Señala que cada arma funcionaba por su cuenta, que carecían de preparación y que la conducción estuvo plagada de errores. Sobre esta base, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas condenó a Galtieri a 12 años de reclusión con accesoria de destitución; al almirante Jorge Isaac Anaya a 14 años de reclusión con accesoria de destitución y al brigadier Basilio Arturo Lami Dozo a 8 años de reclusión. En cambio, quedaron absueltos, por prescripción de los delitos, los jefes militares Osvaldo Jorge García, Helmut Conrado Weber, Juan José Lombardo, Leopoldo Alfredo Suárez del Cerro, Mario Benjamín Menéndez y Omar Edgardo Parada.

En 1988, al cabo de la revisión en segunda instancia civil y federal de la condena a Galtieri y demás responsables militares, un tribunal ratificó las condenas por los delitos cometidos unificándolas en 12 años solo para los tres máximos jefes militares. No hubo otros condenados por responsabilidades en la Guerra de Malvinas. Finalmente Galtieri, Anaya y Lami Dozo fueron indultados en 1990 por el presidente civil Carlos Saúl Menem.

Militares que cometieron violaciones de los derechos humanos como tortura, tortura seguida de muerte, (Art. 144 del Código Penal) y robos, homicidios y delitos conexos cometidos como miembros de una organización delictiva (dirigida por las juntas militares que gobernaron durante el llamado ''Proceso''), cobran pensión actualmente como ex combatientes de Malvinas. En algunos casos no se los juzgo o se los absolvió; en otros se los indultó o sus procesos se cerraron a causa de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Entre los absueltos figuraba el entonces teniente de navío Alfredo Ignacio Astiz, miembro de los primeros comandos enviados a las islas Georgias del Sur, vecinas de las Malvinas y también bajo ocupación británica. Astiz se rindió con su tropa al enemigo sin efectuar la debida resistencia; fue capturado y remitido a Gran Bretaña. De regreso en el país y ya en democracia, fue juzgado en Argentina y condenado (en ausencia) en Francia por participar de secuestros y desapariciones durante la dictadura, entre ellos el de dos monjas francesas y de miembros de Madres de Plaza de Mayo.

Otra de sus hazañas, realizada el 27 de enero de 1977 en la localidad de Palomar, cuando encabezaba un grupo de tareas que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), consistió en balear por la espalda a la adolescente sueca Dagmar Hagelin, cuando ésta corría asustada sin ofrecer resistencia. Estos actos de ''valentía'' en el servicio no los repitió Astiz en Malvinas: es conocido que ante el primer disparo del enemigo alzó la bandera de rendición y se entregó junto con su tropa.

El descarnado informe del general Rattenbach fue silenciado por sus camaradas, que no quisieron hacerse cargo del debate y sumir una autocrítica sobre lo ocurrido. Tampoco por los gobiernos civiles. Solo fue publicado en una edición del Centro de Soldados ex Combatientes de Malvinas de La Plata (CESIM). Como dice el escritor Osvaldo Bayer, autor del prólogo: ''Malvinas es la única guerra del mundo donde murieron los soldados y se rindieron todos los generales, almirantes, brigadieres, coroneles, vicealmirantes, contraalmirantes, mayores, capitanes, sargentos, cabos primeros''.

Todos esos heroicos militares van muriendo en la cama, poco a poco, gozando de pensión completa. El cinismo continuó con la democracia, cuando se empezó a inaugurar monumentos a los ''Héroes de Malvinas'', mientras los ex soldados comenzaban a suicidarse. Los ''héroes'' en realidad fueron víctimas. Mientras oficiales y suboficiales siguieron cobrando sueldos, pensiones y retiros al margen de su responsabilidad en los hechos de la guerra (y en otros hechos, durante la represión dictatorial), los ''soldaditos'' en un primer tiempo tuvieron que salir a mendigar.

El día después

Las pensiones a los ex-combatientes de Malvinas sólo se establecieron en 1990, casi una década después de la guerra y gracias a la ley nacional 23.848, que beneficiaba a los ex soldados conscriptos, comenzaron a cobrar 150 pesos mensuales.

La difícil recuperación de las secuelas de la guerra y de la reinserción social, el ''Trastorno de Estrés Postraumático'' (TEPT) afectó en diverso grado a todos los ex combatientes. El TEPT es un estado depresivo crónico, propio de alguien que ha experimentado de forma directa la guerra.

