de aplicación en estas áreas durante un lapso de QUINCE (15) años, contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración.

AREAS EN CUENCAS SEDIMENTARIAS SIN PRODUCCIÓN: Son todas las áreas en las cuencas sedimentarias en tierra, excluidas las cinco cuencas que actualmente tienen áreas en producción. Los beneficios establecidos en la presente Ley serán de aplicación en estas áreas durante un lapso de DOCE (12) años, contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración.

AREAS EN CUENCAS SEDIMENTARIAS CON PRODUCCIÓN: Son las áreas en las cinco cuencas sedimentarias en tierra que actualmente tienen áreas en producción y que no se encuentran sujetas a permisos de Exploración o concesiones de Explotación. Los beneficios establecidos en la presente Ley serán de aplicación en estas áreas durante un lapso de DIEZ (10) años, contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración.

Aquí aflora uno de los nefastos objetivos de la ley. Por un lado le otorga beneficios fiscales a la exploración en áreas o yacimientos por descubrir, pero también le otorga esos mismos favores en áreas o yacimientos ya explorados y en plena producción lo que la transforma en una verdadera falacia de inversión y supuesto riesgo.

En tanto que el artículo décimo tercero establece que:
Podrán acogerse a este régimen los concesionarios de explotación de las concesiones otorgadas por la Ley N º 17.319 y sus normas complementarias, de acuerdo con la siguiente categorización:

AREAS SUBDIVIDIDAS EN PRODUCCION – EN PLATAFORMA CONTINENTAL: Son áreas en la plataforma continental, en producción, parcialmente exploradas. Los concesionarios podrán solicitar a la Secretaría de Energía su subdivisión, de forma tal que se genere un área nueva que será alcanzada por los beneficios establecidos de este régimen. El área resultante de la subdivisión deberá ser considerada como un nuevo permiso de exploración, quedando el área oportunamente concesionada y no explotada subdividida. Los beneficios establecidos en la presente Ley serán de aplicación en estas áreas durante un lapso de DOCE (12) años, contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración.

AREAS SUBDIVIDIDAS EN PRODUCCION – EN TIERRA: Son áreas en tierra, en producción, parcialmente exploradas. Los concesionarios podrán solicitar a la Secretaría de Energía su subdivisión, de forma tal que se genere un área nueva que será alcanzada por los beneficios establecidos de este régimen. El área resultante de la subdivisión deberá ser considerada como un nuevo permiso de exploración, quedando el área oportunamente concesionada y no explotada subdividida. Los beneficios establecidos en la presente Ley serán de aplicación en estas áreas durante un lapso de DIEZ (10) años, contados a partir de la obtención del correspondiente permiso de exploración.

Este articulado facilitará la subdivisión de áreas por explorar y las ya en producción permitiendo un mecanismo de adquirir mayores beneficios fiscales en las zonas donde ya se extraen hidrocarburos.
Los beneficios impositivos serán: La devolución anticipada del IVA; la amortización en tres cuotas del Impuesto a las Ganancias de todos los gastos efectuados en las etapas de exploración y extracción; no abonarán los derechos a la importación y también quedarán exentos del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.

Las salidas a la crisis

Indudablemente que existen alternativas contrarias a las políticas adoptadas por la administración Kirchner. Desde algunos grupos que impulsan la Nacionalización de los hidrocarburos (tal es el caso del Grupo Moreno, el Cocepa, la Fetera , la CTA , ATE y la Autoconvocatoria por la Nacionalización , junto a sus organizaciones integrantes) se ha elaborado un proyecto de ley alternativo y se efectivizó una movilización frente al Congreso el día en que se sancionó la ley.

En el NPEL disentimos con la elaboración y los contenidos de dicho proyecto de ley, algunos de los cuáles claramente pueden ser catalogados de cómplices de la entrega a través de Enarsa, y consideramos que las salidas a esta crisis energética estructural pasan esencialmente por los 9 puntos de nuestro programa y por los cinco puntos del programa de la Multisectorial por la Nacionalización de la Cuenca del Golfo San Jorge.

En primera instancia nos parece que es correcto efectuar la denuncia pública de los avances entreguistas del gobierno de Kirchner, pero no creemos que sea conveniente enviarle cartas de denuncia a un presidente que claramente sabe lo que hace y está absolutamente convencido de las políticas que instrumenta.

