“El agua de Mendoza, no se negocia”, canta una multitud que va camino a la capital mendocina desde Uspallata, desde el Valle de Uco, desde todos los puntos cardinales de una provincia árida que sabe que el agua que riega sus valles es vida, y que no hay progreso si no hay vida. Avanza la caravana como avanzó en 2019, cuando se intentó modificar la ley 7722 que protege el recurso hídrico, prohibiendo la megaminería a cielo abierto con uso de sustancias tóxicas, que pueden contaminar los cursos fluviales por milenios.

Este martes 9 de diciembre, los senadores de la provincia tomaron la decisión de aprobar el ingreso de la megaminería a Mendoza, a través de la sanción de una ley que da el visto bueno la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto San Jorge Cobre Mendocino, a pocos kilómetros de Uspallata y veintisiete proyectos más, en la zona de Malargüe. Esa Declaración fue objetada por actores científicos de Conicet Mendoza y de la Universidad de Cuyo, pero el lobby minero y la coyuntura actual parecen no escuchar razones. Este martes los senadores, en lugar de actuar como representantes de la voluntad popular, que afirma desde hace más de 15 años que la megaminería no tiene licencia social, fueron meros delegados de las mineras.

Pero más allá de lo que ocurrió en la Cámara, el pueblo de Mendoza está de pie y sabe que la movilización en las calles, a pesar de la represión y la persecución judicial, es el único camino para impedir el ingreso de estos proyectos que, sabemos – y ya no hay blindaje mediático que pueda ocultarlo -, no generan progreso, empleo ni bienestar económico para las comunidades en las que se instalan.

La ley 7722 y el Proyecto Minero San Jorge

La ley 7722, sancionada en junio del 2007, es resultado de la lucha de asambleas ciudadanas que desde 2003 comienzan a autoconvocarse en la región del Valle de Uco ante la presencia de actividad minera en la zona. El año 2003 ya había sido testigo del “No a la Mina” en Chubut, cuando vecinos de Esquel llevaron adelante un plebiscito contra la instalación de un proyecto minero, obteniendo un resultado de 81% de los votos en contra de la mina. En Mendoza, a partir de ese año, los vecinos y vecinas autoconvocados en distintas asambleas de varios puntos del territorio inician un derrotero tanto de formación y concientización como de movilización, que las nuclea, en 2006, en AMPAP (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura). El objetivo es conseguir la sanción de una ley que proteja el agua de la megaminería a cielo abierto.

En 2007 esa lucha rinde sus frutos y se sanciona la ley 7722, en cuyo Artículo Primero determina que: “A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohíbe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo”. Además de prohibir expresamente el uso de ciertas sustancias, exige la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental por parte de las empresas que debe ser ratificado por ley, es decir, debe ser aprobado por las dos cámaras de la legislatura provincial.

La historia de esta ley destinada a proteger el agua como un bien común, en un territorio donde el agua escasea, está estrechamente ligada al Proyecto Minero San Jorge, un proyecto para la extracción de oro y cobre en el Departamento de Las Heras, a 37 kilómetros de Uspallata. El intento de instalación de este emprendimiento, en sus inicios perteneciente a Coro Mining Corp., una empresa canadiense, se encontró con la resistencia de los vecinos y vecinas de Uspallata, quienes a través de la participación en audiencias públicas lograron rechazar sucesivas veces los informes de impacto ambiental que presentaba la minera.

Sin embargo, en diciembre de 2019, el lobby minero consigue la reforma de la ley 7722, mediante la ley 9209, que modifica el artículo primero afirmando que: “A los efectos de garantizar la sustentabilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales, con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico y asegurar el cumplimiento de la actividad minera […] establécese que el uso de sustancias químicas, mezclas o disoluciones de ellas, quedará restringido a aquellas que aseguren la sostenibilidad del proyecto…” (Artículo 1). Como podemos ver, el sentido completo de la ley cambia: ya no existe sólo para proteger el agua sino también para asegurar el cumplimiento de la actividad minera, como si ambas cosas no fuesen excluyentes. Además, sólo prohíbe explícitamente el uso del mercurio, y evita mencionar cuáles son las demás sustancias químicas prohibidas, dando un marco amplísimo para la interpretación. Por otra parte, esta nueva ley elimina el control Bicameral de las declaraciones de impacto ambiental, y lo deja en manos de la autoridad de aplicación (Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial).

