“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, 

las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; 

jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; 

salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; 

participación en las ganancias de las empresas, 

con control de la producción y colaboración en la dirección; 

protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; 

organización sindical libre y democrática, 

reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
 Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; 

recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga (…).”

Art. 14 bis, Constitución Nacional.

El primer punto que debe entrar en debate respecto de quitar la indemnización por despido es que la Constitución Nacional en su artículo 14 bis, dice que debe haber alguna protección contra el despido arbitrario, y la creación de un Fondo que facilite el costo de despedir para los empresarios, sin duda quita esas protecciones. Podremos leerlo de distinta forma, podemos ver distintas interpretaciones, pero sin dudas este tipo de fondos quitaría la protección contra el despido arbitrario.

Hagamos un repaso de cuestiones centrales para poner en debate este tema. Hace poco tiempo, a principios de octubre, le otorgaron el Nobel de Economía a una investigación sobre el salario mínimo (en rigor de verdad a los resultados, pero también a la metodología de trabajo). En ella se tira por tierra el mito de que un aumento del salario mínimo afecte de modo negativo el empleo. Los resultados fueron los opuestos, se creó más empleo gracias a subir el salario. Más allá de lo mucho que se habló al respecto, a efectos de este artículo, lo primero que quiero mencionar es que no hay causalidad entre bajar el salario y que mejore la cantidad de empleo ofrecido.

La cuestión puntual en discusión. Martín Lousteau, senador de la UCR por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), explicó el proyecto de Fondo de Cese Laboral que presentó en el Congreso, el cual busca "finalizar con el negocio de los juicios laborales" a través de la modificación del régimen de indemnizaciones.

El proyecto del ex ministro de Economía de Cristina Kirchner, ahora opositor, busca que el empleador pague, tal como ocurre con las jubilaciones, un fondo de previsión ante un eventual cese de la relación laboral. La indemnización sería la misma pero el dinero saldría del fondo.

El problema principal de una regulación como la que estamos leyendo, es que su aplicación tiene una impronta de carácter procíclico sobre la actividad económica, en un país donde la estabilidad es un bien preciado. Imaginemos si hay una crisis y es más fácil despedir, ¿acaso lo más importante frente a una crisis no es estabilizar el empleo para que la economía sienta menos los efectos de ese mal momento, pero además para cuidar a cada familia de trabajadores? Por supuesto que frente a un evento de daño económico los despidos lógicamente existen, pero el Estado está para aplanar los daños, no para profundizarlos. No sorprende a su vez, que la oposición de centro derecha y derecha no vea estas amenazas, ya que cuando hacían los FODAS en 2015 y 2016 tampoco veía nada, y así llegamos al sudden stop y crack down de 2018 que nos arrojó tristemente al FMI, y empujó una caída económica de 8% per cápita en 4 años, con una caída industrial de 16% y una pérdida de empleo privado formal de 3,5% (en agoto de 2021 la caída de empleo privado registrado, después de subir durante el último año, contra diciembre 2019 es 1,6%, según Indec y OEDE-AFIP).

Un dato que debe sumarse al análisis, y que conviene no soslayar, es que después de la crisis de 2001, entre enero 2002 y septiembre 2007 estuvo vigente la doble indemnización. En esa época gobernaba Néstor Kirchner, estaban con él Alberto y Cristina, en ese lapso, el empleo privado creció 2,1 millones de personas y se crearon 186.000 empresas que generan empleo formal (50% más sobre el nivel de 2002). Por su parte el salario real en este período creció 45%, medido por su poder de compra, en base a indicadores de inflación privados (según Ripte, Indec y consultoras privadas).

Si se expande la lectura al período que va desde 2002 hasta 2015, se verifica que más que se duplicó el salario, descontada la inflación (en base a datos de precios de consultoras privadas y los promedios del Ripte). En esos años se crearon muchas normas y se creó mucho empleo (tal como suele señalar Héctor Recalde).

