“Me muero de hambre” o “me muero de sed” son frases que se dicen así como así porque uno sabe que al rato estará disfrutando de un plato de comida o tomando un vaso de agua.

Pero en algunas zonas rurales de Salta esas frases son literales. De hecho, en lo que va del año siete niños y niñas de las comunidades wichis murieron por desnutrición y deshidratación. El drama no tiene que ver con una coyuntura de crisis: es un problema estructural al que la sociedad y, sobre todo, el Estado no pudieron resolver o decidieron ignorar.

En Salta, que es la provincia donde murieron estos niños, hay 32.999 hogares sin acceso a agua potable y con necesidades básicas insatisfechas. Es decir, son pobres estructurales y además no tienen forma de obtener agua en sus casas: ni de red, ni de pozo.

El dato está expuesto en la Plataforma del Agua, una herramienta científica creada por un grupo de 18 investigadores de distintas universidades del país a partir, principalmente, de datos del Indec. La plataforma está orientada a contribuir y mejorar las políticas y estrategias en torno al agua.

El 26 de enero, luego de la muerte del sexto niño wichi, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz decretó la emergencia sociosanitaria en los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia. Lo hizo por 180 días. En ese plazo, apuntan a cubrir, las necesidades de alimentación, salud y agua segura de los pobladores del norte de la provincia.

Caminan hasta seis horas para buscar agua o ruegan que llegue el camión cisterna

Para llegar a muchas de las comunidades indígenas, hay que recorrer desde Salta capital cientos de kilómetros por rutas de tierra. Y es imprescindible que no llueva porque en ese caso el acceso queda imposibilitado.

A medida que se avanza en el camino, se pierde la señal del celular y toda conectividad a Internet. El verano, suele ser complicado por las sequías, la falta de árboles para tener sombra y, por su puesto, por la dificultad para contar con agua.

El Gran Chaco argentino se enfrenta a un conjunto de problemas, como marginación respecto a los centros de poder político, empobrecimiento generalizado de su población rural, y un modelo depredador de explotación de recursos naturales. Se reconoce a esta región como la más vulnerable del país en términos sociales. 

Liliana López pertenece a la comunidad Wichi La Loma, ubicada en Aguaray, en el departamento San Martín. Ella es hermana del cacique y en este momento va todos los días al hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal para asistir, acompañar y apoyar aquellos miembros de las comunidades que necesitan atención. El primer día que fue había 37 niños internados en pediatría para su recuperación nutricional

“El agua es un tema que se viene reclamando desde hace mucho tiempo. Sobre todo en aquellas comunidades que están alejadas. En Santa Victoria Este no tienen pozo para extraer agua y el municipio les tiene que llevar agua. Pero cuando llueve, se vuelve imposible ingresar. Se necesita mayor presencia del Estado porque hay un abandono total de los pueblos. Esto viene hace muchos años. Todo el tiempo mueren chicos por desnutrición, falta de alimentos y falta de asistencia”, cuenta López.

En la comunidad Las Palomas, a más de 450 kilómetros de Salta capital, viven unas 70 familias. Uno de los principales problemas también es la falta de agua o que acceden a agua contaminada. "Es muy común que los chicos tengan diarrea. Cuando vamos al hospital muchas veces nos dicen que no hay turnos, que no alcanza", dice Gloria Aparicio, una de las mujeres de la comunidad.

Según Silvina Ramírez, integrante de la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, las comunidades del chaco salteño están peleando por sobrevivir, por tener agua y comida. “Ellos eran cazadores recolectores y vivían del hábitat. Comen de lo que encuentran en el territorio en el que habitan. El avance de la frontera agropecuaria significó que se queden sin fuente primaria de recursos”, señala.

En la zona crítica hay al menos 380 chicos identificados con peso bajo

En mayo de 2016, el relator especial de las Naciones Unidas sobre racismo, Mutuma Ruteere, visitó la provincia y fue categórico: “La situación de los pueblos originarios en ciertas áreas del país es terrible y requiere atención inmediata. Viven en condiciones de pobreza extrema y se encuentran excluidos de la vida social y política. Una gran parte de las minorías sigue siendo invisible a todas las esferas de la sociedad. Se les niega acceso a la satisfacción de necesidades básicas tales como el agua potable, una vivienda digna, atención de la salud de calidad, oportunidades de empleo y una educación adecuada”.

La ministra de Salud provincial, Josefina Medrano, señala que una de las zonas más afectadas es Santa Victoria Este. “La situación de salud es muy frágil, pero tiene que ver con una multiplicidad de factores: el estado nutricional de los niños, el tema del agua y la complejidad de la geografía de la zona, entre otros”, enumera.

Para Medrano, la principal dificultad para acceder al agua tiene que ver con la extensión del territorio, la dispersión de la población y los hábitos propios de las comunidades, ya que muchas de ellas son nómades. “Es necesario trabajar y pensar estrategias en pos de realmente lograr un impacto definitivo que mejore la calidad de vida de estas personas”, agrega.

Tras las muertes, desde el Ministerio de Salud de la provincia están realizando un relevamiento para identificar a aquellas personas que puedan estar en riesgo, sobre todo niños y mujeres embarazadas. “Queremos tener datos actualizados de la realidad”, dice Medrano.

Según datos de la última ronda sanitaria realizada en el último cuatrimestre del año pasado, en la zona hay 380 chicos identificados con bajo peso y 11 niños con muy bajo peso. “No obstante, la realidad nos está demostrando un diagnostico diferente”, opina Medrano.

