Se partía desde la generación de puestos de trabajo, por eso se impulsaba la producción, para que el coeficiente empleo-producto vaya no sólo incorporando la nueva mano de obra que suma vegetativamente al mercado del trabajo, sino que incluso se absorbiera parte de la que estaba desocupada. Ese círculo virtuoso se ampliaba con las mejoras salariales logradas en paritarias libres, que de alguna manera también alcanzaba a los trabajadores no registrados.

El crecimiento de la demanda arrastra al producto y se refleja en un PIB que es el doble que el del año 2003 (producimos y consumimos un 100% más de los bienes y servicios que en el año 2003) y que los trabajadores incorporados al Sistema Previsional Argentino (SIPA) pasaron de algo menos de 7 (siete) millones, a casi 12 (doce) millones en la actualidad.
En los primeros años del “kirchnerismo” el crecimiento de los precios era poco significativo, porque al existir una importante capacidad ociosa (fábricas cerradas, máquinas paradas, trabajadores desocupados) ante la mayor demanda se prefería incrementar la producción, poniendo en valor la utilización de la capacidad instalada, incorporando empleo y poniendo en funcionamiento las máquinas y equipos, cosa que se fue revirtiendo a medida que el uso de la capacidad productiva se acercaba a su casi totalidad. A partir de allí, los que por lo general ampliaron la capacidad instalada, invirtiendo en sus producción, fueron básicamente las micro, pequeñas y medianas empresas, cuando las grandes prefirieron aumentar sus precios, lo que por un lado es el inicio del proceso inflacionario, y por el otro, la superganancias que obtuvieron y que no invirtieron, que fue emigrando del sistema (fuga de capitales).

La situación se fue tornando cada vez más dual, esto es, las grandes corporaciones no realizaban las inversiones necesarias (e incrementar de esa manera la producción) y obtenían superganancias aumentando los precios, y el consumo seguía creciendo impulsado por las paritarias libres, el nivel de empleo y el gasto público. Razón que tras un año de inconsistencias macroeconómicas como fue el año 2013, reflejadas por ejemplo, en que el dólar blue el 8 de mayo de ese año valiera casi el doble ($ 10,45) que el oficial ($ 5,23), derrapa para fin de ese año y comienzo del 2014.

La economía tiene 5 (cinco) precios principales, el de todos los bienes y servicios (fideos, carne, gasoil, ropa, enseres personales, muebles, inmuebles, restaurantes, prepagas, etc.); las tarifas (agua, gas, luz, comunicaciones, etc.); los salarios; el tipo de cambio (que para nosotros es el valor del dólar), y las tasas de interés. Durante más de diez años, al principio por decreto y luego por paritarias el salario obtuvo un nivel igual o mejor que el crecimiento de los precios de bienes y servicios, creciendo en forma menor las tarifas, el dólar y las tasas de interés. Ese mecanismo garantizaba la expansión del mercado interno y del consumo, en un círculo virtuoso, pero entró a generar problemas principalmente con el frente externo.

Nos encontrábamos con cierto atraso del valor del dólar, totalmente administrable, pero dada la fuerte concentración y extranjerización de la economía Argentina, un problema de administración cambiaria por restricción de los que tenían que ingresar dólares y no lo hicieron, generó un problema de expectativas, que sólo se puede frenar con decisiones fuertes del Gobierno, como fue el desempolvar la obligación a las entidades financieras de tener un límite de dólares en su haber, y ahora la Resolución General 3.593, de febrero 2014 que crea un registro de existencias de granos, que permita un adecuado seguimiento del traslado y de control de las operaciones, por lo que los productores deberán informar “la existencia inicial de granos –a partir de la vigencia del presente régimen–, debiendo identificar por cada planta habilitada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: grano, kilogramos y cosecha a la que pertenece”.

Las decisiones tomadas primero por el BCRA, y ahora por la AFIP son las que posibilitan y garantizan que las grandes firmas comercializadoras de granos nucleadas en Ciara (aceiteras) y CEC (exportadores de cereales), comenzaran a vender lo que tenían en silo bolsa de la cosecha anterior, y es probable que cumplan aunque más no sea en su mayor parte, con la liquidación por U$s 2.000 millones que se comprometieron con el Gobierno durante este mes de febrero 2014.

Paralelamente, para evitar que los grandes exportadores e importadores se financien en pesos y en el mercado local, se los obliga a realizar las operaciones con fuentes externas (propias o créditos del exterior), a la par que se suben las tasas de interés, para que las mismas sean mayores que la depreciación esperada del tipo de cambio. Esto no es gratis; por ejemplo, la tasa fijada por el BCRA para la colocación de Letras (Lebac) del 28,71% para 84 días, en la semana que pasó, es mayor que la tasa esperada en el Rofex (que para los contratos en dólares de diciembre 2014 cerró a una paridad de $ 10,20), de allí la vuelta de la “bicicleta financiera”, no son pocos los que tienen y venden dólar presente y compran a futuro (asegurando el cambio), y colocan los pesos en letras del BCRA, ganando la diferencia entre la depreciación esperada (27,5%) y la tasa del Lebac.

No sólo no es gratis, sino que dura hasta la liquidación de la cosecha gruesa, pasado el invierno, el problema puede ser recreado por los exportadores (lo que debe ser previsto y obrar en consecuencia para evitarlo). Otro problema, es que la suba propiciada de la tasa de interés encarece el financiamiento de la inversión y del consumo, generando una mayor transferencia de los productores y consumidores a favor del sector financiero.

En ese marco descripto, el test de cómo sigue la historia lo darán las paritarias, comenzando por la de los docentes, cuando se inician las clases entre el miércoles 26 de febrero y el lunes 5 de marzo 2014 en todo el país. Debemos recordar que el nuevo índice nacional de IPC de enero 2014 dio 3,7%, si a eso le sumamos el atraso en las remuneraciones de los que son responsables de la educación del “futuro de la patria”, se pueden entender las justas razones de los representantes de los maestros.
Al ser las provincias garantes de la prestación directa de los servicios de educación, salud, seguridad, justicia, etc., todas actividades manos de obra intensiva, la mayor parte de sus ingresos se destinan al pago de los salarios. Cuando uno observa los ingresos provinciales ve que la mayor fuente es el Impuesto a los Ingresos Brutos, que es un gravamen al consumo, cuando por la Constitución Nacional las provincias son las que pueden cobrar impuestos a la propiedad. En promedio de todas las provincias Argentinas, el ingreso del Impuesto a los Ingresos Brutos es un 650% mayor (seis veces y media) el ingreso por impuesto a la propiedad (tierra, inmuebles, patentes).

Entonces, el problema se soluciona en un año si se establece una relación entre los gravámenes a la propiedad y el pago en educación (aumentando ambos, condicionando el segundo al primero, pero obligándose a recaudar de verdad), como en una forma lo plantea el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes en las Provincias de Buenos Aires y en Entre Ríos, que debería extenderse a otros impuestos a la propiedad y generalizarse a todas las provincias.

Pero el problema debe solucionarse ya, y la oferta del Gobierno Nacional, que sirve de referencia a las provincias, fue de un 22% de aumento en tres tramos a lo largo del año, cuando provincias como Córdoba o San Luis ofrecieron un incremento de haberes del 30%, y el crecimiento de los precios esperado para este año no es menor a ese porcentaje, y la tasa activa (la que le cobran a los que quieren o necesitan tomar un préstamo o se financian con tarjeta de créditos), es incluso mayor.
Si todos estos años el modelo de acumulación se benefició con los aumentos salariales, contrario sensu también es cierto. Si se reducen los salarios, se cae el nivel de actividad y se cae el PIB (entramos en recesión, del que es fácil entrar pero es difícil salir).

Lo que debe ponerse en discusión no es que el modelo de acumulación está sobreexpandido por los aumentos salariales y el gasto público, en realidad el modelo enfrenta la restricción de falta de inversión y fuga de capitales, generados por los que obtienen superganancias porque fijan los precios. Por eso, lo primero que debe hacer el Estado con la participación de la población, es controlar el tipo de cambio y el comercio exterior, controlar los precios, controlar los ajustes de los contratos y que las paritarias sean libres, que fueron las cuatro columnas del kirchnerismo original y de todos los gobiernos nacionales y populares que pudimos tener en este país. De cómo lo hagamos, de cómo resolvemos el nudo gordiano que se nos presenta, depende nuestro presente y nuestro futuro.

Miradas al Sur - 23 de febrero de 2014