Genera una constante sensación de temor, angustia u horror y pesadillas, miedos, problemas de relación, irritabilidad, dificultades para conciliar el sueño, sobresalto, un elevado nivel de violencia e irritabilidad, inclinación por las adicciones, entre tantos síntomas.

Según datos estadísticos obtenidos en el 2004 por el Ministerio de salud de la provincia de Buenos Aires, un 77.9% de los ex combatientes sufre de trastornos de sueño. Un 10% reconoce haber padecido síntomas psicóticos tales como delirios, alucinaciones y manifestaciones paranoicas. Un 20% asegura sufrir algún tipo de fobia y un 60% se queja de trastornos de la memoria (olvido constante de nombres, fechas, situaciones, etc.).

Un 32% declara padecer de ideas obsesivas ligadas a Malvinas y la relación de Malvinas con hechos posteriores. Un 28% de los ex combatientes encuestados tiene ideas recurrentes respecto al suicidio; un 10 % reconoce que ha realizado intentos de suicidio en una o más ocasiones. El 37% se reconoce violento; un 26% usa comúnmente armas de fuego.

Los estudios ayudan a entender las particularidades de la población de ex combatientes: el 41% alcanzó la escolaridad primaria; el 60% no tiene resuelta en forma estable su situación laboral; el 36% padece discapacidad física y/o psíquica. Si bien el 99% cuenta con obra social, el 72% no concurre al médico y el 91% no recibe atención específicamente psiquiátrica y psicológica. El 88% nunca concurrió a un centro de salud. Entre el 25 y el 39% de los ex combatientes (varía según su zona de residencia), padece el TEPT.

Las formas más frecuentes de TEPT en estos ciudadanos son: trastornos depresivos severos con intentos de suicidio o idea suicida persistente; violencia familiar; bajo o nulo control de los impulsos; intoxicación por drogas o alcohol; abstinencias; episodios de descompensación psicótica, trastornos de ansiedad en sus distintas formas.

La fantasía suicida, los intentos concretos de suicidio, o bien las conductas de autodestrucción y auto agresión se verifican en casi todos los casos de urgencia. Al margen del altísimo número de suicidios consumados, hay un número de casos de ''suicidio encubierto'' (sobredosis, accidentes, etc.), de los que no se tiene un registro claro.

En los últimos años la situación de los ex combatientes de Malvinas mejoró notablemente. Los Centros de ex combatientes (organizaciones creadas por los propios soldados, unas 30 ONG en todo el país), han logrado acceder a la participación en la discusión de políticas públicas con el Estado, con objeto de revertir la situación. 26 años después de terminada la guerra, recién ahora se está realizando un relevamiento socio-sanitario nacional de los ex combatientes, para atender aquellos casos de alta vulnerabilidad, a cargo del INSSJP-PAMI, obra social que atiende a los ex combatieres y a su grupo familiar.

Con el incremento de las pensiones, la situación económica de los ex combatientes ha mejorado. A partir del 2004, el Estado nacional otorga una pensión de mil 700 pesos, equivalente a tres jubilaciones mínimas y en muchos casos los estados provinciales también otorgan pensiones y coberturas en las obras sociales provinciales. A partir de enero de 2007, la provincia de Buenos Aires, que tiene el 50 % del padrón -unos 5 mil 500 ex soldados-, otorga una pensión equivalente a tres salarios mínimos del estado provincial, unos mil 500 pesos. En la provincias de Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Ushuaia, entre otras, la situación es similar.

También existen encuadres para el acceso al trabajo. En la provincia de Buenos Aires, los ex soldados tienen prioridad para ocupar cargos auxiliares (porteros) en la Dirección General de Escuelas, donde trabajan mil ex combatientes. Así mismo, en el 2007 el ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) reconoció un error en la liquidación de los haberes de las pensiones devengadas en años anteriores, estimado en 30 mil pesos por ex combatiente.

Durante 10 años no hubo ningún tipo de asistencia ni ayuda, por lo que se reclama una ley de reconocimiento histórico por el periodo que abraca desde 1982 hasta 1990. Los militares fueron a Malvinas cobrando salario y con cobertura social, en tanto que los conscriptos se encontraban cumpliendo con la Ley de servicio militar obligatorio, derogado en 1994.

