La Argentina es un país complejo, donde nada es como aparenta, pero con sus contradicciones y enfrentamientos de 1943 a 1974 crecía a tasas sostenidas, generaba empleo e iba formando un tejido social e industrial importante.  En 1974 la Argentina era el país del continente americano más integrado, donde menos diferencia había entre los más ricos y los más pobres.  Se había generado un modelo de sustitución de importaciones  que había aprendido de sí mismo y para 1970 se había comenzado a lograr compensar  las importaciones industriales (MOI Manufacturas de Origen Industrial) con la venta de casimires, caños sin costura, acero, y en 1973 se obligó a las empresas automotrices a vender vehículos y repuestos al mundo socialista.  Por lo que el modelo no solo no estaba agotado, sino que empezaba a fortalecerse en un salto cualitativo en la producción industrial.

En 1969, año del Cordobazo, vino por primera vez al país el sociólogo norteamericano James Petra, se sorprendió que se construyeran en la Argentina locomotoras, autos, camiones, tractores, grúas y demás equipos, que la división electrónica de FATE creara la máquina de calcular “cifra”, que la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA hiciera la primera computadora, etc.  Se reúne con el por ese entonces Presidente de la UIA (Unión Industrial Argentina), Elbio Cohelo y le pregunta: “…porque si tienen una mano de obra calificada y capacidad de industrialización, no se deciden a desarrollar la industria, la respuesta fue, por eso,  los trabajadores son muchos, son demasiado fuertes y eso nos llevaría a una guerra civil- contestó - Pero, ¿por qué no lo intentan? -Porque podemos perder”. 

En un marco internacional que tras la crisis del petróleo (en 1971 sube el valor del barril de U$s 8.-  a U$s 24.-)  se crea la “Trilateral Commission”, fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller que aglutinaba a personalidades destacadas de la economía y los negocios de las tres zonas principales de la economía capitalista de la época,  los EEUU, Europa y Japón.  La Comisión Trilateral  forma parte del Grupo Bilderberg y el Council on Foreign Relations, y tuvo en Henry Kissinger, primero asesor de seguridad internacional y luego Secretario de Asuntos Internacionales de Nixon, su hombre de confianza en el gobierno de los EEUU, con rol destacado en la coordinación de los golpes militares de Augusto Pinochet y de Jorge Videla en Chile y Argentina respectivamente, como lo demuestran los mismos cables de la embajada y de los embajadores norteamericanos en nuestros países con Kissinger, como lo dio a conocer el mismo EEUU, pero 30 años más tarde.

La Trilateral Commission pregonaba el libre comercio y sostenía que los Estados debían reducir su participación y dejar que los mercados definan lo que debe producir la economía mundial, eufemismo en que las grandes corporaciones penetran por su mayor conocimiento técnico y economía de escala en todos los países, conformando cadenas globales de valor que los tiene a ellos como centro y los demás deben subordinarse. Es lo que formalmente se denominó “La lógica del capital monopolista”  quienes se fijaron como objetivos el control de las industrias básicas (petróleo, acero, cemento,), las finanzas y el comercio exterior, que se logra si esas actividades están en manos privadas, que por la ley de concentración y centralización de capitales termina en monopolios. Sumados al monopolio de la tecnología y del conocimiento, a la necesidad de importar insumos industriales estratégicos (coeficiente técnico de importación), a la necesidad de recurrir al endeudamiento, condicionando  el presente y el futuro del país, asociado a la libertad de entrada y salida de capitales.

Paralelamente ya en 1972 Richard Nixon y Henry Kissinger habían ido a visitar a un viejo Mao Zedong y al Primer Ministro de China, Zhou Enlai, para ofrecerle la instalación de empresas norteamericanas de uso intensivo de mano de obra en ese país.  Ese acuerdo no solo extendió el poder del capitalismo y su lógica de maximizar ganancias a costa de todo y de todos, sino que implicó abaratar los salarios y desindustrializar al resto de las naciones que tenían industria, entre ellos nosotros, que teníamos a Molinos Río de la Plata y a Ford Pacheco con 5.000 trabajadores.  IKA-Renault en su planta de Santa Isabel y FIAT Concord,  ambas en la provincia de Córdoba con 10.000 empleados cada una, etc.  El giro a la derecha en lo político e ideológico de la población fue diseñado por la falta de trabajo.

