Cuando se habla de “la economía en cuarentena” prima un análisis binario y simplista: en el universo de trabajadores parecen estar los que “zafan” porque sus ingresos son estables o se desempeñan en una actividad “esencial”. Y están los que viven de ingresos variables y durante el parate provocado por la pandemia padecen nuevos problemas. Pero para ellxs ahora existe el IFE –Ingreso Familiar de Emergencia de $10.000-, un instrumento que busca “estabilizar esa variabilidad”, por decirlo de algún modo. Y ahí se detiene el análisis. Las comparaciones internacionales sobre las curvas de contagios de Coronavirus acaparan toda la atención.

En los últimos 5 días llamé a 10 personas que trabajan en distintos sectores. Intenté responder dos preguntas: ¿cómo se reconfiguran las actividades económicas en tiempos de aislamiento? ¿Cuáles son las estrategias para sostener ingresos y para evitar nuevos contagios?

Una estimación preliminar del sector privado en relación de dependencia indica que 2,4 millones de trabajadores están en actividades altamente afectadas por el aislamiento (por ejemplo, gastronomía, sector textil, fabricación de autos y equipos); 1,8 millones, en tareas que funcionan pero a media máquina (como la educación y el transporte) y 2 millones están en labores exceptuadas de las medidas de aislamiento (alimentos y bebidas, trabajo rural, servicios energéticos). Básicamente, de las 6,3 millones de personas que se desempeñan en el sector privado, sólo la mitad está activa.

La extensión de la pandemia de COVID-19 se da en un contexto sumamente desigual para la Argentina. Hay otra significativa porción de la clase trabajadora que no está registrada, cuya tasa de informalidad asciende al 34,5% según el INDEC, y son cerca de 7 millones de trabajadores/as. Otras 3 millones de personas se encuentran bajo formas de registro precario: monotributo, monotributo social y servicios de empleo doméstico. Esto explica la inscripción de más de 11 millones de personas al Ingreso Familiar de Emergencia en menos de 20 días.

La desigualdad en las condiciones de vida en las zonas metropolitanas es la otra cara de la brecha de ingresos. Al terminar 2019, la distancia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad era de 21 veces. En partidos del Gran Buenos Aires la pobreza se eleva a 40,1%.

Los estados, a nivel global, salieron a asistir decididamente los ingresos de las familias y a inyectar liquidez de empresas frente a la pandemia. El gobierno argentino actuó rápidamente: el paquete, del 2,3% del PBI (aunque sólo 1 punto es fiscal, la otra parte es crediticia), es elevado para el nivel de gasto del Estado pero es menor en magnitud al de otros países. Los tres paquetes fiscales más potentes son los que anunciaron Estados Unidos por cerca de 10% del producto (de aprobarse por el Congreso) y otros 5 puntos en créditos, Alemania 14,5% y 5,8% de créditos y Japón casi 20 puntos de gasto fiscal. Pero en Argentina esta política es especialmente costosa por su historial reciente: en 2019 el PBI retrocedió 2,2%, presentó déficit primario de 0,6% (a pesar de sendos ajustes pautados con el FMI desde junio 2018) y un nivel de deuda equivalente casi a un PBI (93%), donde el 80% se registra en moneda extranjera.

¿Por cuánto tiempo, entonces, podrá el Estado afrontar un costo fiscal creciente, sin nuevos ingresos -al contrario, con recaudación retrocediendo 15% en marzo- y en recesión? Se cuela con cierta lógica en este debate la idea de un impuesto a los grandes patrimonios, que tenga una asignación específica al gasto en salud y sectores más golpeados por las políticas de aislamiento.

Este texto busca ahondar en situaciones concretas, por eso reune testimonios de la actividad gastronómica en un barrio porteño, de la recolección y reciclaje de residuos en Tigre, de la fabricación de alimentos en Córdoba, de la industria siderúrgica en Campana, de Techint, y de la reorganización de la vida en un barrio del Conurbano bonaerense.

