La mejor respuesta a la situación desencadenada por el presidente Alan García la tiene el candidato Alan García:

“Ante la decepción de la población con la democracia, hay un sector de la sociedad desesperado y deprimido que se encolumna con (Ollanta) Humala por el mensaje elemental que representa, con su discurso dictatorial, como las amenazas de fusilamientos y cortar cabezas a los corruptos. Eso tiene también un atractivo, y el peligro está en que la oportunidad que el contexto económico mundial brinda al Perú se vea afectada por una política elemental y simplista de confrontación”.

Así declaró al diario argentino Clarín en entrevista publicada el 5 de abril de 2006.

Nueve meses más tarde el mandatario desafía el equilibrio entre aquella supuesta rabia popular y la imagen que su gobierno proyecta hacia el exterior.

El viernes 19 llegó a puertas de Palacio, con la Plaza de Armas cerrada, una manifestación a favor de la pena de muerte. Se trató de una movilización organizada por la maquinaria aprista que parecía vuelta a aceitar luego de la campaña del año pasado. Organizaban la marcha el viceministro de Promoción del Empleo y la Micro y Mediana Empresa, Javier Barreda, y el conocido Carlos Arana. Podrá haber salido de la órbita de Agustín Mantilla (CARETAS 1778) pero goza de una capacidad indiscutible, y apreciada por el Presidente, para mover a las masas.

Los niños del fusil

En el camino desde Palacio, el debate sobre la pena de muerte creció hasta convertirse en una hidra que tiene como cabezas a los propósitos más reaccionarios.

Primero se pasó a escuchar las voces que piden el retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El asunto desembocó en la torpe decisión parlamentaria, patrocinada por Javier Velásquez Quesquén, de investigar al ex presidente Alejandro Toledo por “allanarse” al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ver más en Mar de Fondo).

En el camino AGP consiguió entusiastas compañeros de viaje.

El ministro Rafael Rey reconoció el martes 23 que intentaría “convencer al gobierno” de retirarse parcialmente de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para el efecto, el congresista y copartidario de Rey, Wilder Ruiz, reavivó un proyecto de ley originario de 2003. El objetivo de Rey, como lo declaró a RPP y a Rosa María Palacios, es “no pertenecer a la instancia internacional en temas de terrorismo”.

Ha sido probado hasta la saciedad que es imposible aquella fantasía de retiro parcial. Cuando el gobierno de Alberto Fujimori lo intentó en 1999 se recordó que las reservas solo son admitidas al momento de firmar los tratados internacionales. El Estado peruano se sometió a la competencia de la Corte, sin reserva alguna, en enero de 1981.

La única posibilidad admitida por la Convención de Viena, ha recalcado Diego García Sayán, sería que la propia Corte Interamericana contemplara en sus estatutos el mentado retiro parcial de su jurisdicción. Tampoco es así.

Rey era congresista entonces y debe saber que su propuesta solo puede desembocar en el retiro total de la CIDH.

Además, si la pena de muerte se aprueba en cualquiera de sus formas el Perú se vería obligado a denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de donde se origina la Corte, y quedaría a la par de Trinidad y Tobago. Es el único país del hemisferio que ha tomado una decisión semejante y lo hizo también por imponer la pena de muerte (CARETAS 1938).

A la tentación del retiro se han sumado las opiniones del cardenal Juan Luis Cipriani (“(en la Corte) tenían una clara ideología a favor del terrorismo”, dijo en diciembre) y el entusiasmo de congresistas como Lourdes Alcorta (Unidad Nacional) y Carlos Raffo (Alianza por el Futuro).

Los costos de la pena

El informado columnista Mirko Lauer atribuyó el martes 23 en La República el buen desempeño del Presidente en las encuestas a temas que, como el de la pena de muerte, “no son costosos, no chocan con los grandes intereses, no exigen desenlaces a corto plazo medibles desde la vida cotidiana. ¿Cuántos más como estos hay disponibles en la opinión pública? No muchos. Pero dándoles manija suficiente, podrán rendir el servicio que se espera de ellos”.

Si García piensa igual, se equivoca. Los costos ya van sumando.

El espectáculo de un presidente que presiona al sistema político en cuanto foro se le presenta para aprobar la pena capital ya puso los pelos de punta a los representantes de la Unión Europea.

Las gestiones hechas por la delegación de la UE en el Perú llegaron hasta el Congreso. El pasado 9 de enero el embajador de Alemania, Chistoph Muller y el jefe de la delegación de la UE, el portugués Antonio Cardoso Mota, fueron recibidos por la congresista de Unidad Nacional, Fabiola Morales. Concertaron la cita arguyendo que la presidenta del Parlamento, Mercedes Cabanillas, no aceptó recibirlos.

Fuentes de la delegación transmitieron a CARETAS el malestar por la renuencia de Cabanillas.

Durante el encuentro los embajadores le entregaron a Morales el contundente Démarche de la UE ante el gobierno sobre la pena de muerte (ver facsímil). El mismo documento llegó a manos del vicecanciller Gonzalo Gutiérrez.

En la actualidad, la Comisión Europea gestiona un paquete de unos 240 millones de euros en cooperación al desarrollo al Perú. Cabe resaltar que el deterioro de las condiciones políticas motivó la negativa a aprobar nuevos proyectos de cooperación en los años más álgidos (1999-2000).

