–¿Cómo estamos hoy en la Argentina en el tema de la trata de personas?

–Hace un mes salió una información en el diario “Infobae” según la cual se ha hecho una evaluación positiva de la problemática en el país. Pero eso no es correcto. El diario hizo una pésima traducción del informe del Departamento de Estado de los EE. UU.

–En realidad dice que la Argentina está por caer en la lista negra de países involucrados en la trata de personas...

–Así es. Para hacer su evaluación, el informe tiene tres escalas: Tier 1, 2 y 3. En el Tier 1 están los países que están haciendo algo para combatir la trata, en el 2 están los que no están haciendo lo suficiente pero algo hacen y el 3 es la lista negra. La Argentina está por segundo año consecutivo en el Tier 2, entre los países que no cumplen con los requisitos mínimos para combatir la trata de personas y –además– está desde hace dos años en la lista de observación, es decir, en una posición frágil puesto que, si no demuestra que avanza, pasará a la lista negra. El informe para la Argentina fue muy negativo y esto no sólo fue levantado por la prensa como positivo, como si nos hubiésemos sacado un 10 cuando en realidad nos aplazaron, sino que no se ha dado difusión a esta grave situación.

–¿Qué significa hacer algo o no hacer nada para combatir la trata de personas?

–Significa que un país tiene que investigar al respecto, tomar medidas para combatir el delito, proveer al país de un armazón legal que pueda penalizar este tipo de delitos, hacer campañas masivas para prevenir, dar apoyo a las víctimas. La Argentina en todos los temas tiene un aplazado, incluso en el área de información pública. La Secretaría de Medios de la Nación no apoyó la campaña de información pública para prevenir y combatir la trata de personas. La campaña le llegaba al gobierno gratuitamente, elaborada por la Organización Internacional para las Migraciones –OIM–; sólo se pidió que ayudara a difundirla. El secretario de Medios ni nos atendió. No existe voluntad política de dar difusión a una campaña que podía haber ayudado y mucho para frenar la trata de personas en la Argentina.

–Los países “modelos”, los Tier 1, ¿cómo se manejan para combatirla?

–Hay países que tienen cosas muy buenas y otros que tienen cosas buenas y malas. En España hay una fuerte persecución de redes, pero penalizan a las víctimas. En Colombia hay leyes maravillosas y la aplicación es muy deficiente; no hay correlación entre leyes y programas y aplicación. Paraguay, más o menos igual que Colombia: buenas leyes pero deficiente aplicación. Esta respuesta es difícil... podríamos decir que los países nórdicos, o cualquier país desarrollado, hacen las cosas bien, pero necesitaríamos un tiempo más de evaluación.

–¿Y por qué causas la Argentina empeoró en la lucha contra la trata?

–Hay una cifra escalofriante. En el 2005, dice el informe, hubo 33 arrestos por causas vinculadas con la trata de personas en el país y en el 2006, 15, cuando en el mismo período aumentó sustancialmente el número de víctimas atendidas por Cepropo y organismos internacionales como la OIM, con lo cual hay algo que no funciona. Este es un dato que llama la atención: el gobierno, si bien es cierto que de un tiempo a esta parte incluye el tema en agenda, por otra parte no da pasos que permitan dar cuenta de una preocupación real por el tema.

–El caso de la legislación debe ser el más elocuente...

–Evidentemente. Si bien hubo varios proyectos en danza, en diciembre del 2006 tuvo media sanción del Senado el proyecto de la legisladora Vilma Ibarra, