Días atrás, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata fue presentado un informe sobre las condiciones de detención en cárceles, comisarías e institutos de menores de la provincia de Buenos Aires. El informe fue elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura y se titula "Ojos que no ven". Fue realizado sobre la base de 151 casos testigo.

Días atrás, en el Colegio de Abogados de la Ciudad de La Plata fue presentado un informe sobre las condiciones de detención en cárceles, comisarías e institutos de menores de la provincia de Buenos Aires.

El informe fue elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria y el Comité contra la Tortura y se titula "Ojos que no ven". Fue realizado sobre la base de 151 casos testigo, entre los que se cuenta el de 41 personas que murieron quemadas en sus lugares de detención, 8 que se suicidaron de manera dudosa y 7 que fallecieron por enfermedades con nula o deficiente asistencia médica. Pero también el de 2 que fueron torturadas con picana eléctrica, 26 que denunciaron maltratos o torturas y 67 niños alojados con sus madres en cárceles.

Los resultados de la investigación indican que entre el 2000 y el 2005 la cantidad de detenidos en cárceles bonaerenses se incrementó en un 65,2%. Concretamente, de 15.012 a 24.802 internos.

Simultáneamente, también en las comisarías aumentó la cantidad de presos. En 1998 había 2.866 personas allí alojadas, mientras que para este año sumaban 4.431, lo que representa una suba del 64%. No obstante ello, destaca que en el 2002 hubo un pico de detenidos en seccionales, cuando sumaron 7.507, y que actualmente no hay menores en las dependencias policiales.

En su minuciosa enumeración casuística, el informe contextualiza las muertes, los suicidios y la falta de atención médica con el hacinamiento, la violencia y las torturas. Fenómenos todos ellos que forman parte de un sistema marcado por la impunidad y la indiferencia, sostenido también por la inacción judicial.

La crítica al rol desplegado por el aparato penal del Estado se sintetiza en un párrafo que expresa que: "Un fallo dictado el 30 de diciembre de 2005 por la Sala II del Tribunal de Casación (...) recalificó un hecho consistente en cubrir la cabeza de la víctima con una bolsa de residuos originando una tortuosa sensación de asfixia, atar sus manos con un cable y propinarle golpes en su cuerpo con la finalidad de obtener datos de un ilícito, como apremios ilegales agravados, dejando sin efecto la calificación de torturas".

El informe tampoco ahorra críticas a la hora de señalar que los jueces de ejecución no suelen visitar los establecimientos penitenciarios y las comisarías en donde se encuentran ubicadas las personas detenidas a su disposición. Y que cuando lo hacen, esas visitas suelen limitarse a una mera formalidad, durante cuyo transcurso sólo ven aquello que les muestran las autoridades penitenciarias.

Según un informe oficial presentado en octubre del 2005, la Argentina duplicó el número de presos en los últimos siete años. En 1998 el total de la población penitenciaria alcanzaba a 30.145 internos y ahora asciende a 62.500.

Lo cierto es, sin embargo, que el 62% de todos los detenidos se encuentra procesado y bajo prisión preventiva, a la espera del juicio que defina su situación procesal y que, eventualmente, revierta su estado constitucional de inocencia.

Ese crecimiento sostenido ha llevado a que la tasa de encarcelamiento argentina pasara de 84,2 cada 100.000 habitantes, en 1998, a 170 en la actualidad. Así, de compartir la tasa promedio de Europa, nuestro país se encuentra ahora muy por encima de ella.

Lo que los números no pueden ocultar es que cada nuevo preso, cada persona que ingresa en una institución de secuestro, como es la cárcel, constituye un fracaso comunitario. Al menos, de sus redes de contención, de sus mecanismos de inclusión y de los medios pacíficos con los cuales resolver las diferentes problemáticas interpersonales.

De modo que el aumento de las cifras de encarcelamiento no debería ser un motivo de orgullo, puesto que el incremento de los procesos de criminalización tan sólo sirven, en el mejor de los casos, para administrar los efectos de las injusticias y de los agravios. Aunque muy difícilmente para enfocar sus causas y mucho menos aún para minimizar las violencias que tanto parecen preocuparle a la sociedad argentina.

Fuente: Rionegro.com.ar