Del restaurante al delivery

“El 19 de marzo a la noche, cuando se anunció la cuarentena, cerramos el restaurant, freezamos la comida y nos fuimos a casa a pensar cómo seguir”, cuenta Teresa. Junto con 12 compañeros llevan adelante el restaurant cooperativo Pashuca, en Flores Sur, Capital Federal. Alimenta a los vecinos y a muchos jubilados y jubiladas. Al lunes siguiente, tres de los integrantes de la cooperativa “se guardaron” por ser población de riesgo. El resto tuvo que readecuarse: “Decidimos hacer delivery: nos dividimos en dos grupos de cinco personas y dejamos un solo turno. Reasignamos tareas: dos a la cocina, uno al teléfono para recibir los pedidos (antes se desempeñaba en rol de mozo) y dos fueron asignados para repartir. Al único que tuvimos que suspender fue al chico que repartía volantes.” La reconversión incluyó la realización de una campaña de difusión telefónica entre los clientes de siempre, como comercios del barrio y empresas de la zona, y los conocidos de toda la vida: “Seguimos acá, cocinando. No abrimos al público pero te llevamos la comida”. Todo para que la rueda siga girando.

Mientras tanto, los costos de los alimentos suben: “El corte de milanesa de nalga o el vacío subió casi un 30%. Tenemos un camión que nos trae verduras desde el Mercado Central y también subió todo. Ya no le pude comprar más zanahoria”. El menú del día sigue estando a $250. Guiso de lentejas o arroz con pollo, $200. Todo casero.

¿Los números? La facturación diaria de Pashuca se desplomó a un tercio. Marzo quedó rengo de 10 días pero pudo sobrellevarse. Abril es el problema: lo que cobre trabajador bajará un 60%. “´¿Se anotaron en el IFE?´, les pregunté a mis compañeros. Y todos se habían anotado. Pero no es la idea vivir de eso.”

Las medidas sanitarias suponen también un cambio cultural: “En el barrio es una costumbre venir al mostrador del restaurante para hacer el pedido. Pero ahora no dejamos entrar ni a los repartidores.”

El trabajo esencial de la recolección

Ramiro integra una empresa de recolección y reciclado de residuos –también cooperativa-, que trabaja en la zona de Tigre y Benavídez, incluyendo el barrio privado de Nordelta. Son 60 trabajadores/as, más de la mitad mujeres, y se llama Creando Conciencia. Desde que se decretó el aislamiento social se llevaron una sorpresa: la separación se hace mejor, con más compromiso, y ya no aparecen cosas que no van con los “secos” –que son cartón, vidrio, plástico- como los pañales descartables, un desecho muy problemático y altamente contaminante. Apenas comenzó la cuarentena, mientras hacían su trabajo recibieron aplausos y encontron notas de agradecimiento y hasta golosinas. “Esta revalorización de nuestro trabajo es justa. No te digo que es cerrar la grieta, pero nos unió”.

La recolección de residuos y basura es una de las 48 actividades consideradas esenciales para la rutina urbana. ¿Qué cambia con la cuarentena? Se mantiene la recolección, pero cae la reventa de los productos que se clasifican: las fábricas de plásticos, vidrio y papel –que son las que compran las botellas de gaseosas, frascos y cartones- están cerradas o funcionan a media máquina, y ya están stockeadas. El salario de Ramiro depende en un 40% de esta segunda fuente de ingresos. Mientras la industria siga frenada, todo el equipo de Creando Conciencia va a cobrar un 60% de su salario.

La pandemia extremó las medidas de sanitización en el circuito de clasificación y disposición de los residuos: las bolsas de “secos” se estacionan, se rocían con lavandina y ahí se dejan por 48 horas antes de abrirlas. Usan guantes, siempre. Y cada día arman un informe propio sobre la existencia de casos positivos de Coronavirus en los barrios por donde transitan. Averiguan, anotan. La red de información se da entre las administraciones de los barrios cerrados (que proporcionan detalle de lote), el Municipio y los propios vecinos. Si llegan a detectar un caso, la basura “seca” va directo a CEAMSE junto con los “húmedos”: no se separa.

Los residuos que pudieron haber estado en contacto con personas infectadas con el Coronavirus se llevan a “a la montaña” del CEAMSE. “Es un lugar espantoso -cuenta Ramiro-. Vas con el camión, lo ponés de culata y descargás. Después viene una topadora y los pisa. Son 17 mil toneladas por día. Para mantener resguardados a los vecinos de barrios aledaños se cerraron las 14 plantas sociales donde muchos cirujean para tener un mango o para comer. Quedó ‘la montaña’. Pero esos vecinos hace años que viven entre ratas, no pueden tomar el agua, tienen la piel con manchas y se mueren de enfermedades que ni siquiera conocen.”

