Como se sabe, en los últimos días el nuevo gobierno ha reafirmado su promesa electoral de reimplantar la pena de muerte en nuestro país para los violadores y asesinos de niños, escudándose en un alto sector de la población que respalda la medida, horrorizados por el alto índice de este crimen en nuestro país.

Ahora bien, es importante analizar los hechos con la mayor seriedad posible y viendo las cosas en un contexto más amplio. Por un lado, se debe reconocer que las estadísticas a nivel mundial demuestran que la implantación de esta medida no disminuye la realización de estos crímenes. Por otro lado, están los argumentos jurídicos: nuestra actual Constitución y los tratados internacionales ratificados por el país impiden que el Perú reimplante esta medida punitiva.

Se podrá decir, sin embargo, que las estadísticas son discutibles y que el país podría denunciar la Convención Americana y modificar su legislación interna. Por ello, es necesario dar un paso más e intentar analizar el impacto real de esta medida.

La denuncia de la Convención Americana implicaría que el Perú estaría fuera del Sistema Interamericano, esto es, que la Comisión y la Corte Interamericanas no podrían pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas en nuestro país. Es decir, se lograría lo que en su momento quiso hacer Alberto Fujimori, al pretender renunciar unilateralmente a la competencia de la Corte, ya que en ese momento sobre el Perú pendían varias sentencias desfavorables. Entre ellas, quizás la más relevante es la del caso Barrios Altos, en la cual la Corte Interamericana declaró que las leyes peruanas de amnistía violaban la Convención Americana, por la cual debían considerarse inaplicables.

Ahora bien, el crimen de Barrios Altos es uno de los argumentos más sólidos para lograr la extradición de Alberto Fujimori. Preguntémonos cómo se va a seguir sosteniendo esta posición si denunciamos la Convención Americana. Y, por otro lado, ¿qué mejor argumento para negar la extradición del prófugo que sostener que el Perú es un país en el que no se respetan las obligaciones internacionales y que, al retirarse del Sistema Interamericano, no ofrece ninguna garantía para el procesamiento de Fujimori?

Finalmente, las declaraciones del presidente García en este tema son por demás preocupantes. En efecto, al referirse a los violadores, el gobernante dijo: "Yo creo que esa gente no tiene derecho a vivir, sencillamente". Peligrosa manera de pensar si nos ponemos a recordar las lecciones que nos ha dado la historia: Para Adolfo Hitler, los judíos tampoco tenían ese derecho; para Pinochet, sus opositores; para el general Videla, los montoneros. Y, regresando a nuestra realidad, para Telmo Hurtado los campesinos ayacuchanos perdieron ese derecho en Accomarca y, para la madre de Ollanta Humala, los homosexuales tampoco merecen vivir.

Si esta lógica de pensamiento se acepta, estamos poniendo en el gobernante de turno -un ser humano tan imperfecto como usted y como yo- el derecho a decidir sobre la vida de las personas. Hoy son los violadores de niños pero, ¿quiénes serán mañana?

Fuente: La Insignia/ Perú, agosto del 2006.