La evasión y elusión impositiva por parte de las empresas transnacionales es una causa importante de inequidad y pobreza. El reciente caso Apple en Irlanda es solo la «punta del iceberg» y otras grandes firmas también han sido beneficiadas por «agujeros negros fiscales». ¿Cuáles son las estimaciones generales de esta problemática y cuál es su significado? ¿Cuáles son las causas de este fenómeno?

El reciente caso Apple, en el que la Comisión Europea (CE) ordenó a las autoridades fiscales irlandesas recuperar 14.500 millones de dólares de Apple en concepto de impuestos impagos, ha dirigido otra vez la atención hacia el fenómeno de la evasión y elusión fiscal por parte de las empresas transnacionales. En Irlanda, los contribuyentes de ingresos modestos que respetan la ley quedaron conmocionados al enterarse de que en 2014 Apple había pagado no más de 0,005% en concepto de impuesto corporativo sobre los beneficios registrados en Irlanda. Sin embargo, no hay nada particularmente nuevo o sorprendente en este caso.

Luego del escándalo de los LuxLeaks, que reveló en noviembre de 2014 que las autoridades fiscales de Luxemburgo habían garantizado a las empresas transnacionales resoluciones especiales que les permitían pagar menos impuestos en ese país, la CE comenzó a investigar casos similares de ayuda estatal y se concentró al principio en los de Fiat-Chrysler en Luxemburgo y Starbucks en los Países Bajos. En enero de 2016, dictaminó que Bélgica les había otorgado ventajas impositivas selectivas a por lo menos 35 empresas transnacionales.

Una semana antes de que la CE hiciera público su veredicto sobre Apple, Robert Stack, funcionario del Tesoro de Estados Unidos, había advertido que las investigaciones contra las empresas americanas «podrían conducir a un efecto de enfriamiento en las inversiones transfronterizas entre la Unión Europea y EEUU». Y sin embargo, de acuerdo con la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, la investigación de la Unión Europea sobre las prácticas impositivas de Apple se originó en un aviso del Senado de EEUU. En 2013, una investigación del Senado había encontrado que Apple estaba pagando impuestos muy bajos por sus ganancias aprovechando brechas en los códigos fiscales norteamericano e irlandés, pero no había hallado evidencia de actividad ilegal. Entonces, si bien el secretario del Tesoro de EEUU, Jack Lew, se quejó de que la UE apuntaba en particular contra empresas estadounidenses, la verdad es que era consciente de los problemas que crean los vacíos fiscales a ambos lados del Atlántico.

De hecho, el diario Irish Times cita declaraciones de Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en las que afirma que, dado que la mayor parte de la investigación y el desarrollo de Apple tienen lugar en Estados Unidos, el grueso de las ganancias atribuidas a las operaciones irlandesas pertenece a EEUU.

Aunque el país está endeudado, el gobierno irlandés ha decidido no reclamar los impuestos pasados debidos por Apple y, en cambio, se ha alineado con la multinacional al impugnar el veredicto de la CE respecto a la ayuda estatal ilegal. Asistidos por un batallón de lobistas, tanto Irlanda como Estados Unidosse están poniendo del lado de las empresas transnacionales a expensas de sus propios contribuyentes, mientras que otro ejército de abogados y contadores se ha ocupado de diseñar los agujeros en los códigos impositivos de todos los países donde operan esas empresas.

Como resultado, la UE estima que la evasión impositiva por parte de las empresas les cuesta a sus Estados miembros entre 50.000 y 70.000 millones de euros por año en impuestos perdidos; de acuerdo con un informe de Oxfam EEUU («Broken at the Top», abril de 2016), la evasión y elusión fiscal de las empresas transnaciones le cuesta a EEUU aproximadamente 111.000 millones de libras por año, mientras que los países en desarrollo pierden al menos 100.000 millones de libras por año en concepto de ingresos por impuestos a causa de la evasión y elusión fiscal de las grandes empresas.

Hay una carrera nociva entre los países para ser más competitivos y así atraer más inversiones. Esta carrera incluye mecanismos de evasión y elusión fiscal con beneficios desproporcionados en favor de las grandes empresas transnacionales y sus agentes locales. ¿Cuáles son las consecuencias de estos procedimientos ilegítimos en términos de la democracia y el bienestar de las naciones?

Se está volviendo cada vez más evidente que las guerras fiscales entre países son contraproducentes y solo conducen a una carrera descendente, en tanto cada país trata de ofrecer los mejores acuerdos a las empresas transnacionales, en un esfuerzo por atraer y retener inversión extranjera. Las empresas transnacionales se benefician, pero los países se ven privados de ingresos muy necesarios. Solo pueden compensar el déficit ya sea reduciendo los servicios públicos o la inversión en infraestructura o incrementando la carga fiscal sobre sus ciudadanos o las pequeñas empresas locales.

Hay una ironía en esto y es que las empresas transnacionales con frecuencia privilegian como lugares de inversión aquellos países que les pueden ofrecer una fuerza laboral con buen nivel educativo y una buena infraestructura. También exigen el mismo tratamiento que reciben las empresas locales y tratan de hacer cumplir esta demanda a través de acuerdos de inversión y comercio vinculantes. Básicamente, quieren todas las ventajas.

Los países pobres son los más afectados por la falta de ingresos por impuestos corporativos, en primer lugar, porque dependen de ellos en mayor medida. La organización de lucha contra la pobreza Action Aid calculó que, en países de ingresos bajos y medios, el impuesto a los ingresos corporativos representa en promedio 18% de los ingresos totales por impuestos. Y, por supuesto, las necesidades de la población son mayores en estos países. Pero en la mayoría de los países, hay en la actualidad una brecha creciente entre los sectores más ricos y los más pobres de la sociedad, y esta inequidad en aumento es una peligrosa fuente de malestar.

En países muy pobres, la gente llega a estar tan desesperada como para emigrar en busca de mejores perspectivas, aun a riesgo de perder su vida. En un solo día, en junio pasado, guardacostas italianos rescataron a más de 5.000 migrantes que habían abandonado las costas de Libia en gomones, en un intento por alcanzar las costas de Europa continental. Pero en muchos de los países elegidos como destino, la población también se siente en riesgo de pobreza y reacciona con hostilidad frente a la presencia no solo de los migrantes económicos sino incluso de los refugiados. Demandan el cierre de las fronteras, cuando no la construcción de muros.

La hostilidad hacia la movilidad de la población ha crecido incluso dentro de Europa y el incremento en el número de inmigrantes de la UE en Gran Bretaña fue uno de los factores decisivos en el referéndum sobre el Brexit. Pero si queremos una sociedad más justa, menos desigual, ¿no deberíamos apuntar contra el libre movimiento del dinero, en lugar de poner el foco en la libre movilidad de la gente?

En su libro The Hidden Wealth of Nations [La riqueza oculta de las naciones], el economista francés Gabriel Zucman denuncia el flagelo de los paraísos fiscales, que facilitan el gran robo perpetrado contra todos nosotros por criminales, elites corruptas y empresas transnacionales que eluden impuestos. Según él, «el 55% del total de las ganancias de las empresas norteamericanas está hoy en esos paraísos fiscales». En verdad, el estudio «Offshore Shell Games 2016», publicado por Ciudadanos por la Justicia Fiscal, el Instituto de Política Económica y Fiscal y el Fondo Educativo del Grupo de Investigación del Interés Públicode EEUU informa que las empresas del ranking Fortune 500 tienen en cuentas offshore casi 2,5 billones de dólares en ganancias acumuladas.

La existencia de reglas fiscales poco claras y una extrema concentración de la riqueza en oscuros paraísos fiscales implican que los ciudadanos de todo el mundo son privados no solo de derechos económicos, sociales y culturales, sino también de sus derechos civiles y políticos, y en particular del derecho de ser informados y a participar en las decisiones políticas.

¿Cuáles son las reformas de políticas que pueden desarrollar las partes interesadas para desmantelar el poder de las corporaciones trasnacionales? ¿Cuál sería el papel de EEUU, la CE y otras instituciones regionales e internacionales en esta campaña?

Si las empresas transnacionales de origen estadounidense registran sus beneficios en varios paraísos fiscales, lo hacen para evitar pagar impuestos en EEUU. El estudio «Offshore Shell Games 2016» revela que Apple registró 214.900 millones de dólares en cuentas offshore, de los que debería 65.400 millones en impuestos al fisco estadounidense si estos beneficios fuesen repatriados. EEUU podría tomar medidas en forma unilateral para combatir esto, en particular, podría impedir a las empresas transnacionales que difieran el pago de sus impuestos, exigir la repatriación de esos beneficios y gravarlos a la tasa impositiva corporativa reglamentaria de 35%, con una consideración por los impuestos pagados en el exterior. Sin embargo, otras medidas para combatir la evasión fiscal de las empresas transnacionales necesitan de la cooperación internacional.

Un primer paso en la dirección correcta es el proyecto BEPS de la OCDE, exigido por el G-20 e iniciado en 2013. BEPS equivale en español a «erosión de la base imponible y traslado de beneficios», un conjunto de tácticas utilizadas por las empresas transnacionales para reducir lo que pagan por impuestos. El propósito del proyecto BEPS de la OCDE/G-20 es «reformar el marco impositivo internacional y asegurar que los beneficios se informen donde se llevan a cabo las actividades económicas y donde se crea valor».

Una herramienta fundamental del paquete es el informe desglosado país por país (Country by Country Reporting, CbCR), un requisito de transparencia que obliga a las empresas transnacionales a proveer un informe anual de la distribución de sus ingresos e impuestos. Los países pueden luego firmar el Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes de la OCDE (MCAA, por sus siglas en inglés), que requiere el intercambio automático de información desglosada país por país entre los países firmantes. Hasta el 21 de octubre de 2016, 49 países habían firmado el MCAA y Brasil fue uno de los últimos firmantes.

El proyecto BEPS de la OCDE no es perfecto. Por ejemplo, especifica que solo las empresas transnacionales con una facturación mínima de 750 millones de euros por año tienen que cumplir con el régimen de información país por país, un umbral que exceptúa de la presentación de información a entre 80% y 90% de las empresas transnacionales. También acepta la ficción de que las diferentes filiales de una empresa multinacional pueden ser tratadas como entidades independientes, lo que conduce a aplicar reglas muy complejas y difíciles de implementar por administraciones fiscales subfinanciadas.

En abril de 2016, la CE propuso ir más allá de lo que propone la OCDE y que las empresas transnacionales presenten informes públicos país por país, lo que significa que el acceso a esos informes no estaría limitado solo a las autoridades fiscales. En la UE ya existe este tipo de informes para los bancos, que los publicaron por primera vez en 2015, y para las industrias extractivas y de explotación forestal, que comenzarán a brindar información según esta modalidad a partir de 2017. Esta propuesta mejoraría la transparencia y la rendición de cuentas, pero como está basada en el proyecto BEPS de la OCDE, tampoco es perfecta. Podría mejorar cuando la CE introduzca el próximo elemento de su reforma fiscal corporativa, el proyecto de base imponible común consolidada del impuesto a las sociedades (BICCIS), que trataría a las empresas transnacionales como entidades únicas y prorratearía el impuesto que deben pagar en función de sus actividades reales en las diferentes jurisdicciones fiscales. Esto implicaría una jugada significativa en la lucha contra los paraísos fiscales.

Ambas iniciativas europeas –el informe desglosado país por país (CbCR) y el proyecto de base imponible común consolidada del impuesto a las sociedades (BICCIS)– son reconocimientos implícitos de que el proyecto BEPS por sí solo no es suficiente para eliminar la elusión fiscal por parte de las empresas transnacionales. Otro problema es que aunque la OCDE ha invitado a todos los países interesados a participar, el proyecto BEPS solo contempla las preocupaciones del G-20, el club de los países ricos. Los países en desarrollo tienen diferentes necesidades y prioridades, y por eso en repetidas oportunidades han reclamado la creación de un organismo fiscal internacional inclusivo bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El progreso en este tema puede provenir de América Latina. Ecuador acaba de asumir la presidencia del G-77 de países en desarrollo y el mes pasado, en la Asamblea General de la ONU, Guillaume Long, ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, llamó a crear un organismo intergubernamental en la ONU para la justicia fiscal, para evitar los paraísos fiscales y para adoptar un instrumento internacional legalmente vinculante para tratar con las empresas transnacionales que han violado derechos humanos. La conexión debería ser clara: las empresas transnacionales pueden violar los derechos humanos de muchas maneras y la evasión fiscal es una de ellas.

Revista Nueva Sociedad - noviembre de 2016