Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una gran batalla cultural
[size=xx-small]Fotografía: Roberto Gómez, expositor en la audiencia pública en Diputados.
Fuente: Página 12 / Guadalupe Lombardo[/size]
[i]07 de setiembre de 2009[/i]
Hasta hace pocos días la opinión pública se mantenía desinformada sobre los datos esenciales de una gran batalla cultural: la necesidad de democratizar la información y la comunicación. Esta es la batalla que se está desarrollando hoy en el parlamento nacional a partir de la presentación del Proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es necesario romper con la lógica mediática que excluye al pensamiento. Un gran medio publicita su buscador de noticias como el más rápido y efectivo de la Argentina apelando únicamente al impacto emocional, para encontrar: ”Lo que te hizo sufrir…disfrutar.... gritar…callar...amar…odiar” y una docena mas de apelaciones del mismo tono, incluida “lo que te queres olvidar”. … ¿Y lo que te hizo pensar? no figura en los parámetros del buscador más rápido de nuestro país. Cabe preguntarse algunas obviedades ¿la lógica mediática es ajena al mundo de las ideas? ¿Será que la información es concebida como un consumo más, una mercancía solo apta para el entretenimiento?
La palabra
Una canción latinoamericana dice: “el que pierde la palabra, queda huérfano para siempre”. Los pueblos originarios defienden así su identidad, su historia, su lenguaje. A los argentinos de hoy, ¿no nos pasa algo parecido? ¿No hemos perdido la palabra? Frente al monopolio mediático que nos avasalla, ¿dónde está nuestra palabra?, ¿cuál es nuestra identidad? La consolidación de la democracia no sólo entraña redistribución de la riqueza como paso necesario, ineludible, exige también redistribución de la palabra, es decir, el derecho humano universal a informar y ser informado tal como lo prevén las Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Una nueva legislación en materia de radiodifusión que reemplace a la dictada en 1980 por la dictadura militar, inspirada en la nefasta doctrina de la Seguridad Nacional es, sin duda, una de las mayores asignaturas pendientes de la democracia argentina y llave de nuestro futuro.
Este es el fondo del debate sobre la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que ha recorrido todo el país. Decenas de foros fueron pensados para que toda la comunidad participara y expresara sus ideas, acuerdos y desacuerdos, que finalmente fueron volcados en el proyecto que hoy se discute.
Un solo mundo, voces múltiples
La ley que nos rige nos colocó en el escalón más bajo a nivel internacional en materia de radiodifusión. En ese mismo año, 1980, la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), aprobaba el informe Mc Bride. Titulado “Un solo mundo, voces múltiples”. “La concentración de las fuentes de información bajo el control de grupos dominantes desemboca, cualquiera sea el sistema político, en un remedo de la libertad. Se requiere una gran diversidad de fuentes de información y de opinión para que el ciudadano pueda documentar juiciosamente sus decisiones en los asuntos públicos. Esta diversidad constituye uno de los pilares de todo sistema de comunicación en una sociedad democrática, y es tan necesario en el plano internacional como nacional.”
Por supuesto, los grandes medios de la época no dejaron de editorializar sobre la cuestión escandalizados por la intromisión de la Unesco en el ámbito sagrado de la “libertad de prensa”. También protestaron Estados Unidos y Gran Bretaña, que retiraron su apoyo financiero al organismo internacional. Su director, el senegalés Amadou Mahtar M'Bow, debió renunciar y el esperado Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) sufrió un gran traspié, pero las ideas de nueva comunicación no fueron derrotadas completamente. La batalla cultural las reclama hoy como propias. El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es legítimo heredero de aquella siembra.
Así lo acaba de expresar el Relator Especial de las Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue al felicitar a la presidenta Kirchner por el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. “Creo que es una buena iniciativa y que sienta un buen precedente no solamente para América Latina sino para el mundo entero. Una de nuestras prioridades es ver el tema de la libertad de expresión desde una óptica distinta y no de una óptica comercial mercantilista como se ha planteado. Por supuesto que muchos de los medios de comunicación son un negocio legítimo, nosotros no tenemos ningún problema con eso, pero el Estado debe garantizar el pluralismo en el acceso a los medios de comunicación” [color=333399](Ver la entrevista completa al final de la ponencia)[/color]
Independencia periodística
Se aduce que el gobierno busca el control de los medios, como estaría demostrado por este Proyecto de Ley guiado por una concepción chavista, según sus críticos. El senador Gerardo Morales, presidente de la UCR, dijo que el Proyecto, de aprobarse, dejaría al presidente bolivariano a la altura de un poroto. O sea, se atentaría contra la independencia periodística.
Precisamente, hace poco el panorama político local fue sacudido por las decisiones del presidente Chávez al decidir la estatización de varias empresas siderúrgicas, entre las cuales figura una multinacional de origen argentino. El empresariado argentino reaccionó violentamente en contra y sus más empinados voceros hicieron conocer su desagrado, incluidos los grandes medios. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA) hasta la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (Cemci), nadie faltó a la cita. La primera agrupa a las empresas mas grandes del país, donde relucen los mayores multimedios; la segunda, tal como su nombre lo indica, a las empresas periodísticas más importantes, encabezadas, por supuesto, por los grandes diarios nacionales; es decir no se trata en este caso, de libertad de prensa ni de libertad de expresión, ni de derecho a la comunicación. Se trata crudamente de negocios, donde las corporaciones mediáticas tienen idénticos intereses que los holdings empresarios. ¿Será que el modelo económico privatista tiene un doble comando?
En esencia el Proyecto en discusión considera a la información como un derecho humano fundamental cuya efectiva aplicación debe ser garantizada por el Estado, no se trata a la comunicación y a la información como meras mercancías sujetas a los arbitrios del mercado. Este es su valor más alto que no admite ninguna negociación.
*Periodista. Miembro del Consejo de redacción de la revista Realidad Económica. Ex director de la revista Acción. Integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