Dulces y golosinas bajo supervisión sindical

Desde que empezó la cuarentena, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación -que agrupa a 80 mil trabajadores en todo el país de las empresas Arcor, Mondelez, Fargo, Pepsico y varias más que producen caramelos, turrones, alfajores y productos de copetín- enviaron un comunicado tras otro planteando que su actividad no era esencial. “No nos llevaron el apunte”, cuenta Héctor Morcillo, secretario general de la filial Córdoba.

La resistencia que puso este sindicato (80% varones) por temor a exponerse al virus perdió peso frente a las noticias de los despidos –como los de Techint- y ante las dificultades que se empezaron a verse en todos los sectores productivos. Las empresas alimenticias incluso pagaron el bono que adeudaban de la paritaria 2019, por $4.000, durante la primera quincena de marzo. Las golosinas, por ahora, están dando de comer.

“Lo que no nos puede pasar es que aparezca un caso de Coronavirus entre nosotros -sigue Héctor Morcillo-. Estamos a contrarreloj armando protocolos. Hay varios elaborados por las empresas, pero nosotros queremos uno propio. Pedimos hisopado ante cualquier sospecha y sanitizar toda la planta –no solo ‘el sector’ como proponen las empresas-.” El establecimiento de “zonas de control” al ingreso de las fábricas ya es un hecho: esa instancia es para medir la temperatura, cambiar la ropa y limpiar el calzado. Hasta hubo actas de infracción labradas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba por incumplimientos. Se pide también que haya ventilación en todos los espacios y la fundamental separación de metro y medio. “Ahí tenemos un problema: al final de las líneas (productivas) siempre se juntan trabajadores, es parte del proceso.”

El gremio mide su propia curva: la del consumo de los alimentos que fabrican. “Sabíamos que la gente primero iba a ir a comprar de todo, pero cuando se abasteció, ya está. Además, los ingresos empiezan a caer y no gastás en golosinas”, compara Morcillo. El balance de estas Pascuas mostró ventas flacas: un huevo de Pascuas de 50 gramos cuesta $250, lo mismo que un menú casero en el restaurante de Teresa, en Flores Sur.

La reorganización de la vida en el Conurbano

Hilda vive en Costa Esperanza, un barrio ubicado al oeste del distrito de San Martín, lindante al Camino del Buen Ayre. Hace un año que perdió el trabajo como cuidadora de una señora mayor, y hoy su principal ingreso depende del programa Hacemos Futuro (que equivale a la mitad del salario mínimo, vital y móvil). Su esposo tiene trabajo formal en una fábrica de baterías y desde que empezó la cuarentena le pagan en cuotas.

Costa Esperanza es un barrio de trabajadores/as: la albañilería y el servicio doméstico son las actividades que predominan. La compra y venta en la feria del Libertador -las changas-, es otra forma de abultar el bolsillo. La vida ahí parece funcionar con horario común: salen a las 5 de la mañana y vuelven a las 5 de la tarde. Colectivo-tren-colectivo suele ser la triple combinación, y precisamente son los medios de transporte que hoy más implican exposición al contagio del Coronavirus. Con el inicio del aislamiento social, la construcción sufrió una paralización casi total pero el servicio doméstico, no. Al menos hasta los primeros días de abril, algunas de las vecinas siguieron viviendo en las casas de sus empleadores, la mayoría en Capital Federal, San Isidro o Martínez. El video de Catherine Fulop en el que dice, entre risas, que tiene “encerrada” a la señora que trabaja en su casa, podía ser gracioso además de polémico pero no dejaba de ser tremendamente real. Con la mayor restricción circulatoria, las trabajadoras domésticas de Costa Esperanza volvieron a sus casas y “mandaron whastapp a las señoras” para avisar que no iban más. “No tienen un peso, pero sí tienen miedo a contagiarse si salen”, sintetiza Hilda.

