En marzo de 2017 la protesta yerbatera llegó a Plaza de Mayo: productores misioneros distribuyeron en pleno centro porteño 30 mil kilos de yerba, exigiendo la intervención de las autoridades nacionales para que se cumplan los precios de la materia prima establecidos por el INYM. (Estos valores – que se fijan en función de los costos de producción y son de cumplimiento obligatorio en todo el territorio del país según la ley-, han sido recurrentemente burlados por las empresas que industrializan la yerba mate con absoluta impunidad). Los representantes de los productores fueron recibidos por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ricardo Negri, y el subsecretario de Coordinación Política, Hugo Rossi, acompañados por el entonces Secretario General de UATRE, Gerónimo Venegas. Y regresaron a Misiones con la promesa de un fondo de $1.500 millones para financiar la cosecha que se iniciaba y de acciones para controlar el cumplimiento de precios. Cinco meses después, promediando la zafra, no se concretó nada de lo conversado: se sigue pagando al contado a precios muy por debajo de los “oficiales”, o con cheques a plazos que superan los 180 días.  

Ante la amenaza de una nueva movilización, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Ing. José Luis Garay, solicitó una audiencia y se reunió a fines de julio con su par de Agroindustria, Ricardo Buryaile; del encuentro participaron legisladores misioneros del orden nacional y provincial, oficialistas y opositores. La propuesta ahora fue más modesta: aportar $150 millones del FONDAGRO, para rescatar los cheques posdatados con que las empresas pagaron a los productores la materia prima.

A los $6 por kilo de hoja verde establecidos para la cosecha de este año, ese fondo alcanza para 25 millones de kilos. La producción anual está en el orden de los 800 millones de kilos, de los que los pequeños productores aportan cerca del 30%, es decir, 240 millones de kilos. Con lo que claramente no se está pensando en generar un mercado de referencia para la pequeña producción, sino en financiar las tasas de descuento de los cheques a través de una operatoria bancaria, subsidiando a las empresas acopiadoras. Bienvenida la ayuda coyuntural, pero no hace más que fortalecer el mal de fondo: el proceso de concentración en todas las etapas de la cadena de valor, que se desencadenó a partir de la desregulación de la actividad en 1991 y que la puesta en funcionamiento del INYM – a mediados de 2002- no logró revertir ni detener.

Y concentración si la hay es la que existe en la actividad yerbatera. De acuerdo a datos del INYM, poco más de un millar de productores (7% del total) capitalizados e integrados verticalmente a la industria, manejan el 50% de la hoja verde que se cosecha anualmente; el 10% de los secaderos (16 establecimientos) procesan la mitad de las 270 mil toneladas de yerba canchada producida cada año y los 4 molinos más grandes elaboran y empaquetan el 50% del total de yerba lista para consumo. Por otro lado, son unos 500 los contratistas que se encargan de organizar en otras tantas cuadrillas a los 15.000 jornaleros transitorios que levantan la cosecha. En tanto un 60% de las ventas nacionales minoristas de alimentos y bebidas –yerba mate incluida-, se concentran en 6 cadenas de hipermercados.

Esa posición comercial dominante se traduce en los $2 de menos que le pagan al sector primario (chacareros y tareferos) por cada kilo de hoja verde: 1/3 por debajo de los $6 establecidos por el laudo del Ministerio de Agroindustria para la zafra 2017. En una producción anual de 800 millones kilos, la “quita” suma $1.600 millones, es decir unos U$S 90 millones anuales. Esa es la transferencia de ingresos que el “poder de mercado” produce desde los productores y los trabajadores a los sectores más concentrados. Y esa es plata que no ingresa al territorio: se fuga hacia el exterior o hacia otras regiones del país con mejores oportunidades económicas. Es trabajo misionero extraído en la forma de ganancias extraordinarias que sirve para acumular capital en la esfera industrial, comercial y financiera. Contra esa situación de abuso de poder económico se organizó el “yerbatazo” en Plaza de Mayo.

A nivel microeconómico la cuenta es contundente. Un trabajador rural en Misiones cosecha por día un promedio de 450 kilos de hoja verde, que es el insumo básico para producir 150 kilos de yerba mate elaborada lista para consumo (con una relación de 3 a 1 entre materia prima y producto terminado). A precios promedio para el primer semestre del año de $60 el kilo de yerba mate en góndola, eso significa que ese trabajador genera por día la materia prima base de los $9.000 a que equivale la venta al público de los 150 kilos de producto final que se produce con lo que él cosecha diariamente. Por esa producción le pagan – a los valores de $1,2 el kilo de hoja verde establecidos por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario para la cosecha 2017- unos $540 diarios. Es decir que, en una jornada laboral de 9 horas, en poco más de media hora el cosechero produce el equivalente a su salario: a partir de allí su trabajo genera excedente económico para otros sectores. Cualquier reducción de su remuneración, por la vía que fuese –pago en negro, descuentos por anticipos de mercaderías sobrevaluadas, etc.-significa ampliar ese ya abultado márgen de ganancia.

