Las movilizaciones de los camioneros chilenos en 1972 y 1973 contra el gobierno de Salvador Allende tuvieron sin duda alcance y características muy distintas a las de sus pares uruguayos de hoy.

Las diferencias de la situación nacional, regional e internacional de Chile hace tres décadas con la del Uruguay de hoy, y hasta de la geografía de ambos países, son demasiado notorias. El uruguayo Diego Valverde se parece muy poco al chileno León Vilarín y no hay indicios de que la cia o el Departamento de Estado, desde Washington, hayan invertido millones de dólares para financiar la movilización de esta semana.

Sin embargo, la reminiscencia es casi inevitable: se trata de la misma rama de actividad (la de los transportistas de carga); la movilización no se limita a la paralización de tareas sino que incluye bloqueos; el enfrentamiento es con un gobierno de izquierda; no se trata de un sindicato sino de un gremio empresarial, que sólo excepcionalmente había recurrido al paro como forma de protesta y nunca lo había hecho por tiempo indeterminado; y los respaldos, así como la actitud ante la negociación de las reivindicaciones económicas, permiten sospechar que subyace un móvil político.

Tampoco parece razonable afirmar que hoy exista en el país una conspiración contra el gobierno del Frente Amplio o una ofensiva coordinada de los partidos y sectores sociales de oposición tendiente a desestabilizar las instituciones.

Los hechos no tienen en principio relación alguna entre sí: además de esta huelga patronal en el transporte, el enfrentamiento televisivo entre Pedro Bordaberry y el senador Rafael Michelini, los cuestionamentos al proceso de debate educativo impulsado por la anep y la renuncia de los representantes blancos y del Partido Independiente de su comisión organizadora, el relevo -poco menos que provocado por él mismo- del comandante en jefe del Ejército, las objeciones de inconstitucionalidad al presidente Tabaré Vázquez por el nombramiento con carácter provisional de la doctora Mirtha Guianze como fiscal de Corte, y la interpelación -durísima más por la forma que por el contenido- al ministro del Interior, José Díaz, el lunes 23.

Sin embargo, esta media docena de episodios, ocurridos a lo largo de octubre, tienen un elemento común: el clima de altísimo voltaje en el cual se desarrollaron. Notoriamente, las relaciones entre el gobierno y la oposición alcanzaron esta semana su punto de máxima tensión desde que, hace casi veinte meses, Vázquez asumió la Presidencia.

Desde hace por lo menos dos décadas en Uruguay se suele usar como sinónimos, erróneamente, los términos “confrontación” y “enfrentamiento”, que en realidad tienen distinto significado. “Confrontación”, según la Real Academia, es un “careo entre dos o más personas”, un simple “cotejo de una cosa con otra”.

La diferencia entre ambas palabras expresa con precisión el cambio de la actitud de la oposición en las últimas semanas: pasó de la confrontación al enfrentamiento. Un enfrentamiento sin cuartel, donde todo vale.

Más allá de que no haya conjura, existe hoy una coincidencia antigubernamental en sectores políticos y empresariales que hasta ayer aparecía diluida. “¿Cuándo fue que se jodió el Perú?”, se preguntaba Mario Vargas Llosa. La respuesta, en el caso de Uruguay, es setiembre, el décimo noveno mes del gobierno de Tabaré Vázquez.

El lunes 11 fueron procesados los primeros militares y policías por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (quedó claro además que habría nuevas causas que incluirían a jerarcas civiles y mandos militares), y el jueves 28 el presidente Vázquez anunció que no firmaría un tlc con Estados Unidos.

Esas dos decisiones, sumadas al hecho nada menor de la inminente aplicación de varias de las reformas previstas en el programa del Frente Amplio, fueron señales muy claras para la oposición y los sectores más conservadores de la sociedad uruguaya: sus expectativas de que este país fuera un ejemplo más de un gobierno que sube por la izquierda y gobierna con la derecha, parecieron derrumbarse.
Tres días de furia.

Según El País (miércoles 25), “el ex presidente Julio María Sanguinetti advierte que la democracia está amenazada por la actitud rompehuelga y la intolerancia del PIT-CNT, y porque el gobierno del presidente Tabaré Vázquez viola la Constitución”.