El cajero automático más cerca de Costa Esperanza está en la estación Suárez y pertenece a la banca pública. Para Hilda son 40 cuadras de distancia: tiene que tomarse el colectivo 670 “cartel azul” para llegar. Es la única ventanilla de cobro de beneficios sociales para decenas de miles que viven en la zona. También conseguir carne puede ser una odisea. La carnicería del barrio reabrió la semana pasada y a todos los cortes les aplicó un 30% de aumento. La alternativa es tomar un colectivo hasta la estación de tren San Martín para comprar a un precio más razonable. A los almacenes del barrio tampoco estaba entrando leche –hace ya quince días de este desabastecimiento-, y no se consigue lavandina. Hay un supermercado chino cerca, por la calle Eva Perón, que suele tener más provisión de productos. Pero desde que se habla del virus originado en China, nadie quiere ir. “Yo qué sé… Pero como nadie va, por las dudas yo tampoco.”

La caída de la construcción y la interrupción de los trabajos de servicio doméstico significan el corte total de la entrada de ingresos. Ahí la percepción del IFE por $10.000 sería un ingreso elemental, y el sostén de prestaciones sociales hace de colchón para poder comer. Y el reparto de mercadería tendrá que ser la estrategia estatal urgente para garantizar la supervivencia.

En el barrio se radica una parte importante comunidad paraguaya, la que construyó (y sigue construyendo) gran parte de las viviendas de la zona. Argentinos y paraguayos conviven sin problemas, me cuenta Hilda por teléfono. Se hicieron las 9 de la noche y conversamos hasta que el ruido de fondo nos interrumpió: empezó a sonar el Himno. “A esta hora todo es una fiesta”, dice antes de sumarse al nuevo ceremonial. 

De Bérgamo a Campana: el aislamiento en Techint

El mundo entero se fracciona en estos días según otro análisis binario y simplista: salud o economía. Por eso en estos días también circula información impactante sobre las presiones empresariales contra las políticas estatales que ponen en primer plano a la salud pública. Por ejemplo, las ejercidas en Bérgamo, Italia, para continuar la actividad industrial a pesar del aumento de los contagios.

Los delegados de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Campana hace al menos un mes que saben lo que ocurre en Bérgamo, y vieron con enorme preocupación el real acatamiento de las medidas sanitarias y de aislamiento en la planta de Tenaris Siderca, que fabrica tubos sin costura para la extracción de petróleo. La familia Rocca pretendía seguir trabajando con normalidad tanto en su fábrica de Campana como en la de San Nicolás (la ex SOMISA, privatizada en 1992). Poco antes de la decisión de Techint de dar de baja los contratos de 1450 trabajadores de la construcción, desde la seccional italiana anticiparon la lógica de Paolo Rocca: “Cada vez que arranca un gobierno, Paolo raja gente para condicionar”.

En las reuniones que mantenían delegados de la UOM desde el inicio de la pandemia se debatió sobre la interpretación del decreto presidencial que establecía cuáles eran las actividades esenciales y que debían continuar. “¿Los tubos sin costura para sacar petróleo son esenciales? Vaca Muerta no nos va comprar más con esta caída del precio del petróleo.” En este punto los trabajadores de UOM Campana tenían razón. Finalmente llegaron a un acuerdo sólo para continuar con una “guardia mínima” que se mantiene por servicios ininterrumpibles (como los hornos, que si se apagan podrían generar daños estructurales). Hoy la fábrica funciona sólo con 100 trabajadores por turno y se está pagando el 80% del salario a quienes están en su casa. 

“Queremos preservar la salud de nuestros trabajadores, porque nuestro espejo es Bérgamo. Ahí, en el último tiempo, el ausentismo en la planta creció a 35% porque empezaron a contagiarse. Pese a los reclamos del sindicato, la empresa no los cuidó”, cuenta Walter, delegado de Acería. En Italia, por preservar la economía igual se afectó la economía: la clase trabajadora se enfermó.

“Nuestra situación ya venía mal. Muchas personas piensan que por trabajar en Techint los trabajadores estamos mejor, y no. Muchos para llegar a fin de mes ya teníamos que comprar comida con la tarjeta de crédito”, dice el delegado.

Las medidas sanitarias en la industria del acero no son fáciles de aplicar: todos los días, en distintos turnos, entran 3.000 trabajadores directos y 700 tercerizados. Se cruzan en el transporte a la fábrica, en los molinetes de acceso, en las mismas líneas productivas, en el comedor. Si bien la tecnología fue robotizando partes del proceso, la mano de obra es intensiva en varios sectores.

