Los casos internacionales parecen indicar que el desarrollo económico no tiene recetas: mientras Corea del Sur se desarrolló a través de una fuerte concentración del capital (los famosos chaebols), Taiwan lo hizo a través de un fuerte tejido de pymes. China, en la actualidad, tiene un desarrollo industrial basado en la IED. Más atrás en el tiempo, Alemania apeló a una fuerte concentración financiera para apuntalar su industria y formar los kartell a fines del siglo XIX, mientras Italia se apoyó en sus distritos industriales pymes.

Aunque las repetidas crisis que vivió nuestro país nos enseñaron que la concentración del capital y la extranjerización del aparato productivo resultan una traba al desarrollo económico y social, resulta de interés mostrar cuáles son las condiciones en las que estos fenómenos económicos terminan socavando los objetivos de justicia social, independencia económica y soberanía política.

Los sectores de bienes intermedios, químicos, petroquímicos, metales básicos, son los que conocen mayor concentración de capital. Este hecho frena el desarrollo industrial cuando una pyme tiene que enfrentar, además de la competencia importadora, precios internos de sus insumos más elevados que el internacional. Pero esto no es un escollo insuperable: una política industrial que redistribuya el ingreso al interior de las cadenas de valor junto a una política de comercio interior que logre disciplinar los actores más poderosos son indispensables para conjugar eficiencia, industrialización y distribución del ingreso.

Por su lado, la extranjerización de la estructura productiva resulta una traba al desarrollo si se asume que el poder de decisión está fuera del alcance del poder político nacional, y que el origen del capital (foráneo) determina su destino (la repatriación de utilidades). En el caso de las empresas transnacionales instaladas en los sectores de bienes de consumo –como el automotriz, por ejemplo—, su nivel de integración con las pymes locales es escaso, debido a decisiones de compras tomadas a nivel global. Al respecto es revelador que el coeficiente de importación de las transnacionales sea superior al promedio. Si a eso le agregamos la repatriación de utilidades, la sangría de divisas que supone la instalación de una empresa extranjera sólo podría remediarse con leyes muy restrictivas en cuanto al uso de las divisas. Sin embargo, ya sabemos que la fuga de capitales no es excluyente de las empresas transnacionales: también la realizaron los grupos económicos locales. En ausencia de una poderosa “burguesía nacional”, que reinvierta en el país sus ganancias, muchos autores se inclinan a pensar que los actores principales del desarrollo económico deben ser los trabajadores, a través de un gobierno popular.

En retrospectiva, podríamos considerar que en 2003 surgió de las urnas un gobierno popular sin industria nacional. Con eso queremos decir que, a pesar de todas las críticas que se le puede hacer a la estructura industrial actual, Argentina cuenta con el actor clave que está recreando la industria nacional: un gobierno popular. En esa perspectiva, las declaraciones de la Presidenta desde su reelección toman un significado particular: por un lado, aclaró que no habrá cambios en la ley de IED, por la cual se le otorga al capital foráneo los mismos derechos que al capital local. En otras palabras, se pone en el mismo plano al capital, cualquiera sea su origen, asumiendo la inexistencia de una burguesía nacional. En cambio, se pondrá el acento en el destino del capital, incrementando la presión política para controlar la fuga de divisas y fomentar las inversiones en el país (tanto de las empresas nacionales como de las extranjeras) y para lograr una mayor integración productiva, buscando así profundizar la sustitución de importaciones. Esto último, de lograrse, sería un avance muy importante hacia el desarrollo económico y social.

Dolores de la posconvertibilidad
Por Pablo Manzanelli y Martín Schorr

El fenómeno de la concentración económica y extranjerización de la estructura productiva distan de ser temas nuevos en el país. Pero la aceleración de ambos procesos en la década del ’90 y su consolidación durante el régimen económico de la posconvertibilidad invitan a reflexionar en torno de una problemática sumamente compleja con hondas repercusiones sobre la dinámica macroeconómica a través de su influencia en variables como la inflación, la distribución del ingreso, la inversión, las cuentas externas y fiscales. Y sobre el margen de maniobra estatal: primero, por la superior capacidad de veto de las grandes corporaciones; segundo, por la ostensible pérdida de “decisión nacional” asociada a la notable expansión del capital extranjero.

