Ante las reformas enunciadas, en particular en las áreas laboral, previsional e impositiva, la entidad alerta sobre la perspectiva de que en conjunto apunten a  profundizar el actual rumbo de las políticas económicas y sociales, que ya ha hecho desaparecer a unas 7.500 Pymes en dos años.

APYME  resalta que si se pretende realizar un aumento de la “competitividad”  empresaria a costa del poder adquisitivo del salario y de la demanda del mercado interno, sólo se beneficiará a las grandes corporaciones locales y extranjeras, sectores agroexportadores y de la especulación financiera.

Las Pymes necesitan fundamentalmente un mercado interno fuerte y en expansión, así como  medidas segmentadas que las favorezcan. De poco servirán rebajas de aportes o beneficios impositivos ante la continuidad de una emergencia sectorial que ha sido desatendida y ante la profundización de políticas de ajuste, tarifazos, aumentos de insumos,  importaciones indiscriminadas y ahogo financiero.

En relación con el papel del Estado, APYME advierte que tras el concepto presidencial de “reformas permanentes” en verdad se propone una fuerte política de ajuste y “achicamiento” del gasto en línea con el gigantesco endeudamiento externo en marcha y las consabidas recomendaciones del FMI  (casualmente, de visita en el país).

Los dirigentes empresarios Pymes se preguntan de qué modo crecerán las inversiones genuinas si se sostiene y profundiza la actual política monetaria, que favorece la bicicleta financiera y la fuga de capitales en lugar de las inversiones productivas.

Respecto de la  “integración al mundo”, la entidad señala que es preciso poner el foco en las avanzadas negociaciones del acuerdo de libre comercio del Mercosur con la UE, que puede significar un golpe de gracia para los sectores productivos nacionales no contemplados en el programa oficial.

Desde esta perspectiva APYME analizará los proyectos y medidas que se vayan dando a conocer  y convoca a los sectores Pymes, del empresariado nacional, el cooperativismo, la economía social, los trabajadores,  las universidades, científicos y demás actores sociales excluidos,  a impulsar  una agenda para el desarrollo basada sobre un papel activo del Estado, la protección de la industria nacional y las Pymes, el fortalecimiento del mercado interno, el  fomento del crédito productivo, una reforma progresiva del régimen impositivo (es decir, que grave a quienes más tienen y no desfinancie al Estado), el fortalecimiento del sistema científico local, el resguardo del medioambiente, los recursos estratégicos de la Nación y la soberanía nacional.

COMISIÓN DIRECTIVA NACIONAL - 31 de octubre de 2017