El proyecto de Presupuesto 2010 desató cierto debate respecto de la relación entre el gasto público y la coytuntura actual, signada por un aparente “aterrizaje” del nivel de actividad. Respecto de este punto, hay quienes creen que tras el “aterrizaje” la economía retomará un sendero de crecimiento, aunque a tasas más moderadas. En resumen, habría un “rebote” que incluso podría ser fuerte, como explicó recientemente Daniel Artana, el economista jefe de la ultraortodoxa FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas). Por otro lado, están los que no creen en la teoría del “rebote” y sostienen que las economías no dejan de caer o no salen de la depresión si alguna fuerza o tendencia no “tira” de ellas para sacarlas del pozo.

Artículos relacionados:
. Cómo combatir la pobreza / Emmanuel Agis

Consecuentemente, estos economistas se fijan entonces en cuál es la fuerza de los estímulos que operan hoy para “tirar” de la economía hacia adelante. Y encuentran que tales estímulos son débiles.

El nivel de actividad agregado depende de la evolución del consumo privado, las exportaciones (netas de importaciones), la inversión y el gasto público. Los primeros tres rubros son independientes de la acción directa del gobierno. El Estado no puede, por ejemplo, decidir una suba general de los salarios privados. Puede incidir indirectamente en las condiciones de negociación salarial, pero su control de esta variable no es directo. Claramente, las exportaciones son un dato externo a las decisiones del país, en tanto la inversión privada depende de las decisiones de las empresas. La variable de control directo del gobierno es el gasto público (obra pública, planes de empleo, políticas sociales, inversión estatal, salarios públicos, jubilaciones, etc).

El tema es que, aún en medio del “aterrizaje”, nada indica que la economía deba necesariamente “rebotar”. A diferencia de lo que piensa Artana, no hay una tendencia espontánea de la economía para que ajuste hacia un equilibrio con crecimiento. Puede muy bien permanecer en un “equilibrio” de bajo crecimiento e incluso de estancamiento durante largo tiempo, si los estímulos para que vuelva a crecer no son lo suficientemente enérgicos. Obviamente, el estímulo por excelencia en manos oficiales es el gasto público.

Sin embargo, el Presupuesto 2010 tiene un tinte más ortodoxo que en los dos años previos, cuando la economía crecía a tasas bien altas, y justamente debería ser al revés. El proyecto de Presupuesto 2010 que Boudou presentó al Congreso estima un aumento promedio del gasto público del 12,4%, y dado que la inflación oscila alrededor de ese mismo porcentaje (incluso puede ser superior) es probable que en términos reales (neto de inflación) podría haber una caída del gasto estatal.

La preocupación oficial es no mostrar una pérdida del equilibrio fiscal. Decimos “no mostrar”, porque en verdad hay algunos pequeños “ajustes” contables que, eventualmente, permitirían gastar algo más que los ingresos del período (y por ende, significan una ampliación del déficit o menor superávit). Por ejemplo, el artículo 79 de la Ley de Presupuesto permitiría financiar gasto del período con ingresos de ejercicios futuros, que es una manera encubierta de gastar más que lo recaudado. Lo mismo cuando propone contabilizar gastos como si fueran inversiones financieras. Obviamente, la derecha salta indignada, porque este manejo sería “una idea alocada”, o porque “la ley lo prohíbe”.

Por eso es más curioso aún que se esgrima la falta de recursos como obstáculo para expandir el gasto público. Entonces, ¿cómo puede gastarse más que lo recaudado en un periodo si “no hay recursos”? La respuesta es que se toma deuda (en pesos) o se emite. Es decir, de hecho se tiende a gastar más que lo recaudado, lo que es correcto, pero en una pequeña (y vergonzante) dimensión. Este es precisamente el tipo de instrumentos que el gobierno podría usar más ampliamente y es el quid de toda la política económica en esta coyuntura. El problema es que se suele hacer un fetiche del equilibrio presupuestario como índice de robustez y seriedad (Boudou definió el proyecto como “muy responsable, muy equilibrado y llevado a cabo con mucha seriedad”) y luego resulta un “escándalo” que el Estado financie el gasto con emisión o con deuda. Por ello, el proyecto anuncia una expansión del gasto público de 12,4% para 2010, mientras actualmente está creciendo algo más de 30% anual, lo que constituye claramente una fuerte desaceleración y una menor contribución a la demanda agregada y al crecimiento.

El debate es aún más trascendente cuando se trata de ciertos programas de combate a la pobreza, como el ingreso universal “ciudadano” y los planes del tipo el “Estado como empleador de última instancia”. En el primer caso, se trata de otorgarles a todos (por ejemplo, todos los niños o todos los argentinos sin distinción) un ingreso básico de “ciudadanía”. En el segundo, se trata de que el Estado fija un salario y contrata, a ese salario, a todo argentino que quiera trabajar. En general, una diferencia principal entre ambas propuestas es, precisamente, el modo de finciarlas.

Mientras los partidarios del ingreso universal (El Ari, algunos organismos internacionales, la CTA) proponen obtener y subordinar los fondos a la recaudación de impuestos, los partidarios de la segunda opción son conscientes de que el financiamiento puede hacerse mediante el gasto deficitario del Estado. Es decir, no se requiere recaudar previamente el fondo para el programa. De hecho, Argentina hizo algo así en el 2002 con un enorme déficit público. Como se ve, el fetiche del equilibrio fiscal atraviesa todo el debate político y la confusión reina casi sin excepción de derecha a izquierda, para beneplácito ciertamente del capital financiero, fuente última y beneficiario final en las sombras de este fetichismo del superávit fiscal.

*Economista del Grupo Luján. Universidad Nacional de Luján.

[color=336600]Fuente: Semanario Nuestra Propuesta - 22.10.2009[/color]