Las presuntas violaciones de la Constitución del actual gobierno se han convertido en el Leitmotiv de los discursos de los dirigentes colorados y blancos. El Partido Nacional (pn) enumeró varias en un informe que aprobó su Convención Nacional, celebrada el sábado 7 en Florida.

Vale la pena mirar la portada de la última edición de “Correo de los Viernes” (viernes 20), publicación (on line) oficial del Foro Batllista. El título principal es “Contra la Constitución” y en el artículo se refiere al nombramiento “a sangre y fuego” de la doctora Guianze como fiscal de Corte. El otro artículo, sobre el cese del comandante en jefe del Ejército, termina con este párrafo: “Cada día nos va peor. A las violaciones de la Constitución ahora le agregamos estos excesos. Que suenan muy mal cuando además el señor presidente actúa desde una sesión de pesca, cuando en helicóptero y barcos de la Armada practicaba su deporte favorito en Cabo Polonio. Lo que suena a monárquico”.

Por su parte, el diputado forista Washington Abdala cuestionó severamente la actitud del PIT-CNT: “Los dirigentes sindicales gubernistas, que además son genuflexos con el gobierno de una forma que causa escándalo y hasta vergüenza, construyen toda una teoría conspirativa”. Dijo también que “decir que se está chantajeando a la democracia o hablar de actitud golpista es sólo para gente que tiene una mentalidad muy autoritaria, de dictadura militar”.

En una actitud también de crítica al gobierno, pero bastante menos cerril que la de los colorados, el presidente del Directorio blanco, Jorge Larrañaga, acusó el martes 24 al gobierno de realizar una “maniobra de distracción”, y sostuvo que “no se nos puede agraviar con tesis de conspiración o desestabilización, porque esto es algo que nadie se lo cree”. Agregó que “Vázquez es el presidente de todos los uruguayos y debe generar condiciones de diálogo entre los uruguayos”. Y subrayó que “este gobierno, lamentablemente, no dialoga y esto es lo que está emergiendo en una situación creciente de confrontación y enfrentamiento que divide a la sociedad uruguaya”.

Por su lado, el ex diputado Alem García, en un artículo publicado en la página oficial del pn, se pregunta ya desde el título si se trató de un paro político y responde: “Claro que es político”.

El conflicto de los transportistas de carga comenzó a gestarse a partir del decreto del 28 de setiembre, que lleva la firma del presidente y los ministros Víctor Rossi, Jorge Lepra y Danilo Astori, por el cual se crea un fideicomiso cuyos fondos surgirían del aumento del precio del gasoil en 1,053 pesos por litro, que se estima produciría unos dos millones de dólares mensuales que se destinarían a financiar una rebaja en el precio del boleto urbano de pasajeros en todo el país (véase BRECHA, 20-X-06).

El miércoles 18 diez gremiales nucleadas en torno a los transportistas de carga suscribieron una declaración en protesta por el aumento del precio del gasoil, por las consecuencias de la reforma tributaria impulsada por el gobierno y aún no examinada en el Parlamento, la no implementación del proyecto de país productivo y la pérdida de competitividad que, a su juicio, se derivaba de esas circunstancias.

Las organizaciones firmantes fueron la Intergremial del Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (itpctu), la Asociación Rural, la Federación Rural, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Cámara de Exportadores de Citrus, la Comisión Nacional de Fomento Rural, la Confederación Empresarial del Uruguay, la Confederación Granjera, las Cooperativas Agrarias Federadas y la Sociedad de Productores de Leche de Florida.

Todas estas gremiales -incluidas las dos principales del agro, que rara vez coinciden- apoyaban el paro que la itpctu había anunciado la semana anterior para el lunes 23.

No todos los firmantes estaban vinculados con el transporte -en primer lugar el más influyente, la Asociación Rural-, y tampoco firmaron todas las entidades empresariales vinculadas con el sector, lo que a la postre crearía una fisura importante en la movilización.

