La historia de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas comenzó en 1816, con la independencia de nuestro país, parte en ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Tras firmar el acta de independencia y declarar legalmente la ruptura de los vínculos de dependencia con la monarquía española, la nación heredó no sólo la responsabilidad administrativa de la Argentina continental, sino también la de los territorios aledaños que incluían a Tierra del Fuego, Malvinas, las Islas del Atlántico Sur, las Georgias del Sur y Sándwich del Sur.

A partir de 1820 Argentina se fragmentó en autonomías provinciales, y le correspondía a la provincia de Buenos Aires administrar los territorios de la Patagonia continental, así como los territorios insulares que se nombran anteriormente. En ese contexto, en Malvinas, había una fuerte caza de mamíferos (lobos y elefantes marinos). Lo que hizo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en el año 1829 fue elevarle el rango a Comandancia político militar nombrando a Luis Vernet como su primer comandante, que ya se encontraba en las Islas desde 1826 como su gobernador. Aquello con el objetivo de preservar los recursos naturales de Malvinas de los buques de otros países que venían a cazar, como los buques loberos de Estados Unidos, Francia o Gran Bretaña.

Después de creada la comandancia en 1829, Luis Vernet apresa a 3 buques estadounidenses que no tenían el permiso de Buenos Aires para cazar. Cuando Vernet los lleva a Buenos Aires para juzgarlos, Estados Unidos manda una corveta militar (la Lexington) y bombardea las Islas Malvinas en diciembre de 1831 en defensa de sus intereses comerciales. Ese bombardeo fue muy duro para la población argentina de las islas, dado que se pasó de un pueblo próspero económicamente, a un pueblo vulnerable y frágil. Fue en ese contexto de desprotección que los británicos aprovecharon para ocupar las islas, expulsando al pueblo y autoridades argentinas.

Hubo un pequeño remanente de argentinos que se quedó en las islas que protagonizó la revuelta del Gaucho Rivero el 26 de agosto de 1833: se bajó la bandera británica, se izó la argentina, y por un tiempo breve hubo un intento de recuperar las islas, que se vio trunco con la llegada de refuerzos ingleses en 1834, que terminaron socavando la rebelión.

Desde entonces, y al día de hoy, Argentina ha reclamado sin éxito la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur al Estado de Gran Bretaña. Y aunque Argentina cuenta con el aval de un organismo internacional tan importante como la ONU, que mediante la Resolución de Asamblea General 2065 (XX) del año 1965 reconoce la disputa de soberanía de las islas con el Reino Unido, éste se ha negado sistemáticamente a negociar, reconocer o siquiera hablar acerca de la cuestión.

Los británicos dicen que la protesta y la aquiescencia carecen de fuerza jurídica para interrumpir el proceso de consolidación de dominio. Así, los actos de jurisdicción realizados por Gran Bretaña desde la usurpación en 1833, serían un elemento de prueba categórico para invocar la existencia de un mejor título territorial frente a las pretensiones argentinas. Esta es la doctrina que sostienen los británicos para sostener “su” soberanía.

Sin embargo, y tal como advierte Raúl Vinuesa, resulta importante destacar que la denominada “Teoría de la consolidación histórica” procede únicamente cuando ambas partes en una disputa territorial manifiestan dudas o incertidumbres de naturaleza geográfica (fáctica) o jurídica. La consolidación histórica procedería cuando no existe un mejor título inicial sobre el territorio en disputa. En la consolidación histórica no hay una ocupación ilícita, sino más bien una situación en la cual más de un estado pretende consolidar un potencial derecho.

Argentina nunca incurrió en aquiescencia. Y nunca ha aceptado como válidos los actos de jurisdicción que ha realizado el Reino Unido desde 1833. 

Por lo antedicho, este último 10 de junio, el gobierno, de la mano del Secretario del Área de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, anunció la presentación de un Proyecto de Ley para reforzar el reclamo argentino a Gran Bretaña. Este proyecto impulsa una nueva demarcación de la plataforma submarina, busca actualizar y endurecer el régimen de sanciones contra la pesca ilegal y promueve la creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos al archipiélago (que estaría conformada por especialistas, académicos, ex combatientes, representantes del gobierno de Tierra del Fuego, parlamentarios del oficialismo y de la oposición y el Poder Ejecutivo) para fijar políticas de Estado a mediano y largo plazo.

El nuevo mapa de la plataforma continental fue avalado por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en la ONU, y buscará ser ratificado por ley para que se incorporen en los colegios como material didáctico de los nuevos espacios limítrofes de la Argentina. Así se podrá avanzar con la exploración y explotación de hidrocarburos, minerales y especies sedentarias en el suelo continental submarino ampliado, y de ese modo proyectar económicamente al país en el Atlántico Sur, consolidar los derechos de soberanía y promover la memoria con hechos concretos.

^{Resumen del Sur - 23 de junio de 2020}