A pesar de que ya teníamos más de 850 personas condenadas en nuestro país, no teníamos ninguna en este marco. Es una huella fundamental en esto que ya hace años venimos reconociendo que se trató de una dictadura cívico militar, y que tiene condenados a ex funcionarios judiciales, miembros de la iglesia Católica.

En el año 1976 la empresa tenía una Comisión Interna con delegados de base del SMATA muy importante, muy potente. A partir del 24 de marzo de ese año se llevan adelante una serie de 24 secuestros centralmente a la base más dura de esa comisión de delegados. 17 de esos 24 fueron secuestrados en sus puestos de trabajo, y no en el ingreso o en la salida, sino en la línea de producción por miembros del Ejército, acompañados de personal de empresa en ese momento.

Lo que se mostró en el juicio es que quien confeccionó esa lista con los nombres y apellidos de los que debían ser secuestrados, quien cedió ese sector de los quinchos, quien les dio de comer, quien entregó los legajos y las fichas personales de los trabajadores, fue la misma empresa.

No es que hubo una participación colateral, sino que hubo una responsabilidad y una coordinación represiva fundamental entre el ejército y la empresa Ford.

Se tardó mucho en alcanzar una condena, hace 42 años y 10 meses que se llevaron adelante estos hechos. Lo cierto es que de todos los procesos judiciales de crímenes de lesa humanidad, los que están vinculados a empresarios o a empleados jerárquicos son los que más cuesta que avancen y consigan condena. Esto es centralmente porque parte de ese poder económico o ese poder empresarial hoy siguen ocupando los mismos lugares de poder y de vínculos políticos que en aquel entonces.

En el gobierno de Macri dejó de ser una política de Estado, con el desfinanciamiento, la desarticulación y cierre de la mayoría de las dependencias que estaban ocupando un lugar en los Ministerios de Defensa, de Seguridad, de Justicia que tenían un rol clave para llevar adelante los juicios con investigaciones, aportando legajos. Eso desapareció en estos tres años.

Quedaron muy pocas dependencias oficiales, muy reducidas en personal y desfinanciadas. Por lo tanto lo que hay que decir es que los juicios no los hacen solo los jueces, sino que también para que haya juicio se requiere una política de Estado. Más cuando se trata de hechos que sucedieron hace 40 años y donde una parte importante de la información está en poder del Estado.

Hasta que se declararon nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, el Estado había tomado una decisión de no juzgar los crímenes más graves que puede tener una sociedad. Después hubo otra política de Estado que no solamente dependía del Poder Ejecutivo; también tuvimos una Corte Suprema que tuvo una política muy fuerte en ese sentido y eso genera también un factor muy importante.

Ya no tenemos más un país que lleve adelante una política de Estado en pos de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y eso también hace más difícil y más meritorio llegar a estos juicios.

El Cohete a la Luna - 15 de diciembre de 2018