El  20 de agosto de 2023 casi diez millones de guatemaltecos y guatemaltecas fueron a las urnas para elegir al sucesor de Alejandro Giammattei, entre Sandra Torres de Unidad Nacional por la Esperanza (UNE) y Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Ambos candidatos fueron los más votados en la primera vuelta del 25 de junio, en el marco de un sistema fragmentado entre 22 candidaturas presidenciales.

Un estudio sobre democracia y derechos humanos en Guatemala de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO) da cuenta de que “en los últimos 30 años ha prevalecido la fragmentación, el multipartidismo y una amplia oferta de partidos “de cartón” o “de fachada”; no se ha generado una fuerza política de oposición que articule una plataforma contrahegemónica de Nación diversa, multicultural y plurinacional. Esto significa que se ha abandonado la agenda de los Acuerdos de Paz, y que el Estado ha sido incapaz de hacer una reforma estructural radical y de fortalecer la democracia real en el país. Las condiciones de vida de la población, así como sus derechos civiles y políticos han venido en detrimento, según revelan los índices de desarrollo humano y los índices de percepción de corrupción”.

En los últimos años se ha recrudecido la pobreza, el racismo, la violencia, la inseguridad, la homofobia, la migración y el desplazamiento interno de población.

Jeraldine del Cid Castro y Luis padilla Vassaux en el libro sobre ´Populismo en América Central´ destacan que la fragilidad del sistema de partidos en Guatemala ha provocado la aparición de partidos franquicia, organizados alrededor de líderes carismáticos que cada vez más han adoptado discursos conservadores e incluso retrógrados en materia de derechos humanos, apoyados por organizaciones religiosas.

El ex procurador de los derechos humanos, Jordan Rodas Andrade, tuvo que dejar su cargo por la persecución política sufrida por el simple hecho de defender los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y del colectivo de la diversidad sexual. Durante sus cinco años de gestión Andrade recibió 18 solicitudes de retiro de inmunidad para que la fiscalía lo investigara, fue citado siete veces al Congreso y le retuvieron fondos para pagar salarios, lo que le provocó una asfixia financiera.

En un contexto caracterizado por la ingobernabilidad, la polarización social y política y la violencia común e institucional, las elecciones presidenciales de junio y agosto de 2023 se destacaron por la abultada oferta electoral y la inhabilitación de candidaturas. A la voluntad popular expresada en las urnas le siguieron siete meses de agonía para lograr la tan esperada transición de gobierno.

El derrotero de judicialización que precede al acto eleccionario

Para repasar el sistemático proceso de obstrucción judicial previamente al proceso electoral, el 13 de abril la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Guatemalteca denegó en forma definitiva el amparo presentado por el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) para revertir el rechazo a la inscripción de la líder indígena Thelma Cabrera de cara a estas elecciones presidenciales.

Paradójicamente en paralelo, el Tribunal Supremo Electoral validó la inscripción de la representante del Partido Conservador Valor, Zury Ríos Sosa, quien ya había sido inhabilitada en 2019 de participar en aquellos comicios debido a que es hija de un golpista, el dictador Efraín Ríos Montt, presidente de facto de ese país entre 1982 y 1983. Cabe destacar que la Constitución de Guatemala establece que los familiares de jefes de un golpe de Estado no pueden optar a la presidencia.

A la inhabilitación de Thelma Cabrera se sumó la de Roberto Arzú y Carlos Pineda, algunos de los cuales lideraban las encuestas previas a la primera vuelta. Procurando así que la oferta electoral fuese acorde a los intereses del  poder vigente

Sorpresivo triunfo del Movimiento Semilla

Quien lideraba los sondeos, Sandra Torres, del Partido Unidad Nacional por la Esperanza se consolidó con el 15,7% en el primer lugar y, para sorpresa de las encuestas y del sistema político, quien con 11,8% obtuvo el segundo lugar y así ingresar a la segunda vuelta electoral fue Bernardo Arévalo de Movimiento Semilla.

Su invisibilización en las encuestas hizo que su participación pareciera ser poco amenazante para el sistema político vigente.

Arévalo es hijo del expresidente Juan José Arévalo, en cuya gestión se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de las y los guatemaltecos. Su padre fue el primer presidente electo popularmente y su gobierno el primero de la revolución que continuaría Jacobo Arbenz.

La sorpresa de que pase a la segunda vuelta electoral un candidato que no había estado en los cálculos del gobierno, y por lo tanto no había corrido para él la inhabilitación, significó para la elite gobernante un talón de Aquiles en su proyecto de conservar el poder y frente a ello desplegó todos los recursos, especialmente los judiciales, para suspender al Movimiento Semilla y lograr que el candidato que alcanzó el tercer lugar, casualmente del Partido oficialista Vamos fuese quien compitiera en la segunda vuelta con Sandra Torres, quien competía por tercera vez para la presidencia y cuyo techo electoral representaba su mayor problema para conseguir la primera investidura.

En ese momento, la elite amenazada activo a través de los partidos políticos afines al gobierno una estrategia sistemática de judicialización a la que le siguió el accionar del Ministerio Público, avanzando sobre las funciones del Tribunal Supremo Electoral exigiéndole que suspenda la oficialización de los resultados electorales, con el fin de cancelar al Movimiento Semilla, desgastar a la fórmula presidencial de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, y generar incertidumbre  hacia la ciudadanía sobre el devenir del proceso de cara a la segunda vuelta electoral. 