Incrédulos parlamentarios europeos se le acercaron en los últimos días a Mercedes Aráoz, ministra de Comercio Exterior y Turismo, para saber qué diablos pasaba en el Perú. Aráoz viajó a Bruselas y Estrasburgo con miras a preparar el terreno de la negociación entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la UE en torno al acuerdo especial que incluye un Tratado de Libre Comercio. Con la CAN pendiente de un hilo, es de imaginar la impresión de república bananera ofrecida por la corriente impulsora de la pena de muerte y el retiro de una instancia fundamental como la CIDH.

Tan baratito no va a salir.

Gabinete en encrucijada

Los escuderos presidenciales responden que la pena de muerte sí fue una promesa de campaña para García.

De hecho, la propuesta de sanción capital la evacuó en el difícil tramo final. El 7 de marzo del 2006, un mes antes de las mencionadas declaraciones a Clarín, ya ofrecía durante un mitin en La Victoria la modificación constitucional para aprobar la pena de muerte a terroristas y violadores y asesinos de niños.

Cuando recién se instaló en Palacio comenzó por la segunda variable.

En ese momento, sus ministros más cercanos le confiaban a CARETAS el seguro fracaso del proyecto de ley enviado al Congreso por el Ejecutivo. Es un vaivén de la política, decían. Y nadie podría reclamar a García por el incumplimiento de sus promesas electorales.

Pero el Presidente y la pandilla de los niños del fusil disparan graneado. A pesar de que se archivó el proyecto de pena de muerte por delito de terrorismo (CARETAS 1959), queda en la agenda parlamentaria aquél para matar a violadores y asesinos de niños y el que propone modificar el artículo 32 de la Constitución con el objeto de llevar la cuestión a referéndum.

A los sapos que seguramente ha debido tragar el canciller José Antonio García Belaunde por los malestares en su sector, se suman las gárgaras practicadas por el premier Jorge del Castillo. Es el último quien el martes pasado dio por saldado el tema y celebraba que AGP prometió no discutirlo más. Acto seguido, el presidente procedió a encabezar y azuzar el cuestionado jubileo mortuorio del viernes 19.

El jefe de gobierno insiste en dispararse al pie.

La guerra caviar

Parte del argumento gubernamental se basa en que muchos de esos defensores de Derechos Humanos son también antiapristas furibundos. Conforman además una suerte de elite que, a pesar de su pobre fortuna electoral, se aseguró puestos de trabajo e ingresos significativos con los últimos gobiernos.

A ello se suma la prolongación ad infinitum del caso El Frontón. La Corte Interamericana produjo dos sentencias para indemnizar a las familias de los presos muertos Neyra Alegría y Durán Ugarte. En ellas ordena que se investigue y sancione a “todos los responsables”.

La Justicia peruana presentó una relación de personas y la CIDH respondió que no era suficiente.

Si bien Alan García y el vicepresidente Luis Giampietri no son procesados, sí han declarado como testigos en varias ocasiones. Un grupo de ONG presentó en octubre pasado una demanda para que sean acusados por los confusos hechos de 1986 en los que murieron más de 120 presos. Giampietri ha reconocido sin ambages que allí reside la intensa rivalidad que profesa a dichos grupos (CARETAS 1948).

En aproximadamente dos meses comenzarán las audiencias orales del caso en la Sala Penal Nacional. De seguro, tener a los oficiales del operativo en desfile público y televisado calentará el ambiente. Pero aún así no parece probable que García ni Giampietri vean complicarse demasiado su situación.

Un caso que sí permanece en el ámbito de la CIDH es el del sindicalista Saúl Cantoral, asesinado por el comando Rodrigo Franco (ver más en Mar de Fondo). Ha trascendido que la condena será enérgica y ejemplar, pues es uno de los primeros fallos de la Corte relacionados con crímenes de paramilitares.

De nuevo, es improbable que García reciba un coletazo directo como el que le ha propinado la Corte a Alberto Fujimori en el caso La Cantuta (ver Mar de Fondo).

Aún así, esos juicios pueden ser motivo de molestia para un gobierno que parece tan pendiente de su popularidad como un hipertenso lo está de su presión.

¿Pero vale la pena hacerse de amistades tan exaltadas y avinagrar tanto el ambiente?

Lourdes Alcorta considera “increíble” el solo hecho que se cuestione la posibilidad del referéndum. “El país lo componemos 26 millones y tenemos derecho a ser consultados”, ha dicho.

Carlos Raffo hace bulto y acusa al Congreso de “arrugarse y chuparse”.

Consultada por CARETAS, la congresista Fabiola Morales advierte que la actitud presidencial al sacar el debate a la calle puede traer riesgosas consecuencias. “El país necesita imágenes de institucionalidad”, recuerda, “y el debate debe hacerse aquí, en el Congreso. Con la supuesta marcha espontánea se envía un mensaje peligroso: Me va mal allí y lo que hago es debilitar la institución”.

Llama la atención un gobierno que se vendió a sí mismo como de centro izquierda y luego se alía con plataformas que en Europa son calificadas de neofascistas (pena de muerte, socavar a las demás instituciones). El juego político obliga los giros en momentos determinados. Pero tanta vuelta recuerda la paradoja peronista, donde las palabras del candidato le mordían la cola al presidente generalísimo y el legado de las ideas se trocó por el de un partido tan pragmático como maleable.

Fuente: Revista Caretas / Perú - 25.01.07