Como contraste a los números presentados, en el transcurso de los 4 años del macrismo, de 2015 a 2019, que habilitó varios procesos extraordinarios de crisis (Procedimiento Preventivo de Crisis de Empresa), el salario cayó cerca de 20 puntos, mientras la economía en su conjunto caía 8% per cápita entre puntas. Hay más. Entre diciembre de 2015 y 2019 se perdieron 225.823 empleos formales privados. Es casi el 3,5% de este empleo. El mercado asignando recursos, como decía el macrismo, no ayuda a crear empleo de calidad. Y venimos de una experiencia en la que quedó absolutamente claro que es así. De hecho, lo destruyó. Acá hubo un fracaso teórico, y un desmanejo práctico

En este momento, si uno mira los datos de empleo registrado privado (o sea, formal), los que están involucrados en este debate, puede ver que existen 123.340 nuevos empleos formales en el último año (entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021), con resultado positivo en todas las provincias para ese lapso. En ese período el promedio, o la mediana (en este caso casi coinciden), de los salarios, subió 2,7% en términos reales. Lo cual es realmente poco significativo y poco sensible a los trabajadores, pero lo que sí está claro es que no es una caída. Entonces tenemos, en el marco de la salida de las 2 pandemias, crecimiento del empleo y un salario real que se mantiene. En la medida que el empleo se siga recuperando sin verificar nuevas caídas, no debe caber ninguna duda que el salario también lo irá haciendo, va a crecer. El problema, entonces es sostener el nivel de actividad (en términos interanuales, entre agosto de cada año, la actividad creció 12,8%, y acumula 10,8% en el acumulado de los primeros 8 meses del año) y sostener el crecimiento, y entonces para nada la creación de empleo tendrá que ver con quitarle derechos a los trabajadores. Convengamos que, de 14 sectores, 11 mostraron crecimiento interanual del empleo formal, mientras turismo, transporte y servicios financieros, por su parte aún se mantienen en baja. Este es el panorama con el empleo durante el último año.

En el caso de la industria manufacturera, donde Funes de Rioja lleva la palabra de flexibilizar como bandera, el empleo del sector subió a niveles comparables con los de junio de 2019, y todo indica que siguió subiendo en los meses siguientes, quizá superando los niveles previos a la devaluación macrista. Entonces hablar de flexibilizar es un fetiche, no tiene racionalidad económica, y este punto es central para no tomar ninguna decisión de política equivocada. Por supuesto, esto no quita que cada convenio puede mirarse para atender cuestiones que hacen el empleo de cada sector, pero jamás generando flexibilizaciones.

No perdamos de vista que en todo el mundo la caída de empleo por la pandemia alcanzó un récord desde la segunda guerra mundial. Y en este momento en la Argentina ya existe un empleo formal que está creciendo.

Este hallazgo del periodista Alejandro Bercovich es espectacular: recopiló ciertos datos, que son muy interesantes. Hay tercerizadas del sector gasífero como Cosugas y Exgadet con convenios de Uocra (despido sin indemnización, un sistema especial que tienen por las características del sector) y de Stigas (protección laboral convencional) a la vez. En estas empresas despidieron a varios trabajadores con convenio de UOCRA y a ninguno con indemnización (Stigas). No termina ahí, la propia rigidez de la formalidad ayuda a que bajo el encuadre de Stigas, los trabajadores y las trabajadoras tienen en promedio mejor salario que bajo el otro convenio.

Vayamos por más. La consultora PxQ (Álvarez Agis) rescató en un trabajo un paper de Galiani (Fue secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación entre enero de 2017 y junio de 2018), Cruces y Kidyba (2010). En ese paper se mencionaba que la Argentina entre 1994 y 1999 se redujo de 30% a 80% los impuestos al trabajo o cargas laborales. El resultado de esta época fue que el empleo siguió cayendo. No se creó empleo formal, al contrario, subió el desempleo. En Chile, Perú, Turquía y Europa, los resultados sobre el empleo de políticas de reducción de impuestos no encontraron evidencias de impacto.

Los aspectos normativos también llaman la atención. Se habla de flexibilizar el derecho a huelga, pero éste es constitucional, tal como hablábamos al principio de este artículo. Se habla de no incluir la doble indemnización en los nuevos empleos, y se habla de permitir despedir a los nuevos empleos. Ambos casos están contemplados así, dando esos permisos para los nuevos, en los DNU 266 y 39 de 2021.

Se habla sin saber, y de eso se trata todo este escrito, los datos son elocuentes: no tiene ningún sentido económico quitar la indemnización como la conocemos, ni mucho flexibilizar el empleo como piden los partidos de la oposición al gobierno actual. El empleo se crea mejorando la actividad económica, con un Estado activo, promoviendo la industria, el salario, la estabilidad macro y la redistribución del ingreso.

- Hernán Herrera, Lic. Hernán Herrera, miembro de Fundus.AR.

^{El País Digital - 10 de noviembre de 2021}