La censura levantada también es censura

Darío Aranda


El libro, producido por investigadores del INTA, cuestiona los plaguicidas. El organismo lo sacó de circulación. Enterado de la nota publicada en PáginaI12 el INTA lo devolvió a su estado anterior.

Plaguicidas en el ambiente es el nombre del libro que editó a fines de 2017 el INTA, con la autoría de Virginia Aparicio, Eliana Gonzalo Mayoral y José Luis Costa. PáginaI12 lo difundió el 23 de abril pasado. En una inédita decisión, las autoridades del INTA decidieron retirarlo del sitio web de la institución.

Los autores del libro prefirieron no referirse al tema. En un contexto de despidos en el Estado, media docena de investigadores de carrera confirmaron que la orden de censura provino de la Presidencia (Juan Balbín y Mariano Miguel Bosch) y del Consejo Directivo. Cuando se ingresa al link original aparece la leyenda “lo sentimos, pero no encontramos la página que busca”.

El máximo nivel de decisión del INTA es el Consejo Directivo, espacio mixto público-privado, dominado por la mirada del agronegocio y con gran peso del sector empresario, con representantes de la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales (CRA), Coninagro, Federación Agraria y Aacrea (Asociación de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola). El agronegocio, de transgénicos y agrotóxicos, no se cuestiona desde las autoridades o directores de área.

“Es vergonzosa la medida tomada por el INTA, pero no nos asombra ya que sigue el tópico de otras directivas, como fue la supresión del término agrotóxico y el no mencionar a las organizaciones ambientales. A partir de la última dictadura, donde hubo un desguace de su planta más progresista, la línea científica de investigación tendió a ponerse en sintonía con el agronegocio hasta ser un promotor del mismo”, recordó Gerald Bertolo, de la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos.

Desde la Campaña Paren de Fumigar de Santa Fe, Carlos Manessi, remarcó que es “una política de estado” el silenciar las voces críticas al modelo transgénico. “No nos sorprende el accionar del INTA. Y creemos que se va profundizar el agronegocio y el castigo a las voces críticas”, advirtió.

Máximo Bontempo, gerente de Comunicación del INTA, argumentó vía correo electrónico: “Dada la sensibilidad del tema el Consejo Directivo del INTA pidió revisar los avales del libro, estimo que a la brevedad estará nuevamente online”. El presidente del INTA y  el Consejo Directivo no aceptaron preguntas. Ante el conocimiento de que la censura sería difundida por este diario, el INTA volvió a subir el libro al sitio institucional. La censura duró dos semanas.

Desde la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, los docentes de las materias Salud Socioambiental, Práctica Final y el Instituto de Salud Socioambiental (cuyos trabajos de investigación fueron citados en el libro del INTA), repudiaron la decisión de las autoridades del organismo. “La censura por parte de los sectores de poder intentan callar y ocultar la realidad del actual modelo productivo y su impacto en la salud, a través de maniobras cobardes que ponen en jaque las prácticas democráticas en las instituciones del Estado”, cuestionaron los académicos de Rosario.

Guillermo Folguera, doctor en Ciencias Biológicas e investigador del Conicet y profesor de Historia de la Ciencia en la UBA, remarcó una triple gravedad en la censura: “Se trata de una institución estatal, que debería tener como responsabilidad el bien común y el cuidado de las personas. El segundo agravante es que no es la primera vez; en la historia reciente del INTA se prohibió utilizar la palabra agrotóxico. El tercero es que se pretenden ocultar perjuicios directos sobre el bienestar social y ambiental, tal como la presencia y los niveles de toxicidad del glifosato”. 

Folguera recordó que las censuras no sólo buscan el silencio, sino también pretenden ser ejemplificadoras para el resto de los trabajadores. Llamó a que los técnicos y académicos discutan respeto a la censura y la persecución. Al respecto, llamó la atención que ningún investigador de carrera del INTA se haya expedido públicamente. 

Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), afirmó que históricamente la estructura de poder del INTA estuvo asociado al agronegocio, pero también remarcó el trabajo de sectores que avanzaron en autonomía y acompañan a la agricultura familiar y campesina. “Repudiamos la censura porque justamente le resta autonomía a los investigadores para seguir criticando un modelo que ha demostrado todos sus límites y consecuencias. Los mismos que censuran son los que impiden el desarrollo de investigaciones en agroeocología y soberanía alimentaria, que es lo que más necesita el pueblo argentino”, afirmó Montón. También precisó que los sectores del INTA que trabajan junto a campesinos son los que padecen presiones y achique.

 

Página/12 - 14 de mayo de 2018

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