Muy buenas tardes a todos y a todas, este es un lugar de posición un tanto inusual para comunicarme con ustedes, pero bueno contingencias de la salud y de prescripciones médicas me obligan a hacerlo de esta manera.

Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, en el día de la fecha, especialmente desde los comienzos de nuestro gobierno, de nuestros gobiernos, diría – año 2003 – el 25 de mayo del año 2003, el Presidente Néstor Kirchner, cuando asumía ante la Asamblea Legislativa, habló de algo nuevo, en la Argentina, que era necesario cambiar y que este cambio era en nombre del futuro, dijo que lo hacíamos, además, "por voluntad popular, por comprensión histórica y por voluntad política, por decisión política". Y creo que una de las características precisamente de aquellos tiempos fue abordar el tema de la impunidad en la Argentina como uno de los estigmas que arrastrábamos desde los inicios de la democracia, allá por el año 1983, combatir la impunidad se convirtió en uno de los pilares fundamentales de nuestro gobierno.

El miércoles 15 del corriente, el fiscal Alberto Nisman se presentó ante las cámaras del Canal TN (propiedad del Grupo Clarín) -específicamente en el Programa A Dos Voces- para "denunciar la existencia de un plan delictivo" orquestado por el Poder Ejecutivo Nacional "destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados" en la causa AMIA. Como es sabido, la denuncia, presentada ante la Justicia, fue dirigida a la Presidenta de la República Argentina Dra. Cristina Fernández de Kirchner. En su referida participación televisiva, el fallecido fiscal expresó que uno los motivos principales del "plan criminal" de encubrimiento de los imputados en dicha causa fue la necesidad del gobierno argentino de "por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán... por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría la Argentina, comprarle petróleo a Irán, [y] que Irán comprara eventualmente granos... Ante esa decisión argentina, que nos guste o no, insisto, es legítima, dicen [en el gobierno]: este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones".