El Gobierno debió enfrentar, esta semana, su decisión más complicada en materia económica en más de diez años en el poder: aplicar un instrumento de política del cual renegaba por sus previsibles consecuencias regresivas –la devaluación–, pero sin perder los objetivos de crecimiento, empleo e inclusión social. Lo primero, la devaluación, fue el resultado de una prolongada y sangrienta (medida por el drenaje de reservas) pulseada con poderosas corporaciones económicas y financieras que desarrollaron, de todos los modos posibles, su artillería para acorralar a las autoridades. Pulseada en la que el Gobierno debió finalmente ceder.