Hasta la noche del domingo 22 estuvieron negociando el ministro Víctor Rossi y otras autoridades del mtop con los dirigentes de la itpctu (el presidente Carlos Ney Ramírez, el secretario Gustavo González y los dirigentes Humberto Perrone y Diego Valverde, este último el vocero más visible en los últimos días).

La propuesta del gobierno en esa oportunidad, rechazada por los empresarios, fue rebajar el 7,99 por ciento del iva (en sustitución del Imesi) que pagarían los transportistas por concepto de gasoil. Tres días después, el conflicto terminaría con el compromiso de que esa rebaja fuese del 8,2 por ciento, apenas 0,21 centésimas de diferencia.

La medida de la gremial empresarial se aplicó con una intransigencia mucho mayor que la que los empresarios suelen reprochar a las movilizaciones de sus trabajadores. Por un lado, se realizó sin gradualismo alguno: de entrada comenzó sin paros parciales, de algunas horas o jornadas de inactividad, sino con un paro por tiempo indeterminado.

Pero además la medida no fue sólo de paro: hubo también bloqueos que interrumpieron las actividades normales en otros sectores -como la refinería y la planta de ANCAP en La Tablada, así como el puerto de Montevideo- y también cortes de ruta en distintas carreteras del país.

Si bien esto último fue negado por dirigentes de la itpctu, en un comunicado librado el martes 24 por la Asociación Nacional de Empresas de Transporte Carretero por Autobús (Anetra) se da cuenta de media docena de detenciones y revisiones de ómnibus de pasajeros, en diferentes rutas, por piquetes de empresarios del transporte de carga.

Los piqueteros, tan denostados por casi todo el mundo -oposición y gobierno incluidos- cuando interrumpen el tránsito en Gualeguaychú, habían empezado a actuar, al menos de modo incipiente, en territorio nacional.
Una esencialidad discutible

Es prematuro evaluar la incidencia de cada uno de los tres principales factores que llevaron a la itpctu a levantar el conflicto en la noche del miércoles 25: la última fórmula ofrecida por el gobierno en respuesta a los reclamos de la gremial, la declaración de servicios esenciales y la división que fue creciendo en la interna de los transportistas, así como la deserción de algunos de sus aliados y el aislamiento en que los “empresarios huelguistas” fueron quedando en el conjunto de la población a medida que se sentían los impactos de su medida.

Valverde declaró que el gremio había obtenido finalmente una satisfacción de sus reivindicaciones, pero admitió que la declaración de esencialidad había sido decisiva; no se refirió, como era previsible, al debilitamiento del frente gremial.

En la resolución adoptada en la madrugada del miércoles 25 por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (mtss) -que lleva además de la firma de su titular, Eduardo Bonomi, la del ministro Rossi- se señala que las medidas de la itpctu “han afectado seriamente la normalidad en el abastecimiento de la población”; que han sido infructuosos “los ingentes esfuerzos realizados por las autoridades competentes, tendientes a encontrar una solución negociada al conflicto”; que la movilización “pone en grave e inminente riesgo a la población en virtud de que conduce al desabastecimiento de elementos vitales para la vida, la salud y la seguridad humana, y dada la magnitud alcanzada por dicha medida, se afecta seriamente el orden público”; y que tanto la doctrina como el Comité de Libertad Sindical de la oit “han entendido que un servicio es esencial cuando su interrupción puede causar un grave perjuicio público o aparejar el riesgo de provocar un infortunio colectivo, para toda o parte de la sociedad”.

La resolución declaró esenciales los siguientes servicios de transporte terrestre: “distribución de combustible en general; carga y distribución de alimentos y productos necesarios para su elaboración; carga y distribución de productos perecederos; garantizar las operaciones normales en puertos y aeropuertos comerciales; el transporte de insumos y residuos hospitalarios”, y cualquier otro transporte cuya interrupción, “a juicio del mtss, pueda causar un grave perjuicio público o aparejar el riesgo de provocar un infortunio colectivo para toda o parte de la sociedad”.

La resolución ministerial establece, con base en la legislación vigente, cómo se asegura el mantenimiento de los servicios esenciales: “La autoridad pública podrá disponer las medidas necesarias para mantener dicho servicio, recurriendo incluso a la utilización de los bienes y la contratación de prestaciones personales indispensables para la continuidad de los mismos, sin perjuicio de aplicar al personal afectado las sanciones legales pertinentes”.

