Las comunidades indígenas de Jujuy se encuentran movilizadas contra la reforma constitucional que impulsa el gobernador Gerardo Morales. Se trata de la modificación de 66 de los 212 artículos que contiene la Carta Magna local. Entre ellos, se propone la posibilidad de reelección en la gobernación, prohibición de indultos por corrupción, modificaciones en el sistema político y judicial, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta social, entre otros. Esta semana se repitieron cuatro días de masivas movilizaciones.

Si bien todos estos cambios son presentados como avances para alcanzar la “paz social” y el “desarrollo” en la provincia frente a la crisis climática —según explicó el Gobernador en repetidas entrevistas—, la verdadera razón que esconde es la intención de conservar el poder en pocas manos y continuar beneficiando a las grandes corporaciones con la explotación de los bienes comunes.

La historia de Jujuy acumula muchos años de luchas, manifestaciones públicas y acciones directas de defensa del territorio. Por ese motivo, la modificación constitucional impulsada por Morales es interpretada también como un ataque directo contra la organización social y territorial-ancestral.

_{Foto: Susi Maresca}

Los próximos días serán claves en el proceso constitucional. Desde el Ejecutivo se instó a los demás poderes estatales que actúen con rapidez para la aprobación de la reforma. En ese marco, las más de 400 comunidades indígenas de Jujuy —así como organizaciones sociales, sindicatos, docentes, partidos de izquierda, trabajadores y trabajadoras del Estado— se encuentran en las calles de manera masiva repudiando el intento de cercenar sus derechos básicos.

“Esta reforma nos está condenando a la muerte”, gritó el jueves una de las voceras del Pueblo Kolla que —antes de poder preguntarle el nombre— se perdió entre la multitud frente al Palacio de Gobierno.

Los pueblos originarios remarcaron que el proceso de reforma constitucional no respeta la legislación indígena, incluida la Constitucional Nacional y el Convenio 169 de la OIT (de rango supralegal). Destacan que la lucha es por el agua de toda la población, no solo de los pueblos indígenas. Cuestionan que el Gobierno le esté «regalando» el recurso vital a las empresas mineras.

La Convención Constituyente comenzó el 22 de mayo, el gobernador Morales impuso su mayoría y fue electo convencional (y fue designado en la presidencia del organismo) y finalizaría —con una nueva Constitución— el martes 20 de junio.

_{Foto: Susi Maresca}

“Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha”

Para Raúl Sajama, integrante de la comunidad indígena Angosto de Tilcara, tanto la ley nacional como el convenio 169 de la OIT exigen que las empresas soliciten autorización y den información sobre los proyectos que quieren instalar en los territorios ancestrales: “Tienen que decirle la verdad a la comunidad, tienen que decir que el cerro va a desaparecer, que no va a haber agua, esa es la información. Lo dice la ley, tienen que informar con la verdad y la comunidad indígena es la que tiene que decidir. No va a quedar agua para las plantas, los animales ni las personas”.

Desde el Pueblo Kolla denunciaron que esta reforma es inconsulta y remarcaron que son los pueblos indígenas quienes viven en los territorios, espacios de vida que fueron de los ancestros y que los protegen para hijos y nietos. “Luchamos por el futuro y por el derecho a la vida en la Pacha”, explicaron. Desde esa cosmovisión aseguraron que los pueblos indígenas “no somos el centro de la Pacha, convivimos con los seres vivos, nuestros ancestros dieron la vida en esta defensa y nos dejaron un territorio hermoso, no dejemos que lo contaminen. La Pacha es la que nos da la vida, que no nos convenzan, no somos pobres, tenemos un territorio con mucha riqueza”. Y afirmó que la reforma constitucional “va a afectar directamente a los derechos de las comunidades indígenas”.

_{Foto: Susi Maresca}

“Se han manejado de forma antidemocrática”

Natalia Morales es convencional constituyente y diputada electa del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) en el Frente de Izquierda. “Lo que se está haciendo con la reforma de la Constitución es totalmente escandaloso. Venimos denunciando la censura y la falta de las libertades democráticas ya que no se incluyó la mirada de los organismos de derechos humanos, de los sindicatos, comunidades indígenas ni del movimiento de mujeres en las comisiones donde se desarrolló la reforma”, cuestionó.

Para la convencional constituyente, entre los principales puntos controversiales de la reforma se encuentra “la modificación o la inclusión de artículos que criminalizan la protesta social, que van a prohibir incluso aquellos métodos de lucha como la ocupación, los cortes de calles o de rutas en los territorios. Esta reforma constitucional va a afectar directamente a los derechos de las comunidades indígenas y de todos los sectores sociales que hoy viven con vulneración de derechos”.

Agregó que la situación se agrava con el intento de aprobarla de manera express en los próximos días. “Desde el Frente de Izquierda hemos denunciado cómo se han manejado de forma antidemocrática, incluso sin transmitir en vivo lo que sucedió en las comisiones, haciéndonos callar”, alertó.

_{Foto: Susi Maresca}

Señaló que desde la Comisión de Derechos y Garantías que integra se logró que integrantes de comunidades indígenas y sectores socioambientales que luchan en los territorios puedan plantear su posición y dieran cuenta del rechazo a la reforma. Remarcó que no se garantizó la consulta previa e informada como indican la legislación indígena.

En ese marco, a pesar de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales, para la diputada “en Jujuy se vive la represión, la criminalización de indígenas y de los sectores socioambientales que defienden los territorios”.

Resaltó que los últimos cuatro días de masiva movilización y de paro docente demuestran el rechazo unánime del pueblo jujeño a las reformas “mientras el gobernador Morales avanza con una Constitución reaccionaria, antiderechos, que beneficia únicamente a las multinacionales saqueadoras del litio, en las calles se ve algo muy profundo, el pueblo ha perdido el miedo”.

_{Foto: Susi Maresca}

Una Constitución a pedir de los grupos empresarios

Entre las principales modificaciones que perjudicarán a los pueblos indígenas, Natalia Morales explicó que existe un artículo sobre la propiedad privada que plantea una ley para el posible desalojo de pueblos indígenas que se encuentran en las llamadas tierras fiscales. Para la convencional constituyente, la reforma plantea que “esas tierras estén al servicio de la producción, lo que pone en cuestionamiento la posesión de las comunidades indígenas en territorios que poseen desde tiempos ancestrales. Puede implicar también desalojos y que se vulneren sus derechos”.

Otro de los puntos vinculados a los pueblos indígenas tiene que ver con que el estado provincial se atribuye tener la propiedad de los recursos estratégicos que hay en el suelo y subsuelo, lo que beneficiará directamente a las corporaciones empresarias. “Hemos visto cómo desde los sectores del agronegocio, como el Grupo Ledesma, las cámaras empresarias de los sectores del tabaco y la minería estuvieron desfilando por la Legislatura durante los últimos días”, afirmó.

Agregó que la nueva Constitución incorpora artículos que profundizan el saqueo y el extractivismo de litio, así como negociados con las energías renovables: “Es el negocio verde que se pone por delante de la función social, de los derechos básicos como contar con agua, energía y gas”.

Los próximos días serán decisivos para el rechazo de esta reforma que afectaría directamente a los pueblos originarios. Por ese motivo, las más de 400 comunidades indígenas se encuentran organizadas y en alerta para la defensa de sus territorios y modos de vida.

^{ANRed - 13 de junio de 2023}