El precio de la hoja verde (cosechada y puesta en secadero) establecido para la zafra 2017 fue de $6,01/kg (Resolución 81-E/17 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, B.O. del 6-04-17). Eso implica un costo de materia prima para el kilo de yerba canchada (seca y molida gruesa) de $18,03 (con una relación técnica de 3 kg de hoja verde para producir 1 kg de yerba seca). El precio de la yerba canchada establecido para la cosecha 2017 (Resolución 81-E/17, SAGyP) fue de $22,20/kg, lo que significa un margen 23% por encima de aquel costo de $18,03.

Estimando un precio medio para la yerba elaborada a salida de molino del orden de los $31,25/kg (aclaramos que este precio es muy variable y depende de las condiciones particulares de cada negociación), implica un margen del 41% por encima del costo de $22.20/kg fijado como precio de la canchada. Considerando $1,25/kg el valor del flete a Bs.As., le queda a los hipermercados a un costo de $32,50/kg. Con una carga impositiva del 25% (IVA; Ingresos Brutos, tasa INYM) en el precio de venta al público promedio de $60/kg, el ingreso neto de impuestos del hipermercado es $48/kg. Esto supone un margen del 48% respecto a los $32,50/kg de costo.

Si recalculamos estos márgenes sobre la base de un precio de $4/kg de hoja verde -a $2 menos del valor oficial que es lo que denuncian los productores-, el diferencial por encima de los costos de la hoja verde pasa de aquellos 23% a 85% en el caso de la secanza. Si esa “ganancia extraordinaria” se la apropia el molino, su margen diferencial sobre los costos de la materia prima pasa de 41% a 93%. Y del 48% a 81% para el caso de que sean los hipermercados los que se quedan con la diferencia.

Esos márgenes diferenciales ponen en evidencia el significado económico de pagar por debajo del “valor de ley”. También la competencia desleal que implica en perjuicio de aquellos que respetan la norma. Y la dificultad para instrumentar un control efectivo sobre quienes burlan el precio establecido, en un contexto donde miles de productores necesitados de dinero contante y sonante, están dispuestos a vender su cosecha al precio mínimo que esté por encima de los costos directos de cosecha y flete a secadero, aun cuando eso signifique una pérdida respecto al resto de costos ya realizados (amortizaciones de equipos y de la plantación, trabajo familiar y/o demás actividades culturales de manejo del yerbal).

Porque no se trata, como se lo quiere justificar, de un exceso de producción. Si bien hay una tendencia a un incremento de materia prima por sobre el comportamiento de la demanda, los datos estadísticos muestran que la situación no es de sobreoferta. El promedio de producción de hoja verde en los últimos 6 años (2011/16) fue de kg 757 millones: con una relación de 3 a 1 entre hoja verde y yerba molida, eso equivale a kg 252 millones de yerba molida anuales. En el mismo período el promedio del consumo interno estuvo en 252 millones de kilos y el de exportaciones en 33 millones: una demanda total promedio de 285 millones de kilos anuales. Es decir que para el período habría un exceso de demanda promedio de kg 33 millones anuales: un total de casi 220 millones de kilos para los seis años considerados. (Podría haber un subregistro de oferta real de materia prima por la incorporación en los paquetes de un porcentaje de palo superior al permitido: el Código Alimentario autoriza hasta un máximo de 35%. Ese límite es frecuentemente transgredido a través de la incorporación de palo molido en forma de polvo).

Cabe sí señalar que hay un efecto expectativa que abona la percepción de estar yendo hacia una situación de sobreproducción. Mientras la producción de hoja verde viene creciendo y la de 2016 (kg 819 millones) fue la cosecha más alta del período, superando en un 8% al promedio, los datos de demanda muestran un estancamiento en el consumo interno (la cifra de 2016 es idéntica al promedio del período: kg 252 millones), en tanto que las exportaciones del último año –afectadas por la guerra en Siria que es nuestro comprador más importante- estuvieron un 16 % por debajo del promedio del período analizado.  Más allá de esas tendencias más “estructurales”, los datos del primer semestre de 2017 mostraron un crecimiento de la demanda (recuperación de las exportaciones y leve incremento en el consumo interno), y una caída en la cosecha de hoja verde (explicado en parte por la merma producida por el exceso de lluvias y en parte por la conflictividad sectorial generada por el incumplimiento de los precios y los pagos a plazo).