Esta reforma, impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez de Cambiemos y apoyada por los legisladores el Frente de Todos, redactada a la medida de las mineras y habilitante de 19 proyectos que la ley 7722 impedía, por el uso de sustancias químicas que implicaban, causó una reacción inmediata e histórica en el pueblo mendocino. Caravanas que partieron de varios puntos de los distintos valles confluyeron en la capital y se mantuvieron en la calle a pesar de la represión y la soberbia estatal. El “Mendozazo”, como se conoció está gesta que unió a todos los estratos sociales en defensa del agua como bien común, y en contra de la megaminería contaminante, logró que se derogara la ley 9209 a una semana de su promulgación, el 30 de diciembre de 2019, luego de lo que se considera la mayor movilización de la historia del país en defensa del agua, un verdadero levantamiento popular de alrededor de cien mil personas, llegadas de todos los rincones de la provincia.

No obstante, el Proyecto San Jorge siguió accionando contra la 7722 y logró en 2021 un fallo de la Corte Suprema de la Nación que declara inconstitucional el párrafo del artículo 1 donde se menciona la prohibición del uso de “otras sustancias tóxicas similares”. Los ministros de la Corte consideran que este punto es muy vago y que requiere mayor determinación. De este modo, la minera puede operar extrayendo minerales con el uso de xantato y otras sustancias igualmente tóxicas, no especificadas en la ley. La instalación de este proyecto, con el uso de millones de litros de agua para la obtención de oro y cobre por lixiviación, implica la contaminación directa, cuando no el agotamiento, de cauces que son afluentes del Río Mendoza, la principal fuente de irrigación del Oasis Norte, donde se concentra la mayor parte de la población mendocina y de sus actividades productivas.

Con este fallo, con la llegada del RIGI y con el visto bueno del gobierno central a la megaminería, el proyecto, ahora llamado PSJ Cobre Mendocino, junto con otros 27 proyectos que amplían el proyecto Malargüe Distrito Minero Occidental, vuelven a activarse y esperaban la aprobación de sus Declaraciones de Impacto para empezar a actuar. La aprobación en la Legislatura provincial estuvo envuelta en el escándalo. Horas antes de la primera media sanción, -en Diputados-, se había bajado del portal de Conicet Mendoza un informe donde se hablaba de las falencias de las Declaración de San Jorge. Para matizar la arbitrariedad, se aprobó la creación de un Fondo de Compensación Ambiental (que deja en manos del Estado el costo de cualquier remediación ambiental) y una Ley de Regalías Mineras (que obliga a las empresas a dejar un 3% de las regalías en la provincia). Cabe aclarar que la ampliación del proyecto Malargüe implica la instalación de las exploraciones mineras en zonas periglaciales, algo que está expresamente prohibido en el artículo 2 de la 26.639 (Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial) y que, según declaró Milei el 13 de noviembre de 2025 en el Congreso de Economía Regional de Corrientes, es idea del gobernador mendocino Alfredo Cornejo reformar.

