En julio de 2018 Héctor Timerman pudo finalmente declarar en la causa conocida como Memorándum, que se originara a raíz de la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien sostuvo —sin prueba alguna que sustentara esa acusación— que la firma del Memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán tenía por intención encubrir a los acusados iraníes de haber planeado y ejecutado el atentado.

Desde el inicio de la pos-convertibilidad se produjeron varios episodios en los que la derecha (en cualquiera de sus gradaciones) ha ocupado la calle. A modo de ejemplo, recordemos las manifestaciones organizadas por Juan Carlos Blumberg en 2004 tras el asesinato de su hijo, las protestas impulsadas por las corporaciones agropecuarias, los "cacerolazos" y la más reciente marcha del silencio a un mes de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Cada uno de los episodios siguió una deriva propia. En cada una de esas manifestaciones había un núcleo duro de convocantes más o menos explícitos, un segundo anillo de simpatizantes (no siempre bien informados) que asiste a los actos y un tercer anillo que no fue a las manifestaciones pero que da muestras de apoyo ideológico a la protesta y refuerza su carácter opositor a través de su respaldo. Enfrente: el bloque social conformado por los que apoyan con entusiasmo al gobierno y sus políticas de distribución del ingreso, los que simpatizan más tranquilamente y aquellos que aún siendo críticos por la falta de profundidad de los cambios no se dejan engañar en cuanto a las grandes confrontaciones.

Las presentes se inician con motivo de la denuncia presentada, el día 14 de enero de 2015, en el marco de la causa N° 3446/2012, caratulada “Velazco, Carlos Alfredo y otros por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” del registro de la Secretaría N° 8 del Juzgado n° 4 del fuero, por el Dr. Alberto Nisman, Fiscal General titular de la Unidad Fiscal de investigación del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, en la que puso en conocimiento la existencia de un presunto “plan delictivo” supuestamente destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados –y prófugos desde 2007- en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la Justicia argentina, con competencia en el caso.

Según es expuesto en dicha presentación, la maniobra habría sido llevada a cabo por “altas autoridades del gobierno nacional argentino, con la colaboración de terceros, en lo que constituye un accionar criminal configurativo¸ a priori, de los delitos de encubrimiento por favorecimiento personal agravado, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 277 inc. 1 y 3, 241 inc. 2 y 248 del Código Penal).”

Formateados en los viejos tiempos de la Guerra Fría, los servicios de inteligencia argentinos se organizaron de acuerdo a la doctrina de seguridad nacional, que identificaba al comunismo como principal desafío externo y a la insurgencia como enemigo interno, agregándose ocasionalmente los conflictos con las potencias regionales, Brasil y Chile. Coprotagonistas de la represión ilegal durante todas las dictaduras, en especial durante la última, ingresaron a la etapa democrática tan poderosos como intocados, como sucedió con las policías, que lograron evitar astutamente la renovación democratizadora que, con todas sus dificultades, experimentaron las fuerzas armadas.

I

Un hecho de profunda e inusitada gravedad ha alterado la vida política del país que, en su sustancia última, puede revelar el modo en que los llamados Servicios de Información afectan todas las instancias de la institucionalidad democrática de la Nación, sus estructuras jurídicas y políticas republicanas y el complejo comunicacional globalizado. Servicios de Informaciones, que además, se ligan ostensiblemente –hasta lo que la simple mirada pública puede conjeturar– con las agencias de Inteligencia de los Estados Unidos y sus países asociados. No influyen sólo por el poder de su clandestinidad en la esfera pública, sino porque toda una manera de emplear el lenguaje y los conceptos políticos –en medios de comunicación, círculos financieros, partidos políticos– toma su impulso de la idea de “fuente”, “operación”, “filtración”, “apriete”, “rumor”, “seguimiento”, “pinchadura”, etc. El propio concepto de información recubre todo esto, tanto desde una operación de amígdalas hasta tomar cuerpo humano como indicador de una semiología del terror.

La Asociación Argentina de Juristas -Rama Nacional de la Asociación Americana de Juristas, organización no gubernamental, con estatuto consultivo en la ONU- entre cuyos objetivos se encuentran la lucha por la autodeterminación de los pueblos, la promoción de los derechos humanos y su efectiva vigencia, y la defensa del estado democrático y social de derecho; expresa su profunda preocupación por la súbita aparición en nuestro país, de un conjunto de hechos típicos de los procesos de desestabilización institucional. Su característica enmarca a la perfección en la nueva metodología de los llamados "golpes blandos", contra los gobiernos que no se someten al dominio imperial y promueven la integración regional de América Latina y el Caribe, a través del Mercosur, la Unasur, la Celac y el Alba, para enfrentarlo. Se trata de construir en el imaginario social la imputación de responsabilidad en hechos repudiables, de la Presidenta de la República, sus funcionarios de mayor jerarquía, y de los sectores del partido de gobierno más avanzados en su discurso.

Una vez más se demostró que en la Argentina la verdad es más extraña que la ficción. Lo que parecía una teoría conspirativa tomó forma real; quién sabe qué está tramando el monstruo. Vuelven fuerzas oscuras del pasado, deseosas de cobrar venganza de la familia Kirchner porque el fallecido presidente Néstor Kirchner, esposo de su sucesora Cristina Fernández de Kirchner, los llevó a juicio por crímenes contra la humanidad.

La ley de inteligencia nacional N°25.520 fue promulgada el 3 de diciembre del 2001, 17 días antes de los 39 asesinatos. Fue reglamentada el 5 de junio de 2002, 21 días antes de la represión que se cobró la vida de Kosteki y Santillán. El Estatuto para el personal de inteligencia salió por decreto de Duhalde el día 6 de mayo de 2003, 19 días antes de que asumiera la presidencia Néstor Kirchner. La Ley 25.520 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de Inteligencia de la Nación, el cual está compuesto por: la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE, a cargo de Oscar Parrilli), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (a cargo de Sebastián Ciatti; lo llevó Berni, depende del Ministerio de Seguridad) y la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (depende del Ministerio de Defensa y en la que manda el General Milani). Según el artículo 7 de la mencionada ley, “la Secretaría de Inteligencia dependiente de la Presidencia de la Nación será el organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional y tendrá como misión general la dirección del mismo”.

La muerte del fiscal Alberto Nisman constituye un suceso trágico y conmocionante que la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) deplora, al tiempo que repudia, los intentos de ciertos sectores políticos y grupos de poder económico y mediático por utilizarlo con fines ajenos al imprescindible esclarecimiento del hecho.

La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad denuncia la campaña de desestabilización de los medios hegemónicos internacionales, en conjunción con las fuerzas de la derecha autóctona, contra el gobierno legítimo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a partir de la muerte del fiscal Nisman, que la justicia argentina investiga. Esta campaña se complementa con el ataque sufrido contra la soberanía nacional por parte de los fondos buitre y se inserta en la ofensiva de Washington contra los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe.