La ley iraquí sobre el petróleo, atascada
Qubad Talabani, representante del gobierno regional de Kurdistán ante EEUU, declaró el martes [12 de diciembre] a United Press International que se ha iniciado una nueva ronda de negociaciones en Bagdad, pero que "todavía no hemos hecho ningún progreso".
Los partidos sunníes y algunas formaciones shiíes [vinculadas a Moqtada as-Sáder] del comité negociador [del Parlamento iraquí] exigen que el gobierno central tenga la última palabra en todos los contratos petrolíferos, mientras que el gobierno regional del Kurdistán capitanea las presiones para que este aspecto sea de índole autonómica regional. Iraq posee unas reservas probadas de petróleo que se estiman en 115 millares de millones de barriles de petróleo [en 60 yacimientos], las terceras en importancia en el mundo, y casi todas están situadas en el sur controlado por los shiíes o en el norte kurdo.
[color=ff0000]El 'fatum' de Iraq[/color]
Las negociaciones para una ley sobre el petróleo son la imagen especular del fatum de Iraq: los sunníes temen el federalismo, que podría conducir a la retención del dinero obtenido del petróleo. Ellos, junto con algunas facciones shiíes, buscan un papel decisorio en un gobierno central fuerte. Los kurdos y el bloque competidor shií [dirigido por el Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Iraq] están a favor de los derechos regionales, pues temen que si es el gobierno central quien distribuye el dinero no lo haga de forma equitativa con ellos.
La actual Constitución es vaga en lo relativo al control del petróleo y establece únicamente que el ahora existente está bajo la autoridad del gobierno central, pero no especifica quién controlará todo el petróleo nuevo o futuro. El gobierno regional de Kurdistán y otros gobiernos [regionales del sur del país] interpretan que esto significa que todo lo no detallado de forma explícita como perteneciente al gobierno federal cae implícitamente bajo control regional.
El Kurdistán goza de una semi-autonomía desde 1991 y se ha librado relativamente de la violencia que azota Iraq. Dentro de este marco ha empezado a desarrollar su sector petrolero e incluso ha firmado contratos de exploración y producción, cuya validez denuncia el gobierno central. "Las regiones son soberanas", afirma [el presidente de Iraq,] Talabani, "El gobierno central debe respetar los contratos". [Talabani] achaca el sufrimiento que han padecido los kurdos durante buena parte del pasado siglo a la existencia de un gobierno centralizado fuerte. "Los días en que los kurdos eran rehenes de Bagdad se han terminado", señala: "No lograrán que nos sintamos como mendigos".
Hamid al-Bayati, representante de Iraq ante Naciones Unidas, declaró que el control central genera unanimidad en el sector del petróleo, tanto para los inversores como para los iraquíes.
"El compromiso es que la región tendrá voz y voto en la selección de compañías, en la selección de las proposiciones, pero la aprobación recaerá en el gobierno central", declaró al-Bayati a UPI. Añadió que las negociaciones continuarán "hasta que se apruebe la ley".
"Ése es el conflicto que tienen", afirma Mohammed Zine, gestor regional de Oriente Medio para la compañía de análisis IHS. Añade que el primer ministro actual, Nuri al-Maliki, se enfrenta a muchas presiones para que ponga fin a la violencia en Iraq y, a su vez, "[...] él mismo presiona al gobierno y al ministro del Petróleo" para que saquen adelante una ley del petróleo en el Parlamento. Zine confiesa que no cree que esto ocurra a finales de año, por no hablar de los acontecimientos cotidianos en Iraq: "No veo para qué tantas prisas. Incluso si se firma un contrato sigue habiendo grandes problemas de seguridad."
Durante el pasado fin de semana hubo noticias según las cuales se estaba llegando a un acuerdo sobre la ley del petróleo, pero Talabani explicó que todas ellas ignoraban las cuestiones principales que están aún por resolver. Añadió que mientras los kurdos han llegado a un compromiso sobre el reparto de los beneficios del petróleo y sobre permitir que el gobierno central se ocupe de recaudarlos y redistribuirlos, "[...] los mecanismos de distribución de beneficios todavía no se han acordado". "[...] Para asegurar que las regiones reciben su parte de los beneficios" hay que finalizar la supervisión y los detalles técnicos y constitucionales [del acuerdo], dijo. Esto se debe al miedo de que un gobierno central, ya sea por avaricia o por sectarismo, no entregue el dinero que le corresponda a una región.
Fuente: Rebelión