Los investigadores académicos que nos ocupamos por décadas de la historia y la cultura Argentina estamos consternados. Indignados. Preocupados. Al momento de escribir estas líneas, la policía dispara con balas de goma sobre niños y adolescentes.

Como en un raid, las fuerzas de seguridad penetraron en un barrio humilde, donde los vecinos se habían reunido para uno de los pocos momentos de felicidad que les da la vida: el ensayo para un desfile de carnaval. La policía comenzó a disparar a todo lo que se movía. Sin causa, sin previo aviso. Puro terror.

Desde que asumió Mauricio Macri prevalece en Argentina un clima que no se vivía para el país desde los años sangrientos de la última dictadura militar. Al amparo del receso parlamentario anual, con el pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas, el Presidente ha declarado una emergencia nacional que permite el desempeño de las fuerzas militares en asuntos de seguridad interna, y que incluso permite el derribo de los aviones de pasajeros sin previo aviso.

Nadie puede salir de casa sin papeles. Ni siquiera México fue tan lejos en respuesta a la amenaza del crimen organizado – esto es Buenos Aires, junto a Montevideo, la capital más segura de América Latina. También por decreto y claramente excedido en sus competencias constitucionales, Macri designó a dos jueces federales y derogó la ley para regular los monopolios de medios de comunicación.

Ni siquiera bajo la dictadura militar hubo una concentración tan alta de canales en un solo grupo como la de hoy. Un sinnúmero de periodistas críticos, o simplemente no afines al oficialismo han sido despedidos – no sólo de la radio y la televisión públicas, incluso en medios privados que fueron amenazados con el retiro de pauta. Mientras que las retenciones a exportaciones agrícolas fueron levantadas y la devaluación del peso llevó a una masiva redistribución a favor de los sectores más ricos, en el aparato estatal una ola de despidos ha comenzado. Cerca de 25.000 personas han perdido ya sus puestos de trabajo (como tantos otros en el sector privado); la mayoría de ellos como parte de una campaña de limpieza contra adversarios políticos.

Los más afectados son las estructuras de apoyo del gobierno y la defensa de los derechos humanos: varias dependencias y secretarías de los ministerios están cerrados. Al mismo tiempo, ex funcionarios de la dictadura militar, sospechados de estar implicados en violaciones a los derechos humanos han sido designados para ocupar cargos.

El Presidente negó una audiencia a las organizaciones de derechos humanos, incluyendo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Asimismo, el Ministro de Cultura del gobierno de la Ciudad (aliada) de Buenos Aires afirmó que el número de desaparecidos de la última dictadura civíco-militar era una “mentira fabricada en una mesa de negociación con el fin de obtener subsidios”.

En este clima de intimidación también sobreviene la violencia policial ante las protestas de los sindicatos, los desempleados y los movimientos sociales. El pico de resistencia a la oposición política se manifestó en el encarcelamiento de la activista indígena y miembro del Parlamento del Mercosur (Parlasur) Milagro Sala, tras montar un acampe solicitando una audiencia con el gobernador de la provincia de Jujuy, aliado de Macri, Gerardo Morales. El gobernador había declarado ilegal el funcionamiento de las cooperativas de viviendas indígenas y amenazado con retirar el apoyo del gobierno.
Tras los llamados de atención contra el arresto de Sala, por parte de Amnistía Internacional, el Parlasur y el Parlamento Europeo, el poder judicial respondió con el endurecimiento de las condiciones de reclusión de Salas y la detención de otros activistas.

El gobierno de Mauricio Macri no carga, precisamente, con un tinte post-ideológico que se caracterice por lo templado. Se muestra liberal y afín a perseguir las directrices de las corporaciones financieras internacionales. Su programa consiste en quebrar la libertad de la prensa, la cooptación del poder judicial, la persecución de los disidentes, y los violentos aplastando toda resistencia. Como ex-presidente de un importante club de fútbol y propietario de un imperio financiero, con aceitados vínculos que van desde los barrabravas hasta el entramado judicial, y docenas de casos de corrupción y espionaje ilegal (a familiares de las víctimas del ataque a la AMIA), Macri no parece tener nada en común con Mandela. Es más bien un Berlusconi Sudamericano: un magnate que desprecia la democracia.

En menos de dos meses, el gobierno de Macri tiene el mayor retroceso en materia de derechos humanos desde el final de la dictadura militar en Argentina en 1983. Esto no es una “revolución feliz”: se trata simplemente de la Revolución de balas de goma.

Sus proyectiles están dirigidos al corazón del proceso democrático en Argentina y en toda la región.

Frente a el totalitarismo la presión internacional es una de las pocas armas que nos quedan. En nombre de la democracia y los derechos humanos, la libertad de prensa y el derecho a la información, pedimos a nuestros colegas en la prensa, el campo cultural y las ciencias sociales y técnicas: llamen la atención a sus lectores, estudiantes y público sobre el estado antidemocrático y represivo de la Argentina de Mauricio Macri.

La revolución de balas de goma no tiene nada de revolucionario. No son sólo balas. Y son de goma hasta ahora. Hasta nuevo aviso.

Brigitte Adriaensen (Universiteit Nijmegen)

Jens Anderman (Universidad de Zurich)

Ben Bollig (Universidad de Oxford)

Geneviève Fabry (Universidad Católica de Lovaina)

Liliana Ruth Feierstein (Universidad Humboldt de Berlín)

Anna Forné (Göteborgs Universitet)

John Kraniauskas (Birkbeck College, Universidad de Londres)

Emilia Perassi (Università degli Studi di Milano)

Kathrin Sartingen (Universidad de Viena)

Dardo Scavino (Université de Pau et des Pays de l’Adour)

Geschichte der gegenwar de Suiza - 7 de febrero de 2016