El golpe del 24 de marzo de 1976

Para eso era necesario desplazar al equipo del ministro Gelbard y llegar hasta el “Rodrigazo” mediante, al liberalismo más abyecto. El “Rodrigazo”  se hace tras una profunda devaluación de nuestra moneda, el dólar paso  de valer  $ 10 a $ 26 el 4 de junio de 1975, el plan inspirado y guiado por Ricardo Mansueto Zinn, hombre del Grupo FIAT (y miembro del “grupo Azcuénaga” que fueron los que elaboraron el plan económico de Martínez de Hoz, y años más tarde directivo de SEVEL - MACRI) que fue Vice Ministro de Celestino Rodrigo en junio de 1975, quién en agosto del año 1976 publicara un libro titulado “La Segunda Fundación de la República  y en él va a sostener:  “…cuando un país cae en la decadencia, la única salida posible es el aniquilamiento de un modelo para reemplazarlo por otro”.

El nombre del grupo de los golpista se debe a la mansión en Azcuénaga 1.673-CABA propiedad de la familia Blaquier-Arrieta (dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy), donde se reunían para conspirar con los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy (Primero Jefe de la Policía Federal nombrado por Isabel Perón y luego ministro del interior de Videla),  Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (Jefe de la SIDE inteligencia entre 1971-1973 gestión de Lanusse), junto a Mario Cadenas Madariaga (dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas -CRA y secretario de Agricultura bajo la gestión de Martínez de Hoz), Horacio García Belsunce (FIAT), Guillermo Zubarán (Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco Gral de Negocios), Armando Braun (principal accionista  de la cadena de supermercados La Anónima, de los Astilleros Astarsa, de Aconcagua Seguros, el Banco General de Negocios, el Banco Argentino de Comercio y parte de Austral Líneas Aéreas,y Juan Etchebarne (Presidente de la Comisión Nacional de Valores con Martínez de Hoz). Todos ellos ocuparon lugares destacados de la dictadura y a su vez eran conspicuos miembros del CEA (Consejo Empresario Argentino).

El CEA fue creado en el seno de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) en 1967 en apoyo al ministro de la dictadura de Onganía,  Adalbert Krieger Vasena, su presidente antes del 24 de marzo de 1976, fue José Alfredo Martínez de Hoz y como tal propició el acuerdo  “APEGE” que hizo el lock out (paro patronal) en febrero de ese año como antesala del golpe militar.  Desde el año  2002, el CEA se fusionó con la Fundación Invertir, conformando la Asociación Empresaria Argentina (AEA) como se la conoce hoy, presidida por un hombre ligado a la embajada de los EEUU y como tal principal convocante para conmemorar los 4 de julio, Jaime Campos. Pero sus principales directivos y Vicepresidentes de AEA son Luis Pagani (Arcor), Paolo Rocca (Techint),  Héctor Magnetto (Clarín), Cristiano Ratazzi (FIAT), Alfredo Coto (supermercado Coto), y Sebastián Bagó (Laboratorios Bagó) 

Si bien el golpe militar se desarrolló con muy poca resistencia directa (si quite de colaboración, boicot a la producción, etc.) lo cierto es que la represión se centró en los trabajadores y fundamentalmente en las Comisiones Gremiales Interna de las  empresas, quienes eran el principal objetivo militar, de allí la intervención de las FFAA en las fábricas, convirtiéndose muchas de ellas en campos de concentración y centro de detención clandestina.

La desaparición forzada, las detenciones arbitrarias, la tortura, la declaración de estado de sitios, la quema de libros, el cierre de cuanto periódico o boletín ose cuestionar  la dictadura, etc. fueron la práctica constantes, conducido por asesinos e inescrupulosos, que fueron capaces, como el marino Alfredo Astiz de pegarle un tiro de 9 mm a una niña de 16 años (confundiéndola con una guerrillera) en la espalda dejándola paralítica ( y luego asesinaron para que no se supiera el error, que el valiente padre de la niña desenmascaró) y se rindió y los oficiales se rindieron sin disparar un tiro frente a los ingleses en Malvinas.

La dictadura militar cambió los paradigmas de la sociedad.  La derrota sobre el campo popular se reflejó  en la falta de organización y en propuestas nacionales y populares, siendo la sociedad permeable a los valores de las clases dominantes, que es el verdadero logro ideológico de la dictadura. Se piensa y se encuentra soluciones que son compatibles con los intereses de las grandes empresas  y de los acreedores, que pretenden que la Argentina sea un mero proveedor de materia prima y alimentos, y que deje en el desamparo a más de la mitad de su población.