Neoliberalismo y megaminería: de las leyes de los 90 al RIGI, pasando por el veto a la Ley de Glaciares en 2008

El boom de la megaminería a cielo abierto tiene que ver con el agotamiento de los yacimientos de metales en forma de vetas y, por lo tanto, con la necesidad de emplear otro tipo de tecnologías para extraer metales presentes en bajas concentraciones en grandes extensiones de roca. Estas tecnologías implican el desarrollo de emprendimientos a escalas gigantescas, con el uso de miles de toneladas de explosivos, millones de litros de agua mezclada con sustancias químicas utilizados en procesos de lixiviación, y la detonación de millones de toneladas de roca. Los residuos de estas actividades también son gigantescos. Y por la escala en la que operan, los actores implicados no pueden pertenecer a los circuitos productivos locales, sino que son grandes empresas transnacionales, que articulan con las elites locales para crear el marco jurídico y político que les permita funcionar. En relación al uso de recursos, en El colapso ecológico ya llegó, publicado en 2020, Svampa y Viale muestran los siguientes datos: el proyecto minero Pascua Lama, de San Juan, anuncia en su informe de impacto ambiental que va a remover 1806 millones de toneladas de cerro a lo largo de su vida útil. Esto requerirá la detonación de 493.500 toneladas de explosivos (casi la mitad de los utilizados en la Segunda Guerra Mundial, afirman los autores). Por su parte, la minera Alumbrera, en Catamarca fue autorizada a utilizar 86 millones de litros de agua por día (más que el consumo total de la provincia) y el uso que hace de la energía eléctrica (subsidiada) representa el 85% de todo el consumo de energía a nivel provincial.

En cuanto a los pasivos ambientales, estos proyectos, que duran alrededor de dos o tres décadas hasta que agotan el recurso, dejan enormes montañas de escombros y polvo en suspensión mezclados con sustancias tóxicas, junto con piscinas de lixiviados, destruyen cerros, contaminan los cursos de agua y compiten por los escasos recursos con otras actividades productivas de la región. A su vez, dejan en manos del Estado y sus recursos toda remediación y acción frente a derrames o accidentes.

Ahora bien, cuál es el destino de los metales extraídos? En cuanto al oro, que es una de las principales explotaciones de los proyectos mineros en curso, más del 80% se convierte en lingotes que funcionan como reservas metálicas de los países centrales. Otros metales pueden ser utilizados en desarrollos tecnológicos pero lo cierto es que el 100% de la extracción se exporta sin procesar. Las leyes que desregularon la actividad minera durante el menemismo propiciaron, además, que tampoco queden grandes ingresos en el país a partir de esta actividad. En efecto, al mismo tiempo que provincializó la explotación de los recursos naturales, bajo la falsa retórica del federalismo (que Milei vuelve a emplear cuando anuncia que va a modificar la Ley de Glaciares para dejar que las provincias definan el ambiente periglacial), Menem aseguró a las mineras la exención de una serie impuestos, la estabilidad fiscal por 30 años y la no obligación a liquidar las divisas en el país. El espíritu de estas leyes puede ser resumido en las expresiones de Sergio Massa, cuando en 2023, en una reunión con empresarios en La Rural, afirmó que “basta con mirar la cordillera como si fuera una torta, pensar cuánto se produjo de un lado y cuánto no se produjo del otro, para entender que Argentina tiene una enorme oportunidad de desarrollo”. Nosotros nos preguntamos, ¿Argentina? quiénes de Argentina tienen una “enorme oportunidad de desarrollo”? ¿qué es el desarrollo? ¿llenar las bóvedas de los bancos con oro, como afirma Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares? ¿secar los ríos, destinar toda la energía eléctrica e hidrocarburífera a abastecer empresas antes que comunidades, multiplicar las emisiones de gases de efecto invernadero, destruir los cerros, los ecosistemas, las economías regionales, enfermar a la población con agua con cianuro? ¿quiénes son los que se reparten esa “torta” que sería la Cordillera? ¿Cuántas migas quedan en el país? ¿A quiénes alimentan esas migajas?

Imagen: Guillermo Folguera

La inexistencia de grieta política en este punto se ve en la historia de la Ley de Glaciares. Vetada en su primera formulación por Cristina Fernández en 2008, sancionada con severos recortes en 2010, con la oposición de todo el bloque de diputados del Frente para la Victoria y casi todos sus senadores y débilmente aplicada (como lo muestra la Mina Veladero en San Juan, que opera en un ambiente periglacial a pesar de la prohibición), esta Ley quiere ser modificada por el gobierno de ultraderecha de Milei, en el marco de la vigencia del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones. (RIGI), con el acuerdo de los gobernadores en cuyas provincias la megaminería está trabada por los conflictos sociales.