De acuerdo con esta disposición, un transportista que no obedeciera la orden de la autoridad competente de efectuar determinado trabajo considerado esencial, podría ser sometido a la justicia y acusado del delito de desacato.

La Organización Internacional del Trabajo prevé, en efecto, la posibilidad de que un gobierno considere como servicios esenciales determinadas actividades, públicas o privadas, que no pueden dejar de cumplirse ni siquiera en caso de huelga. La oit siempre sostuvo que sólo pueden ser declarados esenciales aquellos servicios “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.

La jurisprudencia de la oit ha hecho siempre una interpretación muy restrictiva de esta definición, y en la mayoría de los casos en que recibió consultas específicas de gobiernos y sindicatos se guió por ese criterio, por entender que de otra forma se violarían los convenios 87 y 98 de la organización internacional y se vería afectado el derecho de huelga.

Los tres presidentes que precedieron a Vázquez recurrieron -alrededor de diez veces en total- al mecanismo de los servicios esenciales para sofocar conflictos sindicales.

Durante su primer gobierno, Julio María Sanguinetti los declaró en varias ocasiones; sólo en 1986 lo hizo en cuatro oportunidades, entre otras, respecto a los funcionarios de la seguridad social y a los de ANCAP. En ambos casos hubo consultas a la oit y ésta respondió que no se trataba de servicios esenciales.

En la legislación uruguaya, la declaración de servicios esenciales está prevista en una ley aprobada en 1968, durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco, que facultó a la Coprin, un organismo que funcionaba dentro del Poder Ejecutivo, a determinar qué servicios debían mantenerse en actividad en caso de paros o huelgas. Diez años después, en plena dictadura, un decreto-ley del Consejo de Estado transfirió esa facultad al Ejecutivo.

La aplicación de ambas normas, además de ser rechazada con vehemencia por el PIT-CNT, fue considerada inconstitucional por la Cátedra de Derecho Laboral, por entender que el derecho de huelga, consagrado en la Constitución, sólo puede ser limitado por una ley, y no por un simple decreto del Poder Ejecutivo.

La Cátedra de Derecho Laboral también ha sostenido que debe hacerse una interpretación restrictiva de este tipo de limitaciones al derecho de huelga. Ya a principios de los años sesenta, el profesor Francisco de Ferrari sostenía que sólo podían considerarse esenciales “los servicios relacionados con el suministro de la energía eléctrica, con la sanidad pública, con las aguas corrientes y, eventualmente, toda actividad cuya paralización, por cualquier circunstancia, pudiera representar para la sociedad un desastre general”. En el mismo sentido se ha pronunciado el catedrático Helios Sarthou (véase BRECHA, 19-XII-86).

La declaración de servicios esenciales con relación al transporte de carga adoptada en la madrugada del miércoles 25 no fue dispuesta por ley y ni siquiera medió un decreto del Poder Ejecutivo: fue una simple resolución del mtss.

Puede discutirse si la paralización total del transporte es capaz de afectar la salud de parte de la población, al producir el desabastecimiento de alimentos y otros productos esenciales, y también si el concepto de “huelga” es aplicable a una patronal, cuyas interrupciones de trabajo por reclamos a las autoridades se denominan “lock out”.

En cambio, en este caso habría una inconstitucionalidad desde el punto de vista formal, al haberse dispuesto la esencialidad de los servicios mediante una resolución ministerial.
Un gremio dividido y aislado

La resolución de parar por tiempo indeterminado fue aprobada en una votación dividida: 13 gremiales apoyaron la medida y siete se pronunciaron en contra. Hubo además algunas organizaciones muy importantes que no estuvieron de acuerdo con la medida, y desde el primer momento presionaron para levantarla, como la Asociación de Fleteros de Combustibles (Aflecom) y la Anetra.

