En El Aguilar, una localidad del norte de Jujuy situada a casi cuatro mil metros de altura, todos los años, entre fines de noviembre y principios de diciembre, se realiza la fiesta patronal en honor a Santa Bárbara, la patrona de los mineros. En 2022, durante la misa del 4 de diciembre en su honor, el cura del pueblo le agradeció por cuidar a los trabajadores en el socavón y en la bocamina de la minera Aguilar. También llamó a seguir el ejemplo de Avelino Bazán, el histórico dirigente minero desaparecido, y a honrar su memoria luchando. Y, finalmente, invitó a Débora, integrante de la comunidad indígena de Casagrande, Vizcarra y el Portillo, defensora del territorio y el ambiente, a leer el salmo. Así es la convivencia con la mina: tensión y armonía.

Nueve explotaciones mineras se diseminan en la provincia de Jujuy adonde las empresas llegan en busca del litio y también del plomo, el zinc y la plata. Las comunidades locales resisten porque han visto lo que sucede en los pueblos en los que las mineras se instalan: las vecinas y los vecinos pasan a depender económicamente de esa actividad que luego se retira dejando solo ruinas a su paso.

Sin embargo, no siempre se trata de un no rotundo. Hay matices allí donde la extracción minera ha marcado el devenir histórico del territorio, como en el caso de El Aguilar, donde logró que todo gire en torno a su actividad productiva. Al ser la principal empleadora, generó condicionamientos en una clara asimetría de poder. Por temor a represalias, que pueden ir desde la pérdida de los puestos de trabajo hasta la expulsión del campamento, los conflictos se gestionan de manera directa entre la comunidad y la gerencia de la mina, sin recurrir a otras instancias administrativas o judiciales. Y a todo esto se suma un férreo control social, tercerizado en la seguridad privada que cerca todo el territorio y a la que se le debe pedir permiso hasta cuando se necesita transitar para juntar el ganado.

en el principio fue el plomo

Los pobladores ancestrales recurrieron históricamente a los bienes naturales que les brinda el territorio para dar solución a sus necesidades de comida y techo, una actividad de extracción de tipo doméstica. Por ejemplo, obtenían caliza de los cerros para realizar las construcciones. Así, la minería era una actividad cuidada y controlada por las comunidades, cuyo límite estaba dado por la atención a la Pachamama, para que esta se recuperara y pudiera volver a producir lo que se había extraído.

A lo largo del período prehispánico, la región de El Aguilar estuvo ocupada por diferentes grupos que convivieron y establecieron relaciones de intercambio. Entre ellos los chichas, los casavindos, los cochinocas y los apatamas, separados de los omaguacas solo por una cadena montañosa con quebradas secundarias transversales. Hoy las comunidades de la zona de Humahuaca, en su gran mayoría, se autoidentifican y se autodefinen como pueblo omaguaca.

Desde la incorporación de estos grupos al imperio incaico, allá por los siglos XV y XVI, se mencionan evidencias del conocimiento de depósitos metalíferos. Con la llegada de la colonización, en la puna jujeña afloraron numerosos emprendimientos de extracción de plata y lavado de oro aluvional desarrollados mayoritariamente por los jesuitas de manera inestable e intermitente. Una serie de limitaciones tales como la lejanía de los puertos, la falta de caminos transitables, la carencia de expertos en el oficio y la baja rentabilidad atentaron contra el desarrollo de la actividad. La existencia de restos de hornos, piedras amoladas para molienda y escoria de fundición a pocos kilómetros de El Aguilar constituyen pruebas de una precaria minería. La referencia más antigua sobre emprendimientos extractivos en la región de El Aguilar se encuentra en el padrón minero, donde figura la mina Tapada, en junio de 1891.

En la década de 1920 la empresa The Joseph Lead Company, de capitales estadounidenses, se interesó por los recursos naturales y, en particular, por el cerro El Aguilar en el que se había descubierto plomo, un mineral muy codiciado en esa época. Desde entonces y hasta 1932, se intensificaron los trabajos con el fin de estimar la cantidad de mineral explotable y determinar, por otra parte, el método más conveniente para su concentración.

aguilarazo, represión y después

Hacia 1930 tuvieron lugar dos hechos que marcarían el devenir del tema aquí planteado. En el pueblo más boreal de nuestro país, La Quiaca, nacía Avelino Bazán, hijo y hermano de trabajadores de la mina. Con tan solo ocho años fue expulsado de allí junto a su familia, después de que su hermana le devolviera una cachetada a su patrona, esposa del gerente de la mina. A los 17 años volvió a El Aguilar, luego de que uno de sus hermanos sufriera allí un accidente laboral.

