El aún irresuelto conflicto entre un sector significativo de agentes económicos del espacio social rural argentino ha conmovido a la opinión pública. El conflicto comenzó con una disposición oficial unilateral que, sin discriminar entre los productores, elevó las retenciones a la soja y el girasol y redujo las del maíz y el trigo. Tales disposiciones afectaron, especialmente, a la soja, cultivada en crecientes áreas desde mediados de la década pasada. Esta producción se concentra en la Pampa Húmeda, con desplazamientos hacia el norte y el oeste del país; y es protagonizada por dueños de la tierra o arrendadores de la misma. Estos últimos ocupan hoy un 70% de la superficie bajo explotación. En el imaginario colectivo de los argentinos ese es el "campo".

No nos interesa, en esta contribución, discutir la decisión oficial ni las reacciones de productores y otros actores de la vida nacional. El Proyecto Estratégico de la UBA Plan Fénix ya se ha expedido en un documento, que lleva mi firma. Creo que es importante, por el contrario, abordar la cuestión a partir de la estructura constitutiva de lo comúnmente denominado" campo" para conocer en profundidad su compleja trama socio-productiva .

En recientes trabajos sobre temas rurales se nos informa acerca de dos cuestiones clave para entender el perfil social del sector agrario argentino. En el primero ("Los pequeños productores en la República Argentina", de Edith S. de Obschatko, Pilar Foti y Marcela Román) con cifras del Censo Agropecuario del año 2002, se comenta que de 330.000 explotaciones productivas en la actividad agropecuaria de todo el país, 219.000 eran pequeñas unidades de producción, o sea el 66% del total. Esa singular cantidad de explotaciones sólo concentraba el 13,5% de toda la superficie ocupada para la producción sectorial.

En algunas regiones tal elevada incidencia era mayor. Crecía al 87% en la Puna, al 83% en los valles del Noroeste Argentino y el 84% en el Chaco seco, la zona conocida como el Impenetrable, monte natural situado en el occidente de la provincia. Luego se encontraba la Mesopotamia, con el 79% y,finalmente, el área chaqueña dedicada históricamente al algodón, que registraba un 73% de pequeños agricultores.

Según el mismo estudio, de los pequeños productores, sólo la quinta parte (el 21%) tenían capacidad de reproducción ampliada, es decir podían crecer en base a la capitalización de sus beneficios. El resto, casi el 80%, o sea más del 50% de todos los productores agrarios del país, eran incapaces de sobrevivir con los ingresos normales y la mayoría de ellos debían trabajar fuera de su predio para alimentar a su familia.

Los productores rurales argentinos que, en el año 2002, vivían, con sus familias, bajo la línea de la pobreza eran poco más de 136.000, o sea el 40% del total. En el norte la situación era aún más grave. La pobreza llegaba al 61% en el Noreste y al 62% en el Noroeste.

Este panorama marca con letras indelebles la extrema heterogeneidad estructural del agro argentino , si se considera a todos sus integrantes. Veamos un dato posterior. En el año 2005, bajo mi coordinación, se realizó un estudio sobre el crédito rural ("Acceso de los pequeños productores al crédito formal e informal", junto a Pilar Foti e Inés Liliana García). Así, relevamos la situación económica y social de la pequeña producción en Chaco y Tucumán, mediante una encuesta por muestreo representativo.

Nos dio, entre muchos otros datos relevantes (como que los propietarios legales de la tierra no superan el 50% del total) que los pequeños productores rurales de ambas provincias eran, en un 90%, pobres. Es decir, la situación social de los más débiles de las respectivas cadenas productivas no mejoró entre 2002 y 2005 pese al cambio positivo de la política económica.

¿Qué nos dice toda esta información? Un caudal muy grande de productores no está en condiciones de acceder a un ingreso digno con su actual esquema productivo, en el que predominan relaciones desiguales de poder con intermediarios comercializadores y se aprecia una extendida incapacidad de acumulación para modificar el perfil productivo. Y, por supuesto, ninguno produce soja porque si fuera así no serían pobres.

Es evidente que hay más de un tipo de "campo" en la Argentina. El que acabamos de describir no pertenece al universo de los 70.000 afortunados productores de la soja por lo que sus reclamos pasan por otra dimensión. El reclamo de tales castigados componentes del sector agrario pasa por reivindicar la adopción de un precio mínimo o sostén de los bienes que cultivan o animales que crían, por la provisión de bienes públicos necesarios para elevar su nivel de vida, por la construcción de infraestructura para disminuir costos, por el cuidado del ambiente, por el cese del desmonte indiscriminado en el norte boscoso, por la presencia de estructuras asociativas para reforzar el poder de negociación frente a monopolios u oligopolios dueños de insumos y saber técnico indispensables en el proceso de producción, etc.

Este modelo de "campo" es sustancialmente diferente del que conocimos durante el conflicto agrario. Las políticas globales pueden tener componentes similares pero las específicas deben atender, en especial, a los menos afortunados que residen, en su gran mayoría, en sus predios con sus familias, a la espera de mejor porvenir. Es de esperar, entonces, una urgente puesta en marcha de una estrategia de Desarrollo Rural que los tenga en cuenta.

[i]*ECONOMISTA, INVESTIGADOR CEUR/CONICET[/i]

Fuente: Clarin - 22/04/08