Fue una de las promesas de campaña de Alberto Fernández y uno de los ejes de su discurso ante la Asamblea Legislativa en marzo. Tras 20 días de discusiones y exposiciones de expertos en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, la reforma judicial pasará ahora al pleno del Senado de la Nación, donde el oficialismo no tendrá problemas para su aprobación. La cuestión se complica en la Cámara de Diputados donde los votos no alcanzan a menos que se tejan las alianzas correspondientes. ¿Por qué es tan complejo avanzar con una reforma que gran parte del mundo judicial, político y académico consideran necesaria?

“De los 50 expositores que pasaron por el Senado de la Nación, no hubo uno que no haya planteado que hay que reformar la justicia federal, más allá de las posiciones disímiles”, marca María de los Ángeles Sacnun, senadora nacional por el Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y quien tuvo a su cargo el manejo de las audiencias que se realizaron este mes. La senadora nacional por Santa Fe consideró que las resistencias salen de aquellos que se sienten “cómodos” con el funcionamiento actual, aunque no lo expresen de manera directa.

“Hay algunos a los que les conviene que nada cambie, están cómodos con una justicia amiga, cuando en realidad los jueces y juezas no tienen que ser amigos ni enemigos de nadie”, remarca Sacnun en diálogo con Tiempo Argentino. Los principales cuestionamientos llegaron desde los integrantes del bloque de Juntos por el Cambio. Argumentaron desde un supuesto plan de impunidad para la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hasta quejas por la falta de “consensos” y protestas porque “no es el momento de impulsar la reforma”.

“Exigir un consenso cuando la oposición bloquea sistemáticamente y hay una trama poderosísima de intereses creados, es algo que no toma en cuenta la realidad”, afirma Manuel Garrido, abogado, exdiputado radical y exfiscal de Investigaciones Administrativas.

Garrido considera, además, que es el momento de llevarla a cabo ya que luego comienza “la utilización de las causas como medio de presión contra el gobierno”.

Uno de los puntos de la reforma es la ampliación del fuero federal de la Ciudad de Buenos Aires. De esta forma, Comodoro Py y el fuero penal económico se fusionarán y además se crearán nuevas estructuras. Así, habrá 46 juzgados para intervenir en las nuevas causas que ingresen: desde narcotráfico hasta delitos de corrupción, pasando por lavado de activos y trata de personas. Esto trajo aparejado el famoso argumento del “cambio de jueces” para generar impunidad. El artículo 14 desarma esa estrategia: allí se explica que todas las causas en trámite que estén en tribunales orales o en los juzgados federales se quedarán allí. No habrá movimientos ni cambios. Cada juez se quedará con el expediente que ya tiene y los magistrados que deban hacer los juicios, también.

Sin embargo, esta multiplicación de juzgados fue criticada por quienes entienden que va en contra del sistema acusatorio, otro de los pilares fundamentales de la reforma. Este sistema, vigente en varias provincias del país, pone en las y los fiscales el poder de la investigación y convierte a todo el sistema en oral, lo que agiliza las causas y deja a los jueces en un papel de control de la investigación. “El fortalecimiento de la justicia federal en manos de jueces no parece reflejar la esencia del acusatorio, donde el rol más importante corresponde al Ministerio Público Fiscal”, explican desde Des.ar.mando, una colectiva de abogadas y docentes feministas que se dedican a divulgar y explicar, en un lenguaje más simple, las noticias y conceptos del mundo judicial. Cuestionan, además, que las fiscalías creadas son las mismas que los juzgados y que eso no es suficiente si lo que se necesita es “una real transferencia de funciones desde un núcleo de poder con una fuerte tradición burocrática”.

“Es fundamental la fusión y ampliación de los juzgados porque desconcentra el poder. Eso sirve para evitar arbitrariedades como las que hemos visto durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri”, recalca Sacnun. Con respecto a la influencia de los servicios de inteligencia en la justicia federal y específicamente en Comodoro Py, la senadora considera que ameritaría otra discusión y debate. La Agencia Federal de Inteligencia está en este momento intervenida por orden del presidente. Se ha acotado al extremo la posibilidad de “colaborar” en causas judiciales, algo a lo que se acostumbraron (y mucho) varios jueces que antes que darle sus investigaciones a la policía se las daban a los servicios.

Para las profesionales de Des.ar.mando, a la reforma le faltan justamente mecanismos de control para evitar el espionaje, así como la influencia de operadores judiciales y la intromisión de los servicios en las decisiones de los federales.

El abogado Garrido coincide: “La reforma es necesaria porque no es algo para los políticos sino para la democracia”. “Los gobiernos no pueden estar sujetos a chantaje u operaciones de una justicia corrupta complotada con servicios de inteligencia fuera de control”.

^{Tiempo Argentino - 23 de agosto de 2020}