[b]El ahora[/b]

En el año 1992, una década después, escribí ''Iluminados por el fuego'', libro que sin dudas contribuyó a abrir un debate sobre lo ocurrido en Malvinas. Hasta ese momento poco o nada se sabía sobre los suicidios y los traumas de posguerra entre los soldados, y la película realizada luego por Tristán Bauer mostró la cotidianidad de la guerra; el hambre, las torturas a soldados por sus propios jefes. Desde entonces se multiplicaron las denuncias de los soldados sobre los malos tratos.

En 2007, tras un profundo trabajo de investigación y denuncia por parte del Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de Corrientes, Pablo Andrés Vassel y la decisión colectiva de los ex combatientes (realizan congresos provinciales cada tres meses), se llevó a cabo una recopilación para el libro ''Memoria, verdad, justicia y soberanía, Corrientes en Malvinas'', donde se denuncia la muerte de cuatro conscriptos -uno ametrallado, los otros por desnutrición y un enorme número de estaqueados.

Vassel comenzó a recopilar estos testimonios en 2005, luego del preestreno en Corrientes de ''Iluminados por el fuego'', al que asistieron numerosos ex combatientes. Vassel narra que después de la proyección hubo un debate y que al comentar los vejámenes lo sorprendió que todos confirmaran las denuncias de la película, pero que al respecto ésta se había quedado corta. Así nació la idea de reunir las denuncias.

Poco tiempo después Vassel filmó y armó con ellas el cuerpo central de los casos. Los primeros testimonios fueron presentados en el 2007 al entonces presidente Néstor Kirchner, en su carácter de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, y a la ministra de Defensa Nilda Garré.

Posteriormente, el documento fue presentado a la jueza Federal de Río Grande (Tierra del Fuego, jurisdicción de las Islas Malvinas), a cargo de la jueza federal Lilian Herraez.

El texto denuncia que algunos efectivos militares de carrera, oficiales y suboficiales, trataron a los soldados conscriptos de manera similar, o con los mismos criterios y métodos de terror, que había utilizado la dictadura militar ante el conjunto de la población. Simulacros de fusilamiento, torturas sistemáticas, vejámenes repetidos y desprecio absoluto por la vida.

Varios soldados correntinos murieron de hambre, y ésto no fue una circunstancia inevitable de la guerra, sino consecuencia de un tratamiento humano indigno, ya que todos los testimonios hablan de que el personal de cuadro no sufría privaciones.

Por ejemplo, el ex combatiente Jorge Delgado recuerda: ''El hambre que teníamos era una constante, porque estábamos muy mal alimentados; la carne y la verdura se repartían entre los oficiales y suboficiales''. Marcos Ojeda agrega: ''Al mes del combate el 90% del regimiento estaba con desnutrición, incluso mi compañía tuvo un deceso por esa causa. Yo siempre pesé 70 kilos y cuando terminó la guerra estaba en 52 kilos y medio''.

Mario Romero: ''Nosotros estábamos a un kilómetro del puerto, y ahí pegado había un lugar donde los ingleses faenaban las ovejas y tiraban las vísceras. Los soldados iban y alzaban eso (...) buscaban cáscaras de papa, de naranja, y comían; juntaban y comían. Llegó un momento en que parecía que no éramos soldados, éramos linyeras buscando comida. Se tomaban sanciones contra quienes hacían esto. Los estaqueaban o lo enterraban en un pozo, con sólo la cabeza afuera''.

A mediados de agosto de 2007, la jueza Herraez y la secretaria Cecilia Incardone se instalaron en la ciudad de Corrientes, en el Juzgado Federal. Allí tomaron los primeros 23 testimonios y se presentó una segunda denuncia con 15 nuevos casos de estaqueamientos de soldados de la provincia de Corrientes, dos de Chaco, uno de Santiago del Estero, tres de Rosario y uno de Buenos Aires. Este último, ''Cacho'' Núñez, un ex soldado del Batallón de Infantería de Marina 5 (de Río Grande), compartió la pena con el suboficial retirado del ejército Guillermo Insaurralde, castigado... porque se compadeció y lo liberó del cepo.

Fue muy importante el testimonio de un ex conscripto de la Fuerza Aérea, Alberto Fernández, de Casilda (Santa Fé), quien fue enterrado hasta el cuello en la turba helada a causa del acto ''indisciplinario'' de tomar un paquete de galletitas para alimentarse.