Es por eso que tampoco entendemos como conducente la elaboración de un proyecto de ley para que sea tratado en el mismo Congreso de Nación que de manera abrumadora sanciona permanente leyes y aprueba convenios que sólo tiene como objetivo la profundización del saqueo de nuestros recursos naturales. Es más, nos parece inapropiada la presentación de un proyecto de ley que solamente atienda las urgencias de la avanzada kirchnerista y no plantee los debates de fondo, aunque insistimos que estos legisladores no serán quienes cambien la realidad de la problemática energética nacional.

El proyecto de estos sectores hace esencial hincapié en el rechazo a: la eliminación de los decretos y leyes que propician la libre disponibilidad de los hidrocarburos y la posibilidad de que las empresas dispongan libremente del 70% de los dividendos obtenidos en el país.

También se propone que “Enarsa deberá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y gestionar una Base de Datos Integral de los Hidrocarburos, la cual, una vez creada, será de carácter y acceso público, conforme la reglamentación que oportunamente se dicte”. Este punto nos obliga a pronunciarnos absolutamente en contra de este reclamo ya que no se puede pedir, como lo manifiesta el programa de la Autoconvocatoria , la anulación de los convenios firmados por Enarsa y por el otro propiciar que sea justamente esta empresa fantasma la encargada de la totalidad del manejo de los hidrocarburos. En el NPEL estamos en contra de la existencia misma de Enarsa y consideramos que debemos pugnar por su desaparición y la creación de una nueva empresa totalmente estatal y monopólica en el mercado de los hidrocarburos que además debe estar manejada por los propios trabajadores del sector.

Lo mismo sucede cuando estos grupos manifiestan que “Enarsa, empresa con mayoría estatal permanente, tiene a su cargo la totalidad de las áreas marítimas nacionales, según lo determina el artículo segundo de la ley número 25.943, y deberá ser ella y solo ella quien determine los permisos de exploración o las concesiones de explotación que surjan de acuerdo a propuestas presentadas o negocios decididos por la misma y en función de lo determinado por la Ley número 17.319”. El siguiente artículo sostiene que “Adjudícase a Enarsa, la titularidad de los permisos de exploración y las concesiones de explotación que surjan como consecuencia del cumplimiento del artículo cuarto de la presente ley. Enarsa no estará limitada en la cantidad de áreas marítimas y terrestres de las que podrá ser titular, siempre y cuando sean de su exclusiva titularidad”.

Sinceramente consideramos estos posicionamientos como una absoluta aberración y lo denunciamos como parte de una complicidad con la política kirchnerista.

Curiosamente el proyecto en cuestión y que lleva la firma de decenas de organizaciones -en las que se seguramente hay muchos trabajadores, luchadores y argentinos honestos- nada dice de la Nacionalización y la Estatización del petróleo y el gas, y bien vale recordar que estas organizaciones están desarrollando una campaña nacional por estas dos consignas aunque no las mencionan en su proyecto de ley.

Quienes formamos parte del NPEL rechazamos contundentemente la ley kirchnerista de incentivos fiscales a las petroleras y al mismo tiempo expresamos nuestro repudio a la contra propuesta que recién analizamos. Estamos convenidos que las salidas a la crisis energética y los primeros pasos hacia la recuperación de los hidrocarburos y los recursos naturales en general están relacionados a los siguientes puntos:

1) Estamos en contra de las actuales políticas gubernamentales en el ámbito de la energía y los recursos naturales. Rechazamos la creación de Enarsa.

2) Estamos a favor de la integración de América Latina, pero no sobre la base de acuerdos entre gobernantes sin la participación de los trabajadores y los pueblos.

3) Estamos por la recuperación total de la renta petrolera y de los recursos naturales y nos oponemos a cualquier renegociación de contratos petroleros.

4) Estamos por la Nacionalización y Estatización de los hidrocarburos, la energía y los recursos naturales.

5) Estamos por la expropiación de todas las empresas privadas del sector energético, sin ningún tipo de pago indemnizatorio.

6) Estamos por el control obrero de los hidrocarburos y recursos naturales nacionalizados.
7) Estamos por el manejo sustentable de los recursos naturales y por el recambio de los recursos no renovables al servicio del los pueblos.

8) Estamos por el pago adeudado a los trabajadores ex ypefianos, a todos los trabajadores de la energía, y por la sumatoria de sus experiencias durante años en las empresas estatales.

9) Estamos por la jornada laboral de 8 horas en el ámbito de los hidrocarburos y la minería, sin ningún tipo de reducción en los salarios, y por la anulación del impuesto a las ganancias.