Sobre estos temas, en un libro elaborado con nuestro querido maestro Daniel Azpiazu, Concentración y extranjerización. La argentina en la posconvertibilidad, publicado recientemente, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. La concentración económica global, el peso de las 200 firmas líderes en el valor bruto de producción nacional, trepó del 20 por ciento en la convertibilidad al 28 por ciento en la posconvertibilidad, mientras que en la industria, las 100 firmas líderes, aumentó del 33 por ciento al 41 por ciento.

2. El grado de concentración del comercio exterior es aún más notable: las 200 empresas más grandes alcanzaron a explicar el 73 por ciento de las exportaciones totales del país en 2003-2009. En ese período, el saldo comercial de las grandes corporaciones fue muy superavitario, 160 mil millones de dólares, lo que contrastó con el “resto de la economía”, que registró déficit comerciales por 64 mil millones.

3. En cuanto al nivel de extranjerización, en 1993 un cuarto de las 200 empresas más grandes del país eran controladas por el capital extranjero y explicaban el 23 por ciento de las ventas totales. Tras el intenso proceso de desnacionalización del entramado empresario en la década de 1990 y su consolidación en la posconvertibilidad, en 2009, 117 compañías transnacionales pasaron a ocupar el ranking de las 200 líderes, alcanzando a representar más de la mitad de la facturación.

4. Si bien las inversiones foráneas se expanden a lo largo del tejido económico, es muy acentuada en los mercados con ventajas comparativas y/o institucionales de privilegio, que son los más beneficiados durante la posconvertibilidad. Tales son los casos de las ramas asentadas en el procesamiento de recursos básicos con escaso grado de transformación local como minería, hidrocarburos, agroindustria, commodities industriales y la armaduría automotriz.

5. Dentro de las 500 empresas más grandes, durante la posconvertibilidad la participación del salario en el ingreso fue mucho más baja en las compañías extranjeras (16 por ciento) que en las de capital nacional (37 por ciento). Y entre otros aspectos a destacar, la tasa de ganancia de las corporaciones foráneas fue del 34 por ciento, mientras que la tasa de inversión alcanzó el 17 por ciento, lo que manifiesta una baja reinversión de utilidades (“reticencia inversora”). Es decir, que los inversores extranjeros no estarían potenciando las capacidades tecno-productivas domésticas sino que, en buena medida, estarían girando las utilidades al exterior por diversas vías, lo que afecta la balanza de pagos.

Así, se trata de un intenso proceso de concentración y centralización del capital con eje en una fuerte desnacionalización de la economía local, con efectos sumamente perniciosos. Y, por ende, no debería resultar ajeno a los sectores académicos, “hacedores de política”, formadores de opinión, etcétera, genuinamente consustanciados con el desarrollo socioeconómico de la Argentina.

Más aún cuando es mucho lo que se puede hacer en la coyuntura actual para romper con diversas herencias del neoliberalismo en lo que hace al tratamiento de las problemáticas de la concentración y la extranjerización. Por ejemplo, reemplazar la ley de inversiones extranjeras sancionada durante la última dictadura militar y denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión aprobados profusamente durante el menemismo; establecer limitaciones al giro de utilidades a través de la imposición de niveles de ganancias que deben reinvertirse en el país; implementar un régimen efectivo de “compre nacional” que condicione a las grandes empresas que reciben algún tipo de subvención estatal a demandarle sus insumos y bienes de capital a los proveedores locales; aplicar adecuada e integralmente la legislación vigente en materia de defensa de la competencia, y controlar rigurosamente las fusiones y adquisiciones, que son la principal modalidad de la extranjerización actual.

Página/12 - 30 de enero de 2012