La crítica situación en que el gobierno de Cambiemos está colocando a nuestro país a medida que avanza en sus políticas de exclusión, debemos analizarla como un eslabón en la ofensiva que el imperialismo está llevando adelante en toda la región para intentar poner fin a lo realizado, con sus matices y diversos niveles de profundidad, por los gobiernos progresistas o de izquierda.

Para analizar la dimensión y las características de esta ofensiva sobre América latina y el Caribe, debemos tener en cuenta el contexto global en el que se desarrolla la misma, signado por la continuidad de la mayor crisis de la historia del capitalismo. Una crisis que abarca aspectos financieros, energéticos, culturales y económicos, con fuertes consecuencias en términos humanitarios, ambientales y alimentarios para gran parte de la humanidad.

Estos factores constituyen una única y gran crisis, con múltiples facetas y abarcadora: la crisis civilizatoria del capitalismo.

No se trata sólo de un fenómeno estadounidense impactando sobre el resto del mundo, si bien tiene su centro en EE.UU, donde el triunfo de Donald Trump es un claro síntoma de la misma, producto de una sociedad modelada y arrasada por la hegemonía de la globalización neoliberal financiera, sino que constituye un proceso planetario, sistémico y sus efectos se manifiestan en todo el planeta.

Así, por ejemplo, vemos cómo la Unión Europea (UE) cruje (plebiscito en Escocia, triunfo del Brexit, avance de grupos neofascistas en varios países) mientras se intenta acusar como responsables a los mal llamados migrantes, que son en realidad desplazados por las políticas militaristas y de saqueo del imperio y sus socios, que buscan refugio en algún lugar donde el hambre no sea una realidad cotidiana, las enfermedades no los azoten y las bombas no caigan sobre ellos.

El capitalismo hambrea y bombardea poblaciones enteras y destruye países con ejércitos mercenarios, con la “otanización” de los países del ex pacto de Varsovia, y luego pretenden, con métodos militares represivos y con discursos xenófobos, impedir la llegada de refugiados.

Una expresión más de la crisis en la que el imperialismo, para sostener su mellada hegemónica, recurre cada vez con más asiduidad a bombardeos, invasiones, golpes blandos, planes de desestabilización, provocando una suerte de tercera guerra mundial en partes. Como se ha visto a lo largo de la historia, un imperio en crisis, se vuelve más salvaje, más peligroso.

En nuestra región, esta ofensiva ya cuenta en su haber con los derrocamientos, a través de los mecanismos de los llamados “golpes blandos”, de los gobiernos de Honduras, Paraguay y Brasil, a lo que se suman los intentos de desestabilización en Bolivia, Ecuador y El Salvador, políticas que se manifiestan con mayor claridad y virulencia en la ofensiva cotidiana contra el gobierno de Venezuela.

En nuestro país, donde contamos con la particularidad de que la derecha llegó al gobierno por medio de elecciones, la situación política, económica y social sigue agravándose día a día a medida que el gobierno de Cambiemos continúa avanzando en sus políticas de ajuste, entrega y represión.

Con el declarado objetivo de disminuir el “costo argentino” que en el diccionario gubernamental no significa otra cosa que bajar los salarios, se buscan crear las condiciones para avanzar en la flexibilización laboral horadando los derechos de los/las trabajadores/as.

La reciente reforma laboral aprobada en Brasil tiene la misma matriz que las políticas impulsadas por el gobierno en la Argentina.  

En Brasil, una vez consumado el golpe político, económico y mediático que impuso el impeachment contra Dilma Rousseff, entre las diversas medidas regresivas tomadas por la administración de Temer, se aprobó una enmienda constitucional que limitó el aumento del gasto público durante los próximos veinte años de acuerdo con la tasa de inflación del ejercicio anterior, provocando un fuerte ajuste en esta área a la cual se ha sumado recientemente, la aprobación por parte del Parlamento de la mencionada reforma laboral que retrotrae la situación de los trabajadores y trabajadoras a la existente en el siglo XIX.

Entre los puntos centrales de la nueva ley laboral aprobada en Brasil, se establece, por ejemplo, la potestad de las patronales de negociar directamente con los trabajadores sus salarios y condiciones laborales más allá de su representación sindical, estableciendo uno de los puntos nodales de la reforma: destruir la organización de los trabajadores, ya que estos acuerdos por sector, empresa o individuales, pasan a prevalecer sobre las convenciones colectivas.

En el mismo sentido, la contribución sindical, hasta ahora obligatoria y equivalente a un día de salario al año, pasa a ser voluntaria y se flexibilizan las condiciones de despido estipulando que el monto de las indemnizaciones no tendrá como referencia el salario del trabajador, mientras que el período del preaviso baja de 30 a 15 días.

La nueva legislación cambia las reglas de los litigios laborales, el trabajador que litigue deberá manifestar cuál es la indemnización a la que aspira acceder al fin del juicio y si este no le es favorable, deberá pagar sus costas.

Como si esto fuera poco, se habilita la jornada laboral de 12 horas, el tiempo de almuerzo o descanso durante la jornada laboral puede ser reducido a 30 minutos y las embarazadas podrán ser obligadas a trabajar en ambientes no del todo salubres si se presenta un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto.