El expediente cuenta con tres cuerpos de 200 fojas cada uno. La Fiscalía interviniente está a cargo de Marcelo Rapoport. La causa está en la etapa probatoria, todavía sin procesados, aunque a raíz de las revelaciones el ministerio de Defensa separó a algunos militares, como el subteniente Gustavo Malacalza, subdirector del Liceo San Martín. También la Armada inició sumarios internos.

De los casos analizados por la Justicia el más grave es el de Rito Portillo, un soldado ametrallado por un cabo. Los militares lo hicieron figurar como muerto en combate y amenazaron con un Consejo de Guerra a un compañero de Portillo que intentó denunciar lo que había sucedido. Entre los muertos por desnutrición está Remigio Antonio Fernández, de quien recuerda uno de los testimonios: ''Era un compañero mío, muy flaquito, muy quedado diría yo. No se la supo rebuscar, y falleció en la trinchera, arrolladito''.

[b]Perder el miedo[/b]

Muchas de las historias reunidas en el libro fueron relatadas por primera vez en 25 años. ''Hubo tres formas de presión sobre los ex combatientes: la imposición de silencio de los jefes militares, que los amenazaron para que no hablaran al volver de Malvinas; la campaña de desmalvinización posterior y el olvido que se impuso en los 90'', señala el libro. Una de las consecuencias del silencio ha sido el alto número de suicidios de ex combatientes (400), que supera al de los caídos durante la guerra (271).

Pero además de las políticas impulsadas desde el Estado, el tema de los soldados de Malvinas siempre ha provocado frialdad social. ''Para mí, tiene que ver con que Malvinas expresa las contradicciones de los argentinos: el haber salido a la Plaza de Mayo a apoyar a Galtieri, y luego el hecho de que mucha gente asocia el tema a una reivindicación de la dictadura. Esto deja a los soldados en una situación difícil, porque para los militares, ellos son civiles, pero para los civiles son militares'', sostiene Vassel.

En noviembre pasado, Vassel y Orlando Pascua, miembros del Centro de ex combatientes de la provincia de Corrientes (CESCEM), acompañados por el ex combatiente Roque Zabala, estuvieron nuevamente en Río Grande, donde anexaron a la causa tres casos de estaqueamientos detectados en la provincia de Santa Fe y entregados a la Justicia por la Secretaría de Estado de Derechos Humanos de esa provincia, a cargo de Domingo Pochettino y Alfredo Vivono, más dos testimonios de ex conscriptos que residen actualmente en Río Grande. Uno de ellos señala claramente al ''famoso'' teniente Jorge Taranto (o Baroni) por sus actitudes aberrantes para con los soldados conscriptos.

También en Río Grande, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco María Cristina Barrios, María Luisa Chomiak y María Elena Vargas, presentaron cuatro denuncias de ex combatientes chaqueños, quienes quieren que la jueza que lleva la causa se apersone también en esa provincia para tomar declaraciones a otros ex combatientes.

La presentación la realizó finalmente la propia Legislatura Provincial chaqueña, denunciando ante la jueza fueguina distinto tipo de vejámenes sufridos por soldados durante la guerra, cometidos por miembros del Estado. Los diputados provinciales dispusieron un plazo de 90 días para posibilitar que otros ex combatientes puedan testimoniar. La provincia del Chaco, junto con las de Buenos Aires y Corrientes, es las que más soldados aportó a la guerra.

De esa manera, totalizan 41 los casos denunciados ante la Justicia Federal de Primera Instancia de Río Grande, con jurisdicción sobre las Islas Malvinas. La presentación sostiene que las Fuerzas Armadas pueden aprender mucho del testimonio de los soldados, puesto que para ellos su participación en Malvinas es el hecho más importante de sus vidas; que allí lo pusieron todo, que el hambre, el frío, la incompetencia, no fueron suficientes para quitarles su ánimo de combate y que esos relatos no hacen más que encarnar un profundo deseo de verdad y justicia.

Se trata de establecer la verdad de lo ocurrido. Algo que la sociedad les debe a los caídos y a los que combatieron con dignidad en Malvinas. Se trata de hacer justicia, para separar nítidamente a aquellos que combatieron con honor, incluidos algunos oficiales y suboficiales, de quienes consideraban un acto de valentía estaquear a un soldado hambriento.

