La comunicación social y la libertad de expresión están en riesgo en la Argentina. Se cumple un año del desmantelamiento de las leyes 26.522 y 27.078 de probada legitimidad democrática y control constitucional, que consagraban derechos esenciales en materia comunicacional.

Golpear a todo lo que mínimamente huela a democratización de la comunicación -eje estratégico para superar las asimetrías existentes y desmonopolizar la palabra en beneficio de un mayor pluralismo y diversidad-, parece ser una de las prioridades de los gobiernos de derecha, legítimos e ilegítimos, en la región.

De un plumazo y de entrada de juego, Mauricio Macri, al asumir su mandato en Argentina, vía decreto ejecutivo prácticamente desarma la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, para proteger al puñado de monopolios mediáticos que gravitaron en su elección.

El gobierno macrista eludió responder en Washington, ante una Comisión de la OEA, por las medidas que tomó por decreto para aumentar la concentración de medios y administrar a discreción el segmento audiovisual, lo que viola la Convención Americana de Derechos Humanos.

La aprobación del decreto 267/15, con el cual el gobierno modificó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para favorecer a las empresas privadas, en especial el grupo Clarín, motivó el viernes 8 una audiencia convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es parte de la OEA, y que puede hacer recomendaciones a los Estados o presentar casos ante la Corte Interamericana.

El gobierno de Macri ha decidido desvincular al Estado argentino de la señal de noticias Telesur después de once años. La señal pertenece a la compañía “multiestatal” La Nueva Televisión del Sur C.A., cuyo paquete accionario compartía Venezuela, Cuba, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Nicaragua y nuestro país. Tras esta determinación, la Argentina se transforma en el primero en abandonar la compañía. Asimismo, las consecuencias de deshacerse de ese 16% de acciones que poseía el Estado argentino tienen efectos directos pues Telesur dejará de formar parte de la grilla de TDA (televisión gratuita con alcance al 80% de los argentinos) y ya no será obligatorio para los cableoperadores brindarle un espacio. En buen criollo: Telesur no se verá más en la Argentina.

Si no hay marcha atrás y la decisión oficial se formaliza, la Argentina dejará de integrar el consorcio de Telesur. Sería triste. Pero lo más triste sería que Telesur saldría de los contenidos de TDA, la televisión digital abierta que permite ver tele gratis en todo el país al que no quiere cable y, sobre todo, al que no puede pagarlo.

A nadie debiera sorprender los pasos que, en materia de comunicación e información, esté dando el nuevo gobierno argentino, atentando contra la democratización en favor de los grandes grupos económicos y tratando de minar todo proyecto de integración, en su sueño de ser el primero entre pares en cipayismo y dependencia.

La revista "Las patas en la fuente" publicó una extensa entrevista a Eugenio Zaffaroni, quien acaba de renunciar a la Corte Suprema de Justicia, luego de haber cumplido 75 años. En la charla aborda diferentes temas, desde la denominada "democratización de la Justicia" hasta el arduo debate sobre la ley de Medios.

La resolución de la Corte Suprema acerca de la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es un fallo a festejar por muchos motivos, esencialmente porque es posible gracias a las luchas de décadas por una democracia real y comprometida con un horizonte emancipador. Dicho esto, voy a destacar un punto que me parece sustantivo y abre un camino potente para el pensamiento sobre legislación y comunicación en América latina.

La sentencia que ha dictado la Corte Suprema anuncia un momento cero, largamente postergado por cuatro años, en los cuales la democracia argentina empieza a ajustar sus parámetros de libertad de expresión a un modelo más amplio. La concentración mediática deja de ser una realidad para dar espacio a otras voces.

Cuando recibió la noticia se emocionó. Le temblaron las manos y esa sonrisa ancha y franca que no se le esfuma nunca, ni siquiera cuando los más pesados la corren para mojarle el argumento –cosa que de todos modos hasta ahora jamás lograron–, terminó de demoler los discursos más oscuros sobre su amada Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), que finalmente la Corte Suprema declaró constitucional. A los 36 años, la abogada sanjuanina Graciana Peñafort Colombi, mujer irrefutable por brillante y por sus conocimientos técnicos y jurídicos, fue una de las encargadas de pensar las estrategias para el surgimiento de nuevas voces en un espacio donde, hasta el lunes pasado, sólo había aire para la distorsión hegemónica, aun cuando nunca falte un topo asomando por debajo de las baldosas para decir que sólo se trata “de un personaje que a todo el mundo le llama la atención porque está convencida de que sabe lo que no sabe”.