Una reforma flexibilizadora que debe ser leída como un verdadero elogio a la explotación. Una reforma que refleja el modelo de flexibilización laboral que se intentará imponer en la Argentina, respondiendo a la misma matriz ideológica que el gobierno de Temer. No casualmente, a pocas horas de que se había perpetrado en el Senado brasileño la votación que daba inicio al juicio político contra Dilma Rousseff y la suspendía en su cargo, la Cancillería argentina dio a conocer un comunicado en el que manifestaba su apoyo a este proceso y fue el primero en reconocer al gobierno de Temer, con la misma celeridad con que se manifestó desconociendo la elección constituyente realizada en Venezuela.

No debemos pasar por alto que, en realidad, en nuestro país nos enfrentamos a un sistema político que, para llevar adelante su modelo de exclusión, basado en el ajuste, la entrega y la represión, excede a Cambiemos, proyecto encabezado por el PRO, y que sería prácticamente inviable sin el respaldo y apoyo territorial de la UCR y de importantes sectores del justicialismo.

Estos sectores son partícipes del sistema de acuerdos con el macrismo que le ha otorgado a éste una importante gobernabilidad en la primera mitad de su gestión. Una gobernabilidad que ha facilitado las políticas de ajuste, avalando los despidos, suspensiones, los recortes a los jubilados y pensionados en el acceso a medicamentos, la devaluación permanente y a las políticas de recorte en salud, educación, investigación y desarrollo científico entre otras.

Uno de los pilares centrales de la política gubernamental pasa por el gigantesco endeudamiento que está contrayendo. Un endeudamiento que, como hemos visto a lo largo de nuestra historia, hipoteca dramáticamente el futuro y aparece como un claro ejemplo de la entrega y resignación de soberanía que se está llevando a cabo. Esto queda explicitado en la denuncia presentada por el Instituto Arturo E. Sampay, a través de los abogados Jorge Cholvis, Arístides Corti y Eduardo Barcesat, quienes en una demanda judicial acusan al presidente Mauricio Macri y a los funcionarios de Cambiemos que llevaron adelante las negociaciones para contraer deuda, de hipotecar los recursos naturales de la República como garantía de pago.

En la denuncia se advierte que, según los acuerdos firmados, ante un escenario de default en el cual pudiera ingresar la Argentina, los tribunales intervinientes serán los de Nueva York (Estados Unidos), Londres (Reino Unido) y Suiza, y en caso de ser necesario, queda habilitado el remate de los recursos naturales para cumplir con los compromisos financieros tomados con los acreedores. Un tema que se vuelve cada vez más acuciante ya que, según datos del INDEC, la deuda externa pública y privada de Argentina llegó en marzo de 2017 a US$ 204.509 millones, incrementándose 16% respecto de igual mes del año anterior.

En este marco, la deuda pública externa del Gobierno nacional alcanzó USD 128.482 millones, lo cual representa un alza de 40% frente al primer trimestre del año pasado. Como decíamos, una verdadera hipoteca sobre el futuro cercano del país.

Queda muy claro el nivel de conflictividad social que provocan proyectos de este tipo. Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, fue resultando evidente que este se preparaba para un escenario de represión. Desde Cresta Roja, pasando por la Escuela Itinerante hasta PEPSICO, son muchas las protestas de trabajadores que han sido reprimidas. Para ello, se han gastado enormes sumas en el equipamiento de las fuerzas represivas y se fortalece un discurso que hace centro en la necesidad de resguardar el “orden” y disuadir de cualquier forma a los manifestantes.

Como contexto, el remanido discurso sobre la inseguridad, el protocolo antipiquetes, el intento de imponer el 2x1 en la condena a los responsables del sistemático plan de terror, desaparición, asesinato y robo de bebes en la última dictadura cívico-militar y el impulsar proyectos como la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, buscan generar un clima de disciplinamiento y amedrentamiento sobre el conjunto de la sociedad.

El injusto encarcelamiento de Milagro Sala en Jujuy es un ejemplo paradigmático de esta política que busca imponer la impunidad para el poder y la criminalización de la protesta social.

Esta forma represiva de enfrentar las lógicas consecuencias de un modelo de exclusión son parte de nuestra historia en gestiones de la derecha. Y el macrismo tiene claros antecedentes en este sentido. Vale recordar la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), en la Ciudad de Buenos Aires en 2008. Este cuerpo tenía el objetivo declarado de “mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la norma vigente y las sanciones correspondientes” y “colaborar operativamente en mantener el orden”, entre otras responsabilidades. Por un breve período, la UCEP pasó a ser, para el gobierno de la ciudad, una fuerza de choque propia, funcional a sus políticas, actuando en las sombras, en la madrugada, buscando “limpiar” la ciudad de toda la pobreza y marginalidad generada por el sistema y que el gobierno prefiere barrer bajo la alfombra.

Hoy, cuando aumenta día a día la cantidad de personas en situación de calle, experiencias como esta proyectan su amenaza y recuerdan cómo actúan quienes entienden la política y el Estado desde la lógica de lo privado, del interés particular, como instrumento represivo en favor de sus intereses. La consecuencia lógica de estos planes de ajuste y entrega es conocida. Solo conducen a la represión frente al conflicto.

La construcción de una alternativa política, frentista, programática, amplia en su composición y profunda en sus contenidos resulta cada vez más urgente.

* Sociólogo. Director Adjunto del Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor P. Agosti (CEFMA).