Cuatro meses después de que Pedro Castillo Terrones recibiese la banda presidencial, el Congreso de la República asistió al primer intento de destituirlo de su cargo. Al final de la sesión, la balanza se inclinó de manera definitiva a favor de la continuidad del mandatario. Además de los miembros de los tres partidos políticos que impulsaron la medida —Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, los mismos que poco tiempo antes pretendieron desconocer los resultados de la segunda vuelta electoral, alegando «fraude»—, solo votaron a favor de admitir la vacancia presidencial tres congresistas más. Este resultado, sin embargo, está lejos de significar la existencia de un Ejecutivo fuerte y con alianzas sólidas. La realidad es que Castillo se ha ido volviendo cada vez más débil y solo en su propio gobierno.

Durante la sesión para admitir el pedido de vacancia, la congresista Patricia Chirinos (del partido Avanza País), autora de la iniciativa, hizo su último esfuerzo para conseguir los votos que le hacían falta, hablándole a cada una de las bancadas que habían dejado abierta la posibilidad de apoyar la moción semanas atrás. «¿Van a proteger a un presidente con claros indicios de corrupción, a pesar de que sus propias bases lo señalan como desleal por entregar el poder a los caviares que nos gobiernan desde hace años? Reflexionemos y pensemos en los que están afuera, en el pueblo», fueron las palabras que Chirinos le dedicó a la bancada de Perú Libre, que llegó al Parlamento de la mano del mandatario solo unos meses atrás.

La ruptura con Perú Libre

La tarde del 6 de octubre pasado y en un mensaje a la nación, Pedro Castillo anunció que «poniendo al Perú por encima de toda ideología y posiciones partidarias aisladas», había aceptado la renuncia de Guido Bellido al cargo de presidente del Consejo de Ministros. La decisión ya era un rumor desde varios días antes. Bellido no era un primer ministro especialmente impopular entre la población —su aprobación se encontraba en el promedio de quienes han ostentado el cargo en el pasado—, pero era rechazado por los grandes medios de comunicación, el establishment político, los grupos empresariales y un sector antifujimorista liberal. Además de los antecedentes con los que cargaba —una denuncia por apología al terrorismo y una serie de declaraciones homófobas y machistas—, su liderazgo en el Ejecutivo causaba el disgusto de los grupos mencionados porque significaba la presencia de Perú Libre en el gobierno.

Y es que después de que Castillo fuera proclamado oficialmente como presidente de la República, los sectores opositores que aceptaron los resultados, los partidos políticos que se mantuvieron al margen de la campaña —manifestando su rechazo por los dos candidatos en contienda— y un sector de la población que votó por él en rechazo a Keiko Fujimori, apostaron por la «desradicalización» del programa de gobierno del nuevo jefe de Estado.

Tomando en cuenta la historia política del país, aquella expectativa no era descabellada. El politólogo Yusuke Murakami se ha referido a la dinámica de «entrar por la izquierda y salir por la derecha» de la política peruana, en referencia a la distancia entre las promesas electorales y las políticas gubernamentales de varios presidentes a partir de la década de 1980. La diferencia era que, en este caso, la presión por el abandono de un proyecto de cambio radical se concretizó en la demanda de apartar al partido oficialista del gobierno. Sin ese alejamiento, sostenían quienes la reclamaban, el respeto a la institucionalidad y a la estabilidad macroeconómica que Pedro Castillo aseguraba que sería garantizada durante su mandato, era solo una farsa, ya que Perú Libre, liderado Vladimir Cerrón, se autodefinía abiertamente como un partido de izquierda socialista, con una adscripción «marxismo leninismo» bastante sui géneris y sus cuadros no desaprovechaban ninguna oportunidad para recordar que su objetivo mayor era el de redactar una nueva Constitución mediante la convocatoria de una Asamblea Constituyente. 