En los grupos de Whatsapp de los trabajadores metalúrgicos el video de los muertos que cargan en los camiones en Bérgamo es lo único que se menciona. Desde que el presidente Alberto Fernández anunció la etapa de “cuarentena administrada” y habilitó el funcionamiento de gomerías y talleres mecánicos, en esos grupos se empezó a hablar de otra cosa: del meme con la foto de la fábrica, el cartel “Tenaris Siderca Gomería” y abajo uno agregado, más chiquito, donde se lee “Gomería Agustín Rocca”.

En la planta de Techint, quienes hacen limpieza industrial, mantenimiento mecánico y fumistería son trabajadores tercerizados. Cobran por días trabajados. En la segunda quincena de marzo, solo se les computaron 5 días. Ese es el objetivo de la tercerización: el destajo. En abril la cuenta es fácil: da $0. La quiebra de pymes tercerizadas por Techint no está descartada como posibilidad, según el sindicato.

Según una encuesta reciente de la Fundación Observatorio Pyme, el 84% de estas organizaciones no podrán afrontar los costos de salarios y gastos operativos de abril sin asistencia gubernamental, y el 6% -unas 35.000 empresas- podría bajar la persiana. En todo el país, solamente el 10% de las MiPymes están completamente operativas.[1]

¿Pero no existe solidaridad de la empresa principal? Sí, claro, existe. Está en el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, el mismo que Techint quiso eliminar en la Reforma Laboral que impulsó Mauricio Macri en 2017. Pero incluso estando vigente, hoy Rocca está apelando esos reclamos de solidaridad, alegando que está en crisis y que no produce. Esos trabajadores, que paradójicamente dependen de una multinacional, solo tienen chances de cobrar el salario si sus contratistas acceden al Programa de Recuperación Productiva (REPRO) otorgado por este gobierno ante la emergencia sanitaria. Si no, terminan teniendo las mismas opciones que cualquier monotributista: solicitar el Ingreso de Emergencia. Al final, los subsidios a Rocca no están solo en Vaca Muerta.

Algunas conclusiones

La Organización Internacional del Trabajo ya comparó esta crisis de empleo con la provocada por la Segunda Guerra Mundial. Pero la profundización de la pandemia pronto superó esos pronósticos, y estaría arrasando más de 25 millones de puestos. En la Argentina, sin el decreto anti-despidos la situación del mercado de trabajo se convertía en una masacre. Pero conservando los puestos, los ingresos pueden caer más de la mitad e incluso convertirse en $0. Abril será uno de los meses más difíciles de los últimos años, y mayo también. Pero el Estado está impidiendo que nadie toque el piso, que antes haya, al menos, una prestación social que permita comer.

¿Los que trabajan son privilegiados? Muy lejos de eso: para ellos sobrevuela permanentemente la posibilidad de enfermarse. Y contagiarse el Coronavirus no es una posibilidad remota. Basta ver el desfile de ataúdes en España e Italia, Nueva York, Río de Janeiro, Guayaquil.

La incertidumbre sobre la salida de esta situación es generalizada por la particularidad de esta crisis. El aislamiento dispuesto para evitar los contagios desafía la lógica de circulación que es la base del sistema capitalista de mercado: se afecta la demanda pero también la oferta. Los recursos que se inyectan en el bolsillo de las personas no derraman consumo más que para la supervivencia. No hay conexión entre la demanda y la oferta, y por eso desaparece hasta la misma idea de mercado: tampoco hay “libre competencia” por precio, sino que hay producción controlada y abastecimiento limitado, en un contexto de concentración preexistente que ya desafiaba esa premisa.

El capitalismo financiero, que siempre se basó en el riesgo bajo la máxima “a más riesgo, más ganancia”, tal vez nunca pensó que un riesgo todavía mayor, como una pandemia, podía ponerlo en crisis hasta paralizar su actividad[2]. 

[1] Perfil, 8 de abril de 2020, “Más del 80% de las pymes no pueden pagar salarios en abril”, https://www.perfil.com/noticias/economia/mas-del-80-de-las-pyme-no-puede-pagar-salarios-en-abril.phtml

[2] Entre el 23 de febrero y el 6 de abril las principales bolsas cayeron hasta 40%, las tasas de interés tendieron a 0% pero parecieran entrar en la zona de trampa de liquidez, el precio del barril del petróleo perforó sus mínimos históricos (alcanzados en 2008) al igual que los commodities agrícolas, y subieron los riesgos soberanos de los países.

^{Revista Anfibia - abril de 2020}