El trabajo fue presentado al ex presidente Néstor Kirchner, acompañado de una carta que dice: ''debe conocerse en nuestro país la verdad sobre estos hechos y sobre todas las tropelías cometidas por la última dictadura militar, para tener en claro la memoria sobre los padecimientos de nuestro pueblo; la necesidad de contar la verdad sobre la forma en que se condujo la guerra y el trato que se les dio a los patriotas que ofrecieron sus vidas a los 18 años, sugiriendo una comisión investigadora para recibir el testimonio de los soldados''.

La presentación judicial, por su parte, hace hincapié en que fue un genocidio planificado, dado que están implicadas las tres fuerzas y los altos mandos y que esos hechos no fueron producto del desvarío y la crueldad de cuatro o cinco oficiales o suboficiales. Por ejemplo, un soldado del Regimiento de Curuzú Cuatiá fue estaqueado en el Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia antes de viajar a Malvinas, con lo que el argumento de la ausencia de instalaciones ''adecuadas'' para el ''acto disciplinario'', revela toda su falsedad.

La denuncia generó las siguientes acciones oficiales:

- Se ultiman detalles jurídicos para que la Nación, por decisión del ex presidente Néstor Kirchner, se presente como querellante en la causa a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo de Eduardo Luis Duhalde.

- La Comisión de Derechos Humanos de la legislatura de la provincia del Chaco creó una Comisión Investigadora. En las primeras dos semanas de trabajo se recolectaron cinco nuevos casos, presentados en el juzgado de Río Grande a fines de 2007.

- La Provincia de Santa Fe creó a su vez una Comisión Investigadora.

- A instancias de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Corrientes tomó contacto con la ministra de Defensa Nilda Garré, a quien le entrego una copia de la investigación: 220 páginas y 10 horas de documento fílmico con los testimonios.

Obran en el expediente 41 casos ''y un número muy importante de testimonios'', dijo Vassel, quien agregó que ''sabemos de nuevos casos, descubiertos en Tucumán, Salta, San Luís, Córdoba, Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Estamos esperando la mejor oportunidad para presentarlos a la causa''.

''En la actualidad hay 41, que podrían llegar a 60 en los próximos meses'', detalla Vassel, que durante este año seguirá viajando por el país recopilando denuncias como las de ex combatientes de la provincia de Chubut, que narran como eran picaneados en los pies por sus superiores, con los equipos de comunicaciones de 12 voltios.

Acompañando las denuncias de los ex combatientes, organismos de derechos humanos como Abuelas y Madres de Plaza de Mayo realizaron en Buenos Aires el 8 de diciembre pasado una conferencia de prensa y la presentación del libro de la Subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes.

En el prólogo del libro Estela de Carlotto, presidente de Abuelas, manifiesta su compromiso con la verdad histórica de Malvinas: ''Felizmente la memoria esta presente y activa en nuestro pueblo. Esta vez es la provincia de Corrientes la que nos da el ejemplo de que no debemos olvidar los acontecimientos, ni a las victimas, ni a los responsables de las atrocidades infringidas durante los años de la dictadura militar''.

Y agrega: ''El escarnio, el abandono, el valor de estos conscriptos que con el pecho abierto al amor por la Patria, fueron a defenderla pero indefensos. Nos concierne a todos los pobladores del país saber que no es posible el olvido, que 26 años después la leyenda es un dolor abierto y que debemos saldar estas deudas. Queda entonces esperar que la justicia actúe, que los indiferentes se involucren y que los lectores del libro tomen partido para la construcción entre todos de un país digno, libre y soberano''.

Carlotto da en el clavo: los ejes deben ser memoria, verdad y justicia. Memoria, por los caídos, por los que no soportaron tanta desidia y por todos aquellos que dieron la vida allá y acá por la soberanía. Verdad, porque sin ella ninguna sociedad crece ni se desarrolla. Justicia, para que no exista más impunidad.

La sociedad argentina jamás será justa; el país no será distinto, previsible, lógico y pacífico si no condena la impunidad y a quienes violan la Constitución y los Derechos Humanos. Los argentinos necesitamos ganarle a nuestra propia guerra, esa que deambula en nuestra mente y que nos acecha. Malvinas exige que se castigue a todos los culpables, que se proteja y asista a los ex combatientes. Que se recuerde tanto a los que murieron en las islas, como a los que volvieron y como consecuencia de la indiferencia y el olvido se quitaron la vida.

*Escritor, periodista, ex combatiente en la guerra de Malvinas entre Argentina y Gran Bretaña (1982). Autor del libro “Iluminados por el Fuego”, y coautor del guión de la película del mismo nombre.