Sin embargo, tres años después la Mesa de Enlace dejó de tener impacto en la sociedad, quizá porque los datos macroeconómicos del sector no son tan perjudiciales como insisten. Según un trabajo publicado en la revista Realidad Económica por el investigador de Flacso Nicolás Arceo, el sector agropecuario alcanzó durante el período 2002-2010 una rentabilidad superior al 81,3 por ciento en comparación con los años de la convertibilidad.

“El campo es uno de los pocos agentes económicos que presentan una rentabilidad en términos internacionales. Por ejemplo, la industria manufacturera necesita un tipo de cambio competitivo, mientras que este sector puede ser rentable incluso con un tipo de cambio subdevaluado”, explicó Arceo a Página/12.

En 2010, los márgenes brutos por hectárea en la producción agrícola evaluados en dólares constantes fueron un 10,6 por ciento más altos que los registrados en el período 2002-2006. El momento de mayor margen bruto fue 2008, el año de la Resolución 125, con una ganancia de 395 dólares por hectárea, cuando diez años atrás era de 132 dólares. Y medidos en pesos constantes, esa rentabilidad fue de 1723 pesos por hectárea.

“El conflicto con el campo fue una puja política, más que económica. Con la caída del proyecto de las retenciones móviles, la Mesa de Enlace les hizo perder a los pequeños y medianos productores 8000 millones de pesos, que fueron transferidos a los sectores concentrados”, indicó a este diario el ex diputado Alberto Cantero, quien por aquellos años presidía la Comisión de Agricultura.

Los dirigentes agropecuarios suelen asegurar que “el campo” es el pilar de la economía argentina. “El campo es un sector protagónico y capaz de generar soluciones que permitan un desarrollo equilibrado para toda la sociedad”, indicó la Mesa de Enlace en su solicitada. Sin embargo, sus aportes a la economía son relativos.

“Es verdad que representan la mayor entrada de divisas a partir de las exportaciones, pero su contribución al PBI es limitado. Si bien el sector creció en el período 2002-2010 (a un promedio del 5,2 por ciento), lo hizo menos que el conjunto de la economía y la industria manufacturera (8,8 por ciento). El sector agropecuario no puede constituirse en un eje de acumulación de capital en la Argentina”, agregó Arceo.

La solicitada de la dirigencia patronal dejó los temas estrictamente agropecuarios para los últimos párrafos. “Nuestro país viene transitando por caminos que niegan un componente esencial de toda democracia, la realización de la justicia social y el fortalecimiento del ciudadano... En la Argentina de la fractura social, de la indigencia, de la pobreza estructural, hablar de democracia constituye una mera ilusión o tal vez una formalidad”, señalaron los campestres.

¿Cuál sería esa justicia social invocada? Sin duda, no la de los trabajadores del sector, los peones rurales. Al menos un millón de personas se ocupa a lo largo del año de forma permanente o transitoria en el agro, aunque sólo están registrados 320.542, es decir que la tasa de informalidad es cercana al 70 por ciento. Cuando el año pasado el Gobierno intentó avanzar en una nueva regulación del trabajo rural, para mejorar sus condiciones laborales, los dirigentes del sector rechazaron la medida. “Es una operación política”, “es un peligroso avance del Gobierno”, “es una revancha, y me van a tener en la vereda de enfrente”, habían sostenido el dirigente sindical Gerónimo “Momo” Venegas, representantes de Carbap, y Pablo Orsolini, diputado nacional por la UCR y miembro de la Federación Agraria. Obviamente, estos temas estuvieron ausentes en la solicitada de la Mesa de Enlace.

Fuente: Página/12 - 15.03.2011