En los hechos, desde la campaña de segunda vuelta Perú Libre fue perdiendo cada vez más protagonismo en el proyecto liderado por Pedro Castillo. Con el objetivo de convencer a un electorado más moderado, su programa de gobierno inicial fue reemplazado por el «Plan de Gobierno Perú al Bicentenario-Sin corrupción», un documento en el que se planteaban medidas para los primeros 100 días y que tomaban varias de las propuestas de Juntos por el Perú —el partido que postuló a Verónika Mendoza durante la primera vuelta—, que se sumó a apoyar la candidatura de Castillo. Si bien este nuevo plan fue consensuado entre las dos fuerzas de izquierda —el mismo Roger Najar, brazo derecho de Vladimir Cerrón fue quien coordinó el equipo de trabajo— poco a poco se fue generando recelo en Perú Libre, que se iba sintiendo desplazado.

Por otro lado, ante los constantes ataques de la fujimorista Fuerza Popular que aseguraba que debido al amateurismo del profesor sería Vladimir Cerrón –el secretario de Perú Libre— quien «gobernaría en las sombras», Castillo optó por alejarse de él y de su núcleo cercano. En sus apariciones se le veía básicamente con sus nuevos aliados. El rechazo a Cerrón llegó a tal punto que algunos aliados, en declaraciones a medios de comunicación, condicionaron u apoyo a la lejanía del líder de Perú Libre.

Bellido, congresista oficialista y dirigente del partido, fue, junto a otros dos correligionarios, la cuota de Perú Libre en el primer gabinete. La influencia del partido oficialista no llegó a más. Durante sus 69 días de gestión, la debilidad de Bellido se hizo evidente: no tuvo la autoridad para definir una línea de gobierno, por lo que cada uno de sus ministros trabajó en su cartera sin ningún tipo de organización con otros sectores, y los pedidos de remoción de un par de ministros, que hizo al presidente, fueron ignorados.

Fueron dos escándalos los que definieron su salida. El primero fue la invitación a apartarse de su cargo que le hizo al ministro de Relaciones Exteriores  Óscar Maúrtua a través de Twitter, después de que su viceministro sostuviera que el país no reconocía ninguna autoridad legítima en Venezuela. El segundo fue la advertencia que le hizo al Consorcio Camisea de nacionalizar los yacimientos de gas natural que explotaba si no aceptaba renegociar los contratos en favor del Estado peruano, a pesar de que Castillo había reiterado que su gobierno no recurriría a dicha medida.

La salida de Guido Bellido no causó sorpresas, pero sí lo hizo la composición del nuevo gabinete, ya que no solo el Consejo de Ministros tenía como titular a alguien que no pertenecía a Perú Libre, sino que no había ninguna representación del partido en él. Dentro del nuevo gabinete se había designado como ministra de Trabajo a Betsy Chávez, una parlamentaria que, si bien formalmente pertenecía al partido, en la práctica se encontraba separada de este. Chávez no era la cuota de Perú Libre, sino más bien una afrenta para ellos. 

La abogada, ambientalista y defensora de derechos humanos Mirtha Vásquez Chuquilín fue la elegida para reemplazar a Bellido. Vásquez tenía como antecedente haber ocupado el cargo de presidenta del Congreso desde noviembre de 2020 hasta julio de este año, durante la gestión de Francisco Sagasti en la Presidencia de la República. Era una figura de izquierda que proyectaba una imagen consensual, pues durante su liderazgo el Parlamento mantuvo una relación cordial con el Ejecutivo, una situación inusual en la política peruana de los últimos años. La aprobación de Mirtha Vásquez dieron, en un primer momento, la sensación de un mayor respiro para el gobierno de Castillo. La nueva primera ministra contó con una aprobación del 49% en los niveles socioeconómicos A y B y con el 41% en la ciudad de Lima, cifras mucho más altas de las que tenía Bellido y con las que contaba el propio Castillo. En el mismo sentido, los gremios empresariales y varios medios de comunicación saludaron el nombramiento.