Ya en la mañana del primer día de movilización de los empresarios transportistas, personal contratado por la empresa cutcsa -cuyo presidente, Juan Salgado, mantiene un buen vínculo con el ministro Rossi- distribuyó en varias paradas estratégicas un volante que decía: “Dejá de caminar. Subite al ómnibus. Apoyá la rebaja del boleto”. Los ómnibus colocaron en sus parabrisas un cartel con la misma leyenda.

En la tarde de ese mismo día se produjo la primera deserción: la del Gremio Único del Taxi (GUT), que agrupa a propietarios de vehículos con taxímetro y preside Óscar Dourado. Cientos de taxis habían rodeado el Palacio Legislativo pero se retiraron de allí después de que varios dirigentes decidieron levantar el conflicto, incluso antes de consultar a la asamblea. Dourado y algunos otros directivos entendieron que se había interpretado que la movilización tenía un carácter político y que era contra el gobierno, por lo que postergaron sus “peticiones” (SIC) hasta después de la celebración de la Cumbre Iberoamericana, a fin de no perjudicar la imagen del país.

El procedimiento heterodoxo de Dourado le generó duros reproches cuando finalmente se realizó la asamblea, pero ésta terminó respaldando su posición.

El martes 24 todas las gremiales de la construcción, encabezadas por la propia Cámara de la Construcción, hicieron llegar por escrito a la itpctu su discrepancia con la movilización que estaban llevando a cabo.

“Rechazamos el paro como mecanismo de presión, sea quien sea quien lo promueva y lo lleve adelante”, escribieron. Señalaron que, de persistir la medida, deberían enviar al seguro de paro a no menos de 20 mil trabajadores antes de fin de mes y a otros 25 mil una semana después. Y concluyeron: “No podemos admitir, callados la boca, que se tome de rehén a la sociedad toda y en particular a la construcción”.

También el martes 24 el PIT-CNT realizó una movilización contra el paro de los empresarios transportistas y en defensa de la institucionalidad. Hubo una detención parcial de actividades de cinco horas y un acto en la Avenida del Libertador, en el cual varios dirigentes se expresaron en términos muy duros con respecto a los patrones del transporte de carga. Gustavo López, del suatt, recurrió a la misma metáfora que usó Wilson Ferreira Aldunate en 1984, en su discurso de Concordia, con relación a los militares de la dictadura: “Si no se van solos, los vamos a echar a patadas”.

Ese mismo día, la Mesa Representativa del PIT-CNT, por aclamación, aprobó una resolución en la que deja expresa constancia de que “el movimiento sindical actúa desde la independencia de clase” y “tiene claro que la fuerza política que hoy está en el gobierno y el movimiento sindical no son la misma cosa”. Señala que “sí son parte de un proceso de acumulación de fuerzas que básicamente se consolidó a partir de la unidad, organización y lucha del movimiento social y popular”. En consecuencia, “entendemos que se deberá continuar profundizando en la aplicación del programa de cambios, que implica una modificación de la política económica de cara a un país productivo y con justicia social”. Se afirma, asimismo, que “nuestra clase continuará movilizándose en defensa de la democracia, que puede y debe continuar profundizándose. El camino sigue siendo la expresión organizada y movilizada de la clase trabajadora y el pueblo por sus reivindicaciones y levantando un programa popular y democrático”.

Un balance muy preliminar de este agitado octubre muestra que el gobierno de Tabaré Vázquez salió airoso de uno de los conflictos más difíciles que debió afrontar desde que asumió: logró mantener su proyecto inicial de financiar la rebaja del precio del boleto con un procedimiento establecido por un decreto cuya derogación exigían al principio los empresarios del transporte de carga, marcó su firmeza y a la vez su voluntad negociadora (en este sentido debe recordarse que los gobiernos anteriores se negaban a cualquier diálogo con movilizaciones callejeras), y vio reforzada su alianza estratégica con el movimiento sindical, con el cual es previsible que tenga en los próximos tiempos conflictos como los que ya ha tenido.

Pero además infligió una derrota a los partidos tradicionales y a las organizaciones sociales más conservadores, habida cuenta de que, en las actuales -y previsiblemente en futuras- relaciones entre el oficialismo y la oposición, los logros de una de las partes debilitan a la otra.