Al mismo tiempo, en tierras habitadas ancestralmente por comunidades indígenas, la empresa concretaba su despliegue e instalación en la zona. Para 1948, Aguilar era el principal establecimiento del rubro en el país, hecho que captó la atención del gobierno peronista que llevó adelante medidas de contrapeso para asimilar el poder de la multinacional.

Durante este período de esplendor, Bazán se formó como minero y logró mixturar la realidad que lo atravesaba. En 1958, a sus 28 años, ya había sido elegido por primera vez como secretario general del Sindicato de Obreros de Mina Aguilar (SOMA). Dos veces más sería designado titular del SOMA y en 1959, en el Tercer Congreso Minero Nacional realizado en Buenos Aires, fue elegido como secretario general de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina). En 1964, impulsó y protagonizó el Aguilarazo, un hito dentro de la historia minera de nuestro país. En esas jornadas históricas marcharon más de mil mineros a pie con sus familias y sus ropas de trabajo rumbo a la capital jujeña. Tenían como principal consigna denunciar los atropellos de la minera y la complicidad de las autoridades del Estado provincial y nacional. Como todo hito popular, dejó como saldo una feroz represión estatal y algunas conquistas laborales para el sector. En los años setenta, Bazán llegó a cargos provinciales clave en las disputas obreras de la época. Siempre concentrado en mejorar las condiciones de explotación para aquellos que viven el despojo, fue cobijado por el peronismo y desarrolló una intensa actividad como ministro del gobierno de Jujuy.

El 24 de marzo de 1976 en mina Aguilar, desde las 6 de la mañana, miembros de la policía de la provincia y de Gendarmería, a punta de fusil, empezaron a detener a sindicalistas y obreros en sus domicilios y en sus lugares de trabajo. A Avelino se lo llevaron el 29 de marzo del Ministerio de Bienestar Social y fue trasladado a la cárcel de Gorriti en la capital jujeña. Luego de unos meses fue alojado en la Unidad Penal N°9 de La Plata junto a 87 presos políticos. En junio de 1978 regresó a su querida tierra luego de recuperar la libertad pero tan solo cuatro meses después fue detenido por segunda vez, en esa ocasión por agentes de inteligencia, en un cine en pleno centro de San Salvador de Jujuy. Desde entonces está desaparecido. Avelino Bazán tendría la misma edad que la mina, 93 años. Algunos de los empresarios involucrados en su desaparición y en la represión contra el pueblo minero de El Aguilar tuvieron el beneficio del tiempo y la dilación judicial y murieron impunes.

minerales preciosos

Luego de la dictadura, ya para finales de los ochenta, la actividad se encontraba en un período crítico debido a la baja del precio internacional de los minerales. Ante esto, sucedió el primer cambio de mano: National Lead Co. vendió la minera a un grupo de capitales bolivianos, que decidió reducir el personal drásticamente: los obreros, técnicos y administrativos pasaron de ser 1800 a 598. Como solo quienes trabajan en la mina pueden acceder a las viviendas que se encuentran en el campamento, los despedidos tuvieron que migrar -junto a sus familias- a otras localidades en busca de trabajo. Al abandono del pueblo se le sumó un lento proceso de deterioro de las casas y de los espacios que dejaron de ser habitados. En 2003, la empresa fue incorporada por la multinacional suiza Glencore International AG, uno de los principales operadores comerciales e internacionales del mundo, de metales, minerales, petróleo y sus derivados. Desde principios de 2022, es propiedad del Grupo Integra, de José Luis Manzano, empresario ligado al massismo y exministro del período menemista. Sus intereses se extienden hacia la explotación minera del nuevo oro blanco, el litio, mineral que no se encuentra en El Aguilar, pero sí a unos kilómetros, en el departamento de Susques.

Desde hace unos años, en la comunidad de El Aguilar se rumoreaba que ya no hay más minerales y que la empresa se quería ir. Sin embargo, a finales del 2022 se anunció oficialmente su retorno, con una exploración de 23 nuevas minas en busca de plomo, plata y zinc. A todas les pusieron nombres de mujeres, así queda claro que el modelo se juega sus fichas hasta en el terreno de lo simbólico.

leyes para qué

En 2006 se sancionó la ley 26160, que ordenó un relevamiento territorial de las comunidades indígenas. En el devenir de esta política pública, orientada a reconocer la posesión tradicional de las comunidades, se manifiestan las tensiones más profundas de nuestro país. La inacción estatal y la no conclusión del relevamiento retrasan la discusión en torno a una ley que instrumentalice la propiedad comunitaria. Así como el reciente escándalo en la provincia de Mendoza, que devino en la cuasi fascista resolución de la Cámara de Diputados provincial, negando la identidad de algunas de las comunidades que habitan esa provincia, en todo el país son constantes los conflictos entre los pueblos originarios y las empresas privadas. Andhes registró cuatro de estos conflictos en su informe sobre Responsabilidad Empresarial y Comunidades Indígenas de Jujuy: el primero de ellos entre la comunidad de Las Capillas y la minera Piuquenes; el segundo entre la comunidad de Tusca Pacha y la inmobiliaria Sucre; el tercero involucra a la comunidad de Cueva del Inca y a un emprendimiento hotelero; por último, el de la mencionada comunidad de Casagrande, Vizcarra y el Portillo.