Entonces, ¿quiénes se benefician? ¿por qué si la minería metalífera es fuente de progreso, sólo emplea a un 0,15% de los trabajadores del sector privado? ¿cuáles son los índices de pobreza e indigencia en las provincias mineras? ¿Qué significa la palabra desarrollo? ¿Quiénes se desarrollan?

En este punto de crisis socioambiental en la que se encuentra sumido el planeta, en medio de un cambio climático que es científicamente irrefutable, frente al agotamiento de los recursos, en una sociedad capitalista con un consumo cada vez más acelerado, con una ultraderecha negacionista y anticiencia al mando de los destinos de gran parte de la Tierra, ¿podemos seguir creyendo en los mitos del desarrollo y el crecimiento económico? Los pueblos, en sus territorios, conviviendo hace muchas generaciones con los ciclos de los elementos y la naturaleza, saben que el desarrollo no es tener más tecnología sino poder vivir sin amenaza su vida, en su tierra, sin tener que desplazarse, sin perder su medio de producción, en paz. Eso es algo que, sabemos, el extractivismo no puede proveer. Más bien todo lo contrario. Por eso el pueblo de Mendoza está en la calle.

Movilización y represión

En este contexto político, en el que el gobernador Cornejo espera garantizar a las mineras la seguridad jurídica que necesitan para desembarcar, la organización de las asambleas se paga con represión y criminalización. En lo que va del 2025, fueron detenidos y procesados Federico Soria y Mauricio Cornejo, vecinos de Uspallata, en una protesta durante la inauguración de las oficinas de la Cámara de Proveedores Mineros. Ambos fueron imputados bajo el artículo 213 bis del Código Penal según el cual “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que […] tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”. Es decir, se los imputó como pertenecientes a una organización terrorista.

La escalada represiva continuó y el 23 de octubre de 2025, en otra manifestación pacífica en defensa del agua, la policía desató una represión que incluyó golpes a trabajadores de prensa, gases sobre los manifestantes y la realización de dos detenciones ilegales. En efecto, policías de civil y sin identificación arrastraron a Lisa Rule y Martín Iglesias, en medio de golpes, al interior de la Legislatura, donde permanecieron secuestrados por las fuerzas de seguridad por varias horas. Afuera, quienes pedían por su inmediata liberación fueron gaseados.

América Latina tiene un registro lamentablemente largo de activistas ambientales perseguidos e incluso asesinados por fuerzas estatales y paraestatales. Esto demuestra que el extractivismo, con sus megaproyectos, no tiene licencia social y encuentra resistencias en todos los territorios. En Mendoza, miles se han movilizado a la Legislatura en defensa del agua, que es motor de la vida de este pueblo, de sus ecosistemas, sus circuitos productivos, sus bellezas naturales y, sobre todo, de la salud y la calidad de vida de la población. Miles de personas se movilizaron hacia la capital en lo que han llamado “Gesta libertadora”, para demostrar, una vez más, a los senadores, que el pueblo ya no cree en los mitos del desarrollo sustentable asociado al extractivismo y que, como guardián del agua, no va a dar un paso atrás. Otro diciembre lo convoca. Otro diciembre verá confluir caravanas de niños, niñas, adultos, ancianos, estudiantes, trabajadoras, comerciantes, productores, diciendo que el agua de Mendoza vale más que todo, que el agua de Mendoza no se negocia.

*Este artículo fue producido en base a la columna radial realizada por la autora en el programa Nada es Perfecto en Radionauta FM, disponible para escuchar aquí.

Imagen de portada: @amorypólvora.

^{Fuente: Huella del Sur - Diciembre 2025}