Sin embargo, en la correlación de fuerzas entre Ejecutivo y Legislativo, el cambio de gabinete no fue beneficioso para el presidente. El nuevo Consejo de Ministros logró la investidura en el Congreso con apenas 68 votos, cinco menos de los que logró el liderado por Bellido. En la bancada oficialista, 16 miembros pertenecientes a la facción de Perú Libre votaron en contra de la cuestión de confianza. Perú Libre ha denunciado que la conformación de lo que denomina un «gabinete caviar» es una traición al partido y al pueblo. Ya antes de este hecho mayor, varios de los dirigentes habían tenido expresiones similares sobre algunos aliados. Sin embargo, las hostilidades fueron creciendo conforme su influencia en las decisiones de gobierno se fueron reduciendo. «Caviar», a decir de los miembros de Perú Libre, se trataría de una categoría que entrecruza ideología, clase y raza: la izquierda reformista, cultural y étnicamente alejada de las mayorías populares, que no sabría cómo incorporar los cambios que reclama el pueblo por no conocerlos. Los cambios solo serían posibles con un gobierno «con olor, color y sabor a pueblo». El partido del lápiz se ha referido al Ejecutivo como «gobierno caviar» incluso en comunicados oficiales.

Los cálculos

En sus primeras semanas de funcionamiento, los diez grupos políticos que conforman el Congreso de la República definieron sus posturas con respecto al gobierno. El resultado fue un escenario de equilibrio entre las fuerzas progubernamentales y opositoras. El nuevo gobierno contaba con los 42 votos que sumaban Perú Libre y los aliados de Juntos por el Perú. La oposición más dura, compuesta por Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, contabilizaba 44.

El gobierno necesitaba ganar parte de los 45 votos de los otros cinco partidos políticos presentes en el Parlamento que aún no tenían una postura definida. Aquella era una tarea imprescindible no solo para avanzar en una agenda de cambio, sino también para garantizar su supervivencia, pues la figura de la vacancia presidencial fue deslizada por la oposición solo tres días después de que Castillo juramentara en el cargo. Así pues, la primera tarea era asegurar los 44 votos que frenarían cualquier intento de destituir al mandatario.

Fue con el objetivo de ganar el apoyo de estos grupos que reclamaban moderación que Pedro Castillo decidió conformar un gabinete sin la presencia del partido oficialista. Varios elementos se aparentemente escaparon en su cálculo político, como que aquella iniciativa lo haría perder el respaldo de Perú Libre y, con ello, el estratégico equilibrio de fuerzas con el que contaba en el Congreso. Otro dato que pasó por alto es que estos partidos que algunos han llamado «de centro» no ofrecen el apoyo incondicional que brindaba el partido del lápiz, sino que suelen moverse en función de sus intereses. Efectivamente, a pesar del gesto de moderación de Castillo, estas bancadas manifestaron que evaluarían su apoyo a la vacancia presidencial cuando fue presentada. Al final, casi de forma unánime, la rechazaron. 

Y es que si bien Castillo ha visto reducirse fuertemente su popularidad durante el último mes —según el estudio de opinión de noviembre del Instituto de Estudios Peruanos, solo 25% de la población aprueba su gestión—, la vacancia no es avalada por la mayoría de la población. En Lima, el 54% de las personas apoya la destitución, pero en provincias un contundente 62% la rechaza.

Es cierto que la figura de la vacancia se decide solamente en el Congreso y podría hacerse de espaldas a la población —como se demostró con la destitución del expresidente Martín Vizcarra en noviembre de 2020, que en ese momento contaba con un 77% de respaldo popular—. Sin embargo, varios de estos partidos cuentan con una fuerte presencia regional y ya se encuentran haciendo campaña para las elecciones regionales y municipales del próximo año. Proyectar la imagen de «obstruccionistas», que ha perseguido a los diferentes Congresos desde 2016, no es hoy lo más conveniente. Pero este escenario podría cambiar.

El entorno cajamarquino

Con la separación de Perú Libre, el gobierno de Castillo se encuentra vulnerable políticamente, pues en la práctica solo cuenta con los cinco votos seguros que le ofrece Juntos por el Perú en el Congreso. Sin embargo, no se encuentra solo en el poder: diferentes investigaciones periodísticas han expuesto al grupo de personas que tomaban altas decisiones gubernamentales junto al presidente. Este es un núcleo familiar-amical-regional, sin afiliación político-partidario definida, que acompañó al profesor desde la primera vuelta electoral, pero que fue adquiriendo mayor influencia conforme Perú Libre la perdía. Como ha apuntado el investigador Silvio Rendón, en Perú, donde las identidades políticas suelen ser muy débiles, las dinámicas identitarias, en este caso el paisanaje, suelen tener un peso fundamental.

En las últimas semanas se han descubierto escándalos alrededor de estos personajes, la mayoría provenientes de Cajamarca y desconocidos en la política nacional. Se supo, por ejemplo, que el empresario cajamarquino Alejandro Sánchez, de la mano de los sobrinos del presidente, organizaban reuniones entre Castillo y empresarios en una casa particular, sin los registros que implica reunirse en la residencia oficial. Asimismo, salieron a la luz chats del ahora ex-secretario Bruno Pacheco en el que se veía cómo presionaba al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para favorecer a empresas que tenían deudas pendientes.

Estos escándalos han golpeado duramente al presidente. La caída de su popularidad, que nunca fue alta, ha coincidido con estas denuncias. La mayoría de la población pudo ver, a partir de un reportaje televisivo, cómo el presidente entraba a escondidas a una casa del distrito limeño de Breña, quitándose su característico sombrero y poniéndose un gorro para no ser reconocido. Además, se supo que la fiscalía descubrió 20.000 dólares escondidos en el baño del despacho de Pacheco.

La oposición y la polarización

En los últimos cinco años, el escenario político peruano se ha caracterizado por el enfrentamiento abierto entre Ejecutivo y Congreso, que hizo que ambos actores se valieran de figuras constitucionales para su ataque político. El Ejecutivo tenía en sus manos la cuestión de confianza, un mecanismo que podía plantear al Congreso de la República para que apruebe alguna medida de gobierno. La Constitución estipula que si el Congreso niega en dos ocasiones la cuestión de confianza, el presidente puede disolverlo. Esto es lo que hizo el expresidente Vizcarra en 2019. Por su parte, el Congreso cuenta con la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. En la Carta Magna peruana se plantean motivos puntuales para destituir al jefe de Estado. Una de ellas es la «permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso». Actualmente, existe un debate constitucional sobre cómo interpretar «incapacidad moral». Hay quienes sostienen que esta debe entenderse como enfermedad mental, mientras que otros argumentan que se trata de una figura de corte político que permite al Congreso vacar al presidente por alguna conducta que se considere grave. Fuera de debates legales, en la realpolitik la vacancia por incapacidad moral permanente significa lo que deseen quienes consigan juntar 87 votos en el Congreso.

El conocimiento —del Ejecutivo y el Parlamento— de que estas figuras podrían ser usadas en su contra, servía como contención de un actuar extremadamente hostil contra el otro poder del Estado. Con el actual Congreso esto cambió. El pasado octubre, el Legislativo publicó una ley que recortó los alcances de la cuestión de confianza. Si bien el Ejecutivo ha presentado una demanda ante el Tribunal Constitucional con el fin de que se anule la norma, actualmente ha perdido su arma de defensa. En ese contexto, la legisladora Patricia Chirinos puso sobre la mesa la vacancia presidencial sorprendiendo incluso a sus compañeros de bancada. Y es que si bien impulsar una vacancia se encontraba en los planes de la oposición, los elementos para llevarla a cabo exitosamente aún no se encontraban presentes. Prueba de ello son los argumentos presentados en el documento que sustentaba el proyecto, que se limitaba a describir los errores del gobierno y las críticas que se habían formulado durante los cuatro meses pasados, tales como la «designación de altos funcionarios vinculados al terrorismo y acusados de apología al terrorismo», el «debilitamiento del sistema democrático al fortalecer las relaciones con gobiernos antidemocráticos como Venezuela y avalar la intervención de personajes extranjeros en asuntos internos (el ex-presidente boliviano Evo Morales y el «lobista israelí» Ari Ben-Menashe)» y la «permisibilidad a la violencia contra la mujer», por haber nombrado a Guido Bellido como primer ministro.