A esta última comunidad, a partir del relevamiento territorial establecido por la ley 26160, se le reconoció en 2017 la posesión actual tradicional y pública de 53.612 hectáreas de territorio ancestralmente habitado, que se encuentran dentro de las cerca de 98.000 hectáreas que usa la mina para la explotación. ¿Cómo estas tierras que eran de las comunidades indígenas terminaron siendo explotadas por manos privadas nacionales e internacionales? En los siglos XIX y XX, como parte del proceso de constitución del Estado nacional, se entregaron territorios habitados ancestralmente por comunidades indígenas a particulares, en gran parte de los casos a las familias más tradicionales del país. Hoy, los Estados nacional y provincial deben idear y poner en marcha soluciones para que se dé el paso formal de titular ese territorio como comunitario y que sus integrantes obtengan seguridad jurídica.

resistir, reparar

La bocamina es la entrada ubicada en la superficie por donde se accede a una mina. En la zona de El Aguilar hay dos muy emblemáticas: El Rincón, que dejó de funcionar hace unos diez años, y la Esperanza, sin funcionar desde hace veinte. Entre ambas hay notorias diferencias, que son producto del impacto de la organización y lucha de las comunidades. El Grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat y el Medio Ambiente tomó como una de sus primeras iniciativas solicitarle a la empresa que limpie y clausure El Rincón. Actualmente está cerrada, con una valla de metal, y sin basura alrededor. La Esperanza no tuvo esa suerte. En las dos persiste el olor que sale del vertedero donde en su momento se depositaban los minerales.

La mina Aguilar es un territorio donde existen muchas bocaminas en diferentes cerros. Se pueden observar los rastros que dejan los procesos de exploración y explotación en los diferentes parajes de la comunidad. La alteración de los ciénagos o humedales, los canales de agua contaminada, los caminos innecesarios, las zanjas donde los animales mueren todo el tiempo, el desmoronamiento de cerros dinamitados (que también afecta a la fauna) y los basurales a cielo abierto en las bocaminas son solo algunas de esas evidencias.

En 2019 una situación concreta, la muerte de una llama joven que estaba preñada luego de caerse en una cárcava (una zanja producida por efecto de los caminos construidos en espacios que no son aptos), motivó a que el grupo de mujeres y Débora, una de sus integrantes, recurrieran a un arqueólogo experto en camélidos. Así surgió un informe que el grupo presentó a la minera solicitando “se remedie” lo destruido, ya que las cárcavas son consecuencia de los caminos que la minera construye sin examinar sus posibles impactos negativos.

El grupo decidió apostar a más y solicitó muestreos ambientales en los diques de cola. También comenzaron a articular ciertas actividades con algunos organismos y organizaciones de la sociedad civil, y a integrar espacios como el Observatorio de Conflictos Socioambientales de Quebrada y Puna de Jujuy. Este mismo camino devino en su autopercepción como defensoras del hábitat, un término extraño en los marcos de la estructura de una comunidad originaria como la de Casagrande. Actualmente el Grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande Vizcarra y El Portillo tiene como finalidad “buscar soluciones a la problemática ambiental, la falta de agua potable para consumo y de riego en los parajes rurales, cuidado del ambiente en la protección del paisaje humano, por las constantes intervenciones del trabajo minero en los movimientos del suelo, contaminación del agua, afectación de la flora y fauna local, derrame de desechos tóxicos derivados a los arroyos y el cambio climático”.

Con el tiempo estas mujeres se dieron cuenta de que lo que comenzaron a hacer era una forma de remediar el daño causado, lo que la mina les dejó. Remediar es una palabra con la que se fueron encontrando y puede graficar de algún modo lo que pasa después de la minería.

Justo en la entrada de la bocamina Rincón, se detiene Don Santos, pisotea un charco de agua y dice que tiene alguitas porque se está reparando. Débora, menos optimista, le señala la canaleta de al lado que tiene agua azul y en el fondo un aceite blanco. Dicen que el aceite es lo que iba quedando de las lavadas que se le realizaban al mineral. La mina se podrá ir pero en la memoria colectiva y en el territorio todo queda.

Este artículo forma parte del dossier de la fundación Andhes sobre empresas y DDHH, coordinado por Rodrigo Scrocchi y Sebastián Lorenzo Pisarello, elaborado en el marco del proyecto Responsabilidad Empresarial en América Latina, con la colaboración de revista crisis.

^{Revista Crisis Nº 57 - 5 de mayo de 2023}