El gobierno busca que la mesa de diálogo con la cadena del maíz empiece a dar frutos concretos en base a las siguientes herramientas: 1) un fideicomiso para que los exportadores subsidien una pequeña parte del precio que paga la industria que transforma el maíz en proteína animal; 2) un sistema de garantías para que la industria local pueda competir por la compra del maíz en mejores condiciones frente a los exportadores y 3) el compromiso de los acopios de exportadores de no vender al exterior más de 30 mil toneladas diarias hasta que se estabilice la provisión en el mercado interno. Mientras tanto, la política y las viejas enemistades juegan y así la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria se posan sobre el grupo más duro de productores para amenazar con profundizar el lockout.

A última hora del domingo, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo entre exportadores de cereales y productores avícolas, entre otros, para "garantizar el abastecimiento del grano al mercado interno, por lo cual resolvió dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de exportaciones". En realidad, el gobierno fijó un límite de registro de 30 mil toneladas por día, "a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna" y abrió el juego para comenzar una agenda de trabajo, volviendo parcialmente sobre sus pasos que marcaron el cierre de la exportación hasta marzo. 

La Mesa de Enlace rechazó la medida porque el límite de 30 mil toneladas diarias "presupone un buque de los chicos por día y con el agravante de que no sabemos cuál es la duración de esta medida", dijo Carlos Achetoni, titular de Federación Agraria.

"Se dialoga con los que dialogan. Hay una señal del gobierno hacia la mesa de negociación y va quedando claro que a la Mesa de Enlace no le interesa el diálogo sino únicamente que atendamos sus proclamas", dicen cerca del ministro de Agricultura, Luis Basterra. 

La agenda

El gobierno negocia con la cadena del maíz que políticamente está encuadrada en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). En la mesa están sentados los productores de maíz representados por Maizar, los exportadores de Ciara, los acopios y la industria transformadora, en donde el sector aviar tiene el mayor protagonismo. Este martes volverán a encontrarse en una mesa de negociación, bajo la dirección del Gobierno.

Estos actores están ideando un fideicomiso similar al que se acordó para el caso del aceite. La intención es que los exportadores aporten un determinado porcentaje de la venta externa del maíz y que ese valor permita subsidiar la compra de maíz en el mercado interno por parte de la industria que lo utiliza como insumo, particularmente, para la industria del pollo y de los huevos de gallina. El esquema se completa con los Precios Cuidados, que ponen un límite a la venta en las góndolas.

El subsidio cruzado, que deriva de un acuerdo entre privados, tiene la ventaja para el gobierno de que no necesita utilizar fondos públicos. Si eso no funciona, advierte, se pueden tocar las retenciones y con ese dinero sostener los precios internos. El principal argumento oficial radica en que a partir del dólar caro y de los altos precios de los commodities, el agro está en una posición muchísimo más fuerte que la mayor parte de la sociedad, que pena por la falta de trabajo en medio de la crisis.

Desde el agro advierten que el peso del maíz en el precio final del kilo de pollo es como mucho un 20 por ciento. Con lo cual un cambio en unos puntos porcentuales del precio del maíz tiene un efecto concreto muy bajo sobre los valores de góndola. Sin embargo, en el gobierno consideran que se trata de señales importantes en la formación de los precios que permiten un control de precios en los eslabones siguientes.

Otra herramienta que se discute es potenciar el sistema de garantías públicas en favor de los productores avícolas, para que reduzcan su riesgo ante los proveedores (acopios y celealeras) y mejoren las condiciones de compra para ser más competitivos frente a la demanda de maíz para la exportación. El reflejo de esa falta de competitividad se ve en los precios que venía enfrentando el mercado interno, muchas veces de 20 o 21 mil pesos a 60 o 90 días frente a los 19 mil pesos a los que compraba la exportación.

Por otro lado, hay un compromiso de parte de acopios y cerealeras de no exportar más de 30 mil toneladas diarias hasta tanto se pueda recomponer la oferta para la demanda interna. Estos puntos se podrían traducir en las próximas horas en un acuerdo firmado con el CAA, lo cual dejaría expuesto el diálogo con un sector muy amplio del agro y, por el contrario, la autoexclusión de la Mesa de Enlace (sin Coninagro) en las discusiones.

^{Página/12 - 12 de enero de 2021}