La vacancia presidencial ha sido presentada en varias oportunidades durante los últimos años, a tal punto que ya se pueden reconocer los dos requisitos que deben estar presentes para que esta prospere. Por un lado, el presidente debe encontrarse aislado políticamente; por otro, debe salir a la luz un escándalo de corrupción que melle seriamente su imagen. Esto último tiene el objetivo de legitimar la medida entre la población, posicionar a los impulsores de esta como luchadores contra la corrupción y convencer a los parlamentarios escépticos de apoyar una medida tan extrema. Estas dos condiciones estaban presentes con Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra: el primero renunció antes de que fuera vacado y el segundo terminó destituido, aunque su popularidad y las delicadas circunstancias en las que se encontraba el país —en medio de una pandemia que lo había posicionado, a escala mundial, como el primero en muertes por millón—, levantaron la indignación popular.

La primera moción de vacancia contra Castillo fue suscrita sin ninguna esperanza de éxito por los legisladores de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular, debido a la pugna que actualmente existe entre los tres partidos y sus líderes por encabezar la oposición. La realidad es que la popularidad del mandatario se desploma, pero ningún grupo opositor ha sabido capitalizar esa situación. 

 «La congresista Chirinos hizo un anuncio sobre vacancia que no había sido ni coordinado ni preguntado ni comentado con nadie, para nosotros fue la primera impresión cuando lo escuchamos. (…) Ahora temprano he hablado con la congresista Chirinos y me está enviando la moción de vacancia, recién la voy a ver y vamos a adherirnos», explicó el vocero de Renovación Popular Jorge Montoya, un día después de que Chirinos presentara la propuesta, agregando que era poco probable conseguir los votos suficientes para lograr la vacancia. Fue la revelación de las reuniones secretas que el presidente celebraba con empresarios, algunos de los cuales después ganaron licitaciones estatales, lo que hizo que aquel intento originalmente condenado al fracaso se convirtiera en un verdadero peligro para el gobierno. El escándalo de corrupción se sumó así a la fórmula.

El fin de semana anterior a la sesión en la que se iba a discutir la moción de vacancia, el medio que expuso el escándalo que había puesto en aprietos al Ejecutivo anunció un «audio bomba» que causó una gran expectativa entre el sector político. Sin embargo, al final solo fue una noticia irrelevante que no logró hacer cambiar la opinión de las bancadas «centristas» y que terminó jugando en contra del sector que promovía la vacancia.

Perspectivas

Sin duda habrá otros intentos más coordinados contra el presidente. Después de haber superado esta primera ofensiva parlamentaria, Castillo cuenta con evidencias de que es necesario enmendar los primeros pasos que ha dado su gestión.

Posiblemente Castillo se beneficiaría del alejamiento del «núcleo chotano» (en referencia a Chota, su pueblo natal) que estuvo tomando las decisiones gubernamentales sin una agenda política clara y del que se han descubierto indicios de corrupción, y también de un acercamiento a Perú Libre y a partir de un espacio interno más ordenado tratar de conseguir apoyos externos. La realidad es que, dejando de lado la retórica revolucionaria, Mirtha Vásquez le ha dado continuidad a los temas más importantes que se gestaron durante la gestión de Bellido, tales como la renegociación del gas y la reforma tributaria, impulsada por el ministro de Economía Pedro Franke. Y también esta en la agenda de la campaña la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Alejarse de un programa de izquierda no hará que el escenario en el que se desenvuelve sea menos hostil. El riesgo de golpes de timón sin estrategia es que termine por perder a sus bases sin ganar a quienes no lo votaron. Entre sectores de izquierda hoy tiene el 48% de desaprobación y el sur del país 56%. Aun no es tarde. 

^{Revista Nueva Sociedad (NUSO) - diciembre de 2021}