El plan económico de la dictadura militar respaldado en las fuerzas armadas y el control militar de la Nación, fue de una estructura muy sencilla y se instrumentó en tres medidas básicas, que son las mismas que repitieron el plan de convertibilidad de Menem-Cavallo y el de Macri-Cambiemos.

a) Retrasar el tipo de cambio (Ejecutado por Martínez de Hoz en una “tabita” cambiaria que prefijaba el valor del dólar muy menor al del crecimiento de los precios)

b) Baja generalizada de los aranceles y disminución de medidas para arancelarias (desprotección aduanera)

 c) Tasas de interés positivas y por encima del crecimiento del dólar

De esa manera propiciaba el ingreso de capitales especulativos atraídos por tasas de interés que eran mayor que el crecimiento de los precios y muy superior a la evolución cambiaria, a su vez que se encarecía el crédito a las empresas y a las personas, siendo confiscatorio de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo al favor del sector financiero.  La burguesía local pedía préstamos en el exterior (en dólares) a bajas tasas y compraban títulos públicos o acciones o depósitos a plazo fijo en pesos, ganando la diferencia y luego se volvían al dólar retirando la renta.  Renta que se abonó con más endeudamiento externo y cuando no se pudo pagar ni los intereses de la deuda (default de 1989), se cedieron los más preciados activos públicos: YPF, FFCC, SEGBA, Gas del Estado, se privatizaron las rutas, puertos y hasta el sistema previsional, etc.

Se retrasa el tipo de cambio hasta que por la presión vuela por el aire como sucedió en 1982 tras la Guerra de Malvinas, en 1989 con el fin del gobierno de Alfonsín, en el año 2001 con el fin del plan de convertibilidad y el gobierno de De la Rúa, y en abril de 2018 cuando los principales bancos colocadores de títulos de deuda Argentina en el mundo en la gestión de Cambiemos, decidieron pasarse al dólar y éste en tres meses pasó de valer de $ 20 a $ 40.-

Tras esa debacle, juega un papel destacado el FMI como orientador de la política económica de todos los gobiernos que deben subordinarse a sus recomendaciones en interminables acuerdos stand by y de condicionamientos, más ahora que ellos mismos se extralimitaron y le concedieron al gobierno de Macri unos 45.000 millones de dólares que, lo único que sirvió fue para convertir en dólares las ganancias de las grandes empresas y fugarlas del país.

La historia, hoy

Hace 45 años que se llevó adelante el plan de desindustrialización y, a la vez, de subordinación económica por deuda y de primarización de la economía Argentina y, solo fue revertido en el gobierno de los Kirchner.

En primer lugar, la Argentina no tiene un problema de restricción externa,  no es que no podemos crecer porque faltan divisas, al contrario, las divisas deberían sobrar, de hecho en el año 2020 las exportaciones superaron a las importaciones en 12.528 millones de dólares y sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron en 5.780 millones de dólares en el año pasado.  Y esto fue así porque el BCRA permitió pagar supuestas deudas externas de empresas como las del Grupo IRSA de Eduardo Elsztain o el Banco HSBC, que seguramente tienen deudas pero tienen mucho más activos afuera que esa deuda que el BCRA les autorizó pagar y que en conjunto fue por 6.200 millones de dólares. Es más le permitió a los importadores pagar en forma adelantada importaciones (antes que los productos ingresaran al país) por unos 5.000 millones de dólares, y todo ello por cumplir con la legislación de la reforma financiera de 1977 de José Alfredo Martínez de Hoz.  La corrida cambiaria no debería existir si el BCRA priorizará la defensa de nuestra moneda cuyo primer paso es “acrecentar las reservas internacionales”. 

En segundo lugar debería trabajarse en un mayor control y supervisión del comercio exterior y sin embargo se publicó el Decreto 949/20 el 26 de noviembre de 2020 que continua delegando el control en las grandes empresas acopiadoras y comercializadoras de productos agropecuarios y en Hidrovía Paraná SA, sociedad cuyo principal accionista es la empresa Jan De Nul Group, con casa central en Luxemburgo, en lugar de que ese rol lo asuma el Consejo Federal de Hidrovía que lo constituyen la Nación y las siete provincias que tienen ribera en la cuenca del Plata. Incluso se propone en dicho Decreto que se emplee el canal Punta Indio y salida y entrada por el Puerto de Montevideo, cuando el acuerdo celebrado en 2015 en el marco de la Comisión Administradora del Río de la Plata, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández, se decidió que todas las exportaciones que vinieran por el Paraná desembocaran en el canal Magdalena, bajo control nacional.

Y en tercer término se debe modificar la Ley 27.541 de Emergencia Económica que puso como límite de la alícuota de los Derechos de Exportación (Retenciones) para la soja el 33% (actualmente es el 30%) y para todo el resto de los productos que exportamos el 15% (en los granos es actualmente el 12% y en la industria es el 5%), cuando la soja incrementó su precio en el Mercado de Chicago, siempre comparando marzo de 2021 con marzo de 2020, en un 46% en dólares, el maíz lo hizo en un 38% y el trigo en un 33% en dólares, a lo que debe sumarse que el gobierno nacional devaluó el tipo de cambio comercial en un 59,6% en el período indicado, de $ 60,75  a $ 97 pesos. Es más, se debería ampliar dicha ley 27.541 para que se declare la Emergencia Cambiaria que fue derogada por el Decreto 893 de noviembre de 2017 por el gobierno de Cambiemos, luego de casi 53 años de vigencia desde que la impuso el Decreto 2581/1964 en la Presidencia del Dr. Arturo Illia, con diez años de interrupción por el Decreto 530/1991 hasta el DNU 1606/2001, Decreto 1638/2001.