Además, hay equipos multidisciplinarios en territorio, trabajando en forma articulada con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Se busca la cobertura territorial y lograr hacer contacto con la población lo más rápido posible. “El mayor desafío es que la gente tenga accesibilidad al sistema de salud, tenga calidad en su atención y que, para romper barreras, el equipo de salud tenga sensibilidad e información sobre interculturalidad”, dice Medrano.

Desde Naciones Unidas también manifestaron en estos días su preocupación por la situación de las comunidades Wichi y el jueves pasado viajó a Salta una misión. Conversaron con autoridades y referentes comunitarios para interiorizarse de la situación.

“Estamos en una situación claramente de emergencia. Seis niños y niñas han muerto (el sábado se conoció una séptima muerte) por desnutrición y deshidratación en un contexto predictible porque ya es un problema crónico y de larga fecha. Ahora estamos en el momento de apagar el fuego. Luego, hay que armar un plan estratégico para acercar servicios a las comunidades, aquellas más postergadas”, dice Roberto Valent, representante de Naciones Unidas de Argentina. 

Tras la visita Valent señala que la recuperación nutricional de los niños de las comunidades es una prioridad. También observa que es importante trabajar para proveer agua potable a todas las familias, promover la salud y reforzar el apoyo a la educación. Por otro lado, el referente de Naciones Unidas cree que hay una vulneración en los derechos de las niñas de las comunidades, ya que se vuelven madres  muy tempranamente.

"Estamos pensando en desplegar acciones en el territorio. Hay que incrementar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio. La Unión Europea ya esta pensando en desplegar recursos importantes en zonas que tienen altos niveles de vulnerabilidad. La Cruz Roja tiene actores importantes en los territorios y va a llamar para movilizar recursos para la emergencia. Hay que alinear los recursos de la comunidad internacional", cuenta Valent.

El desafío (urgente) de encontrar soluciones que puedan incorporar las comunidades

Paula Juárez, coordinadora del programa Sed Cero y miembro del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, busca, junto a su equipo, construir soluciones al problema de la falta de acceso al agua para consumo humano y para producción.

“Durante años, se financiaron distintos tipos de intervenciones urgentes, pero no se soluciona el problema estructural. En lo inmediato se suelen llevar bidones, construir cisternas, generar pozos o perforaciones. Pero lo cierto es que hay que encontrar cuál es el sistema más apropiado para cada comunidad. Las soluciones empaquetadas no resuelven a largo plazo”, opina Juárez.

En la actualidad, en las zonas rurales, la gente gasta muchas horas en trasladarse para buscar agua. Se trasladan caminando o con mula y tienen que cargar más de un bidón para poder brindarle agua, también, a sus animales. Proveer de agua a las casas beneficia principalmente a las mujeres y a los niños, que son los que suelen tardar entre cuatro y seis horas por día en buscarla.

“El estado muchas veces va al territorio y hace perforaciones, pero esta es una solución paternalista y externa a las comunidades. Ellas no se la apropian. Cuando la bomba se rompe, no suelen tener herramientas para repararla. Otro problema de las perforaciones es que no siempre el agua es buena. A veces tiene sales, arsénico, flúor o magnesio en cantidades que no son aptas para consumo humano, lo cual termina generando problemas de salud”, explica Juárez.

Según la especialista, la mejor forma de trabajar con las comunidades en relación al acceso al agua requiere de dos intervenciones. En primer lugar, se deben implementar las soluciones urgentes y, en segundo lugar, se debe trabajar junto a las familias para encontrar soluciones más estructurales. Hay que trabajar casa por casa en el desarrollo de los sistemas para que puedan tener agua de calidad para el consumo y para la producción. 

En algunas comunidades rurales arman techos que sirven para cosechar agua de lluvia. Foto: Paula Juárez

“Si no se hacen las dos cosas, no se está brindando una solución estructural al problema. No existe una solución milagrosa que resuelva el problema en un mes. Todos los años estas comunidades presentan quejas por las soluciones brindadas y no tienen a quién hacérselas llegar”, enfatiza Juárez.

No todas las comunidades wichi viven la misma situación. De hecho, la presidente de Fundación Gran Chaco, Fabiana Mena, cuenta que en la comunidad Lote 8 de Formosa, hace 10 años se hicieron perforaciones en profundidad e intervenciones estructurales y de ese modo se solucionó el problema de acceso al agua.

“En Salta hay muchas comunidades indígenas que no tuvieron ese tipo de intervenciones. La provincia tiene una deuda pendiente con las comunidades indígenas porque se ve que están en una situación mucho peor respecto a Chaco y Formosa”, dice Mena.

Sergio Aguirre es director de la escuela de la comunidad wichi de Tucumancito, también en Formosa. Hace 25 años que trabaja con la comunidad. Dice: “Cuando llegué, en la década de los noventa, las personas accedían al agua a través de aljibes comunitarios, que se encontraban en algunas escuelas. Ahora el acceso es a través de la red pública. En el lapso de 25 años, se vieron mejoras en relación a las necesidades básicas. El agua en esta comunidad ahora está garantizada. Los chicos tienen desayuno y almuerzo en el comedor de la escuela. De todas formas, hay otras comunidades en la zona a las que le tienen que llevar el agua en camiones y ahí se plantean las dificultades”.

Redaccion.com.ar - 10 de febrero de 2020.