La comunidad regional e internacional expresó con claridad que el intento de condicionar la elección de la voluntad popular para la segunda vuelta representaba un rompimiento al orden constitucional. Esas expresiones que se multiplicaron entre jefes de Estado, representantes de organismos internacionales y actores de la sociedad civil internacional permitieron que el Tribunal Supremo Electoral se empodere y logre arribar al proceso de la segunda vuelta electoral con las garantías del respeto a la voluntad popular. Pese a las denuncias de fraude por parte de Sandra Torres de UNE, en el marco de un acuerdo con el presidente Giammattei, y los partidos aliados al gobierno, el arrollador triunfo de la fórmula de Movimiento Semilla por más del 60% impidió que esas denuncias escalen.

Cuando el Tribunal Supremo Electoral oficializa la victoria de Arévalo, la alerta fue puesta sobre el largo período hasta la toma de posesión el 14 de enero de 2024. Allí comenzó una campaña internacional del presidente electo para que se custodie la voluntad popular y se le impida al gobierno saliente generar acciones que condicionen al nuevo gobierno.

El propio gobierno de los Estados Unidos retiró visas a funcionarios y empresarios guatemaltecos, así como presentó sanciones a fiscales y jueces en pos de mostrar un fuerte apoyo a la transición democrática en Guatemala.

Objetivo “14 de enero”

Ya iniciado el nuevo año, con el anuncio del nuevo gabinete paritario y con la llegada al país de mandatarios y mandatarias de la región y el mundo, daba la impresión que se consolidaba lo que algunos meses atrás parecía tan lejano. Incluso el propio presidente electo en su discurso de asunción planteó que “apenas algunos meses atrás muchos llegaron a creer que el país estaba destinado al retroceso autoritario”. 

Las demoras en la juramentación de la décima legislatura, quien era la encargada de entregar las credenciales al nuevo presidente generaron preocupación tanto dentro como fuera del país. Representantes de distintos países de la región y el mundo; y de organismos internacionales invitados a la toma de mando se reunieron en la ciudad capital para hacer un llamamiento al Congreso de la República a que cumpla con su mandato constitucional y entregue el poder como exige la constitución el día 14 de enero, incluso advirtiendo que podría haber sanciones para quienes obstaculicen la transmisión de mando. Situación atípica en un evento que tiene fines protocolares.

En la disputa en el Congreso, el Movimiento Semilla demostró una gran habilidad política al generar alianzas con otros partidos (Cabal, Bien, Winaq y Viva), conseguir más de los 81 votos que precisaban para constituir una mayoría y evitar el boicot en el órgano legislativo. Así pudo consolidar como presidente de la junta directiva a Samuel Perez Alvarez, triunfando frente a la alianza entre Alejandro Giammattei, Zury Rios y Sandra Torres.

Pasada la medianoche del día lunes 15 de enero, sorteando los obstáculos y la larga arremetida judicial, Bernardo Arévalo juramentó como presidente de Guatemala, llegando al poder de la mano del Movimiento Semilla, organización que surge a la luz de los estallidos de 2015 organizando a guatemaltecos y guatemaltecas que salieron a la calle a manifestarse contra el Pacto de los Corruptos o de Impunidad y la retracción de derechos. Fue Samuel Pérez Álvarez, presidente electo para el Congreso por el mismo movimiento, quien colocó la Banda Presidencial, en ausencia del presidente saliente Alejandro Giammattei.

Un gesto a destacar, en virtud del pasado reciente de gobiernos que denostaron a los pueblos indígenas guatemaltecos; y a pesar de que el Movimiento Semilla en sus orígenes se apoyó en sectores medios urbanos, jóvenes y mujeres; fue que el presidente antes de pronunciar su discurso a la ciudadanía en la Plaza de la Constitución se dirigió a la sede del Ministerio Público donde durante 105 días acamparon los pueblos indígenas solicitando la renuncia de la fiscal Consuelo Porras.

Los desafíos serán inmensos, las transformaciones sociales no se dan de un día para el otro, y menos en contextos de retracción democrática como el que atraviesa el país hace décadas; pero el hecho que no se haya quedado el gobierno saliente con el  control del congreso es una primera batalla ganada en pos de la gobernabilidad. De igual forma resulta auspicioso el hecho que a dos días de dejar el poder, Alejandro Giammattei haya sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos por considerarlo persona “significativamente corrupta”.

Como dijera el poeta nicaragüense Ernesto Cardenal: “Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla”. Ahora quedará el tiempo de parar la pelota, calmar la adrenalina de estos siete meses de transición incierta y conectar rápidamente con las demandas ciudadanas para que las y los guatemaltecos dejen de pensar en la migración como la única salida posible hacia una vida mejor. Al mismo tiempo que se trabaje para rescatar, en el mediano plazo, la institucionalidad democrática del Estado.

- Dolores Gandulfo, es Directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de América Latina y el Caribe (COPPPAL). Integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Profesora de la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, Universidad Nacional de Pilar y la Universidad de El Salvador (Argentina). Miembro de la Red de Politólogas y de la Asociación de Estudios de Relaciones Internacionales de Argentina (AERIA).

_{forosur - 19 de enero de 2024}