En 15 años de funcionamiento, el INYM mejoró el ingreso y su distribución en la economía yerbatera. En tanto el precio al público está hoy en el orden de los U$S 3 -un 50% por encima del valor en dólares de fines de la convertibilidad-, el precio “oficial” de la hoja verde superó los U$S 30 centavos el kilo –con un crecimiento en dólares respecto a 2001 cercano al 150%- De este modo la participación del sector primario en el valor del producto final recuperó los niveles previos a la desregulación y está hoy en el 30%.

En términos de precios relativos, si comparamos con la evolución del Índice de Precios al Consumidor 2015/2002 (considerado índices alternativos al INDEC a partir de 2008), el resultado nos arroja que mientras el precio de la hoja verde creció en el período un 3.000%, el IPC lo hizo apenas en un 1.200%.  Es decir, el funcionamiento del INYM tuvo un impacto positivo en la actividad yerbatera en general, y también en una mayor equidad distributiva a lo interno de la cadena productiva.

Pero es evidente la necesidad de darle una vuelta de tuerca a la lógica estratégica y operativa del INYM, para encarar la solución de los problemas que no pudo o no supo resolver. Y que han sido planteados como propuestas concretas frente a la “crisis” actual:

La modificación de la ley del INYM para mandatar y facultar a este organismo a que, así como establece el precio de la hoja verde y la yerba canchada, haga lo propio con el precio de la yerba empaquetada a salida de molino. Con lo que se terminaría con la supuesta negativa de los hipermercados a pagar un precio que contemple los costos reales que se determinen en función del valor de la materia prima y obliga también a los molinos a identificar con claridad sus costos de elaboración y comercialización. Avanzando en una mejor “trazabalidad” del producto. (Esta es una decisión que corresponde al Congreso Nacional).

La creación del Fondo Especial Yerbatero (FEY), a través del aumento en $3 de la tasa de fiscalización, lo que llevaría su valor a $3,52 por kilo[1]. Que sobre la hipótesis de unos 250 millones de kilos/año de consumo en el mercado interno, generaría un fondo anual de $880 millones anuales. A distribuirse de la siguiente manera: un 5% para el funcionamiento del INYM ($44.000.000); un 63% ($ 554.400.000) a repartir entre los productores con yerbales menores a 30 hectáreas y en proporción a los kilos producidos y no más allá de los 100.000 kilos por productor; y el 32% restante ($ 282.000.000) será asignado a cada tarefero en función de los kilos cosechados en el año, que constarán en un registro específico que llevará RENATEA a tal efecto. Esos valores significan $35.000/año en promedio para cada uno de los 16 mil productores que están en el rango menor a las 30 hectáreas. Y $19.000 anual promedio para cada uno de los 15.000 tareferos que levantan la cosecha anualmente.  En ambos casos, no se desestimularía ni la producción ni el trabajo por cuanto la cantidad individual de pesos a recibir estará en función del volumen de hoja producido por cada yerbal y de los kilos cosechados por trabajador (esta decisión está en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional).

Además de mejorar de manera directa el ingreso anual de los sectores más desfavorecidos en la cadena productiva, el FEY acarrearía las siguientes ventajas adicionales. Es un dinero (equivalente a U$S 50 millones por año) que vuelve a la provincia a gastarse en el territorio y a reciclarse en los comercios y producciones locales. Incentivaría al blanqueo de productores y de los kilos efectivamente cosechados -lo que a su vez posibilitaría controlar el cumplimiento de los precios fijados por el INYM y la correcta recaudación de la tasa de corresponsabilidad gremial-, así como al registro de los trabajadores rurales.

Considerando un consumo anual de yerba mate de 6 kilos per cápita anual, la puesta en marcha del FEY implica un incremento en el presupuesto familiar yerbatero –para una familia de 4 integrantes- de apenas $72 en el año ($6 mensuales). Es decir, el incremento en el precio al público por causa del FEY tendría un impacto poco significativo en la demanda del producto.

Estas medidas deberían ser complementadas con un respaldo decidido del Estado y del INYM (financiero, de promoción y comercialización) a las cooperativas como organizaciones de la economía social y de la agricultura familiar, que aglutinan a pequeños y medianos productores y garantizan el cumplimiento de los precios, sin especular con los plazos de pago y distribuyendo o invirtiendo las ganancias en el territorio. En la medida que el sector cooperativo yerbatero se expanda (en la actualidad maneja un 24% de la producción total), cumple la función de una suerte de Mercado Consignatario, que, aunque limitado en sus alcances cuantitativos, sirve cualitativamente en tanto efecto demostración para el precio de referencia.

También es de destacar, la aprobación en el mes de marzo (en proceso de reglamentación) de una resolución de la Comisión Nacional de Alimentos, modificando el Código Alimentario Argentino en lo referente al método de determinación del porcentaje de palo –complementando el método mecánico con un análisis químico de fibra bruta–, de modo de evitar el fraude con el palo molido que aumenta artificialmente la oferta y deteriora la calidad del producto.

* Profesor de la UNaM.