En medio de una pandemia que no se sabe cuando y como termina, si termina, tampoco se sabe si se va a contar con un mínimo de vacuna para la población de mayor riesgo ante el invierno que se avecina, en ese marco, el ministro de economía viaja a los EEUU para reunirse con los poseedores de títulos de deuda del país (bonistas), entre quienes se encuentran los permanentes acreedores Greylock Capital Management, BlackRock, PIMCO, Ashmore, Fidelity, JP Morgan, Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse, etc. además de representantes del HSBC, Bank of America y el Lazard, los tres bancos que intervinieron en la colocación de la  deuda Argentina.  Y también se reunión con el FMI y el Banco Mundial.

Allí les dijo que la Argentina puede llegar a crecer un 7% este año y que el déficit fiscal de la ley de Presupuesto Nacional 2021 que se estimaba en el 4,5% del PIB, será menor e incluso cercano al 3%, cuando en el año 2020 el déficit  fiscal final fue del 8% del PIB unos $ 2,3 Billones equivalente a 26.000 millones de dólares.

En primer lugar no parece que así sea con los números fiscales del primer bimestre del año, donde el déficit fiscal total suma $ 67.347 millones y es una suma mayor a todo el gasto de capital del período

En segundo término, se debe priorizar el mercado interno y que los acreedores esperen y para ello, es imprescindible realizar un sideral cambio en las cuentas públicas. Se debe sí o sí cobrar impuestos a los sectores de mayores recursos y aumentar los derechos de exportación (retenciones) que implica mayores recursos para el fisco y a la vez menores precios para el mercado local.  Paralelamente se debe incrementar fuertemente la obra pública  (gran dinamizadora por sí y demandante de mano de obra) y las transferencias (gasto social, subsidio al transporte  y la energía en las provincias más pobres).

Las 13.000 personas que deben realizar el  “Aporte Solidario” no solo se demoran en abonarlo, sino que hay quienes se han presentado ante la justicia para no realizar su pago. Pero peor es con los derechos de exportación, que no solo no se los eleva cuando el precio en dólar de la mayoría de los productos subió en dólares y se incrementó aún más las exportaciones de alimentos, siendo record la de la carne en general y la de carne con hueso en particular (que es la que consumimos fuertemente en el mercado interno: asado, vacío, falda, entraña, etc.) superando las 900.000 toneladas en el año 2020, destinando al mercado interno 2.200.000 toneladas que implicó que se tenga el consumo per cápita más bajo de  carne vacuna de los últimos 100 años (50,1 kgm por habitante).

En tercer agregado, del lado del gasto de la Administración Nacional, el 40% del mismo son pagos de jubilaciones y pensiones, cuando en su más amplia mayoría los supuestos beneficiaros después de trabajar toda la vida, perciben el haber mínimo o cerca del mínimo (en torno a los $ 22.000.- mensuales para marzo 2021), y los salarios de la administración pública también se han retrasado por la inflación, más los servicios de salud, educación y asistencia social que se debe seguir ejecutando.

Si no se adoptan medidas de cobrar impuestos y apuntalar la inversión pública, el Estado no garantiza que la economía crezca un 7% anual y, es desaconsejable bajo todo punto de vista, poner como meta reducir el déficit fiscal cuando es el Estado el que debe obrar de multiplicador de la inversión y acelerador del nivel de actividad.

El único camino que se debe transitar es el que diseñó Néstor Kirchner, defender el mercado interno, el trabajo nacional y nuestra soberanía política.  La deuda externa en general y con el FMI en particular nos subordina a los mercados internacionales y nos obliga a vender productos primarios.  A nuestro país no lo beneficia exportar 39 millones de toneladas de maíz como se hizo el año pasado y que el precio promedio de la carne en el mercado argentino crezca un 75% como sostuvo el IPCVA (Instituto Promotor de Carne Vacuna Argentina).  Lo que debe hacerse es garantizar el abastecimiento de maíz para el mercado interno y a un precio accesible a los productores y al consumo.

No es acordando con el FMI que se diseña un proyecto nacional (que es el legado intelectual de la dictadura), sino que teniendo un proyecto nacional se puede acordar con acreedores y grandes empresas locales y trasnacionales.

* Economista, profesor y miembro del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) | 25-03-2021.