Ley de semillas, propiedad intelectual y políticas públicas
La semilla es un recurso tan importante como la tierra. Es el material de reproducción de las plantas, y como tal constituye el primer eslabón de la producción agrícola. El control de las semillas implica el control de las cadenas alimentarias y de todas las cadenas de productos. No es casual que las compañías multinacionales de semillas y biotecnología, sus gobiernos de origen y los asociados locales, demuestren tanto interés y desplieguen tanta actividad en torno a la reforma de la ley de semillas.
Para ello esgrimen argumentos falaces, como que no tenemos un sistema legal de protección de innovaciones, o que no está actualizado, y eso impide el ingreso de nuevas tecnologías perjudicando nuestra competitividad y eficiencia, cuando es notorio el crecimiento exponencial de la producción agrícola a lo que no es ajeno la incorporación de las tecnologías más avanzadas, incluidas, por supuesto, las originadas en la biotecnología moderna.
En realidad, lo que mueve el interés por incluir en la agenda legislativa una nueva ley de semillas es la oportunidad de adoptar un sistema que aumente el control por las compañías sobre las innovaciones vegetales y biotecnológicas, con el resultado inmediato de transferir a su favor una mayor proporción de ingresos, y con objetivo mediato de facilitar el dominio de las cadenas de productos.
