La sanción de la ley de radiodifusión mostró visiones de la realidad contrapuestas entre oficialistas y opositores, pero hubo una única cuestión en la que unos y otros coincidieron por completo: la nueva norma pondrá de cabeza el actual mapa de medios en la Argentina.

Algunos puntos centrales de la ley harán imposible que los grupos más importantes del país sigan funcionando con su estructura actual, y deberán desprenderse de señales de radio, cable y TV abierta; achicar sus audiencias o cambiar el origen y calidad de sus contenidos.

Se debe a que la nueva ley impide que una empresa propietaria de un canal de TV abierta tenga también una distribuidora de cable y, además, que éstas tengan más de una señal de generación propia o llegar a más del 35% del mercado.

Uno de los perjudicados con esas cláusulas será el Grupo Clarín, que debería elegir si se queda con El Trece o Cablevisión/Multicanal. En caso de priorizar la distribuidora de cable, sólo podría retener una señal propia entre TN, Volver, TyC o Magazine. Y además se verá obligado a renunciar a un gran número de abonados, porque no podrá llegar a más del 35% del mercado. Lo mismo enfrentará el Grupo Uno (Vila-Manzano), dueño de la distribuidora de cable Supercanal y socio del GDN (Grupo De Narváez) en América TV y América 24. Deberán elegir entre retener la señal abierta o la distribuidora de cable.

Pero la ley también establece que ninguna compañía puede operar más de 10 licencias achicando el límite actual de 24. Eso también afecta al Grupo Uno, dueño de una veintena de radios y canales en todo el país, igual que a Clarín, que tiene 4 canales y 9 radios, es decir, 13 licencias en total.

En esa línea, el grupo cordobés Cadena 3 se verá obligado a achicar sus más de 20 señales de radio en todo el país, que en muchos casos son repetidoras locales de una misma señal principal. Eso será otro problema, porque la ley establece que sólo el 30% de la programación podrá ser en red. El resto deberían ser contenidos propios de cada AM o FM.

Un capítulo aparte merecen los grupos extranjeros de medios, porque la ley los obligará a desprenderse del 70% de su paquete accionario.

En esa situación están los grupos españoles Telefónica (dueños de Telefé y 8 canales de aire en el interior) y Prisa (Radio Continental y otras), y los mexicanos del CIE-Rock & Pop (dueños de la radio homónima y FM Metro) y de Canal 9, propiedad de Angel González, también de México.

La ley que regía hasta ahora también limitaba a los capitales extranjeros, pero no se cumplía. En cambio, la nueva norma, en el muy criticado artículo 161, les da a todas las empresas el plazo máximo de un año para ajustarse a estas exigencias.

Esto no sólo obliga a los extranjeros a vender el 70% de sus acciones en ese plazo, sino que forzaría a las demás compañías a desprenderse de las señales y licencias que no se ajustan a la ley. Otro punto importante es la obligación de que las radios emitan 30% de música nacional y un 10% de producción independiente, lo que obligará a cambiar el perfil de las emisoras basadas en música extranjera, con condicionantes similares para los contenidos de TV.

"En vez de promover la producción estas medidas coercitivas destruirán nuestra industria audiovisual", opinó Silvana Giúdici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de Diputados. El senador Miguel Pichetto, jefe de la bancada kirchnerista, las elogió porque "les permiten mantener el 35% del espacio audiovisual" a los privados. Algunas diferencias en medio de una certeza: el cambio del mapa mediático.

*Periodista de La Nación

Fuente:[color=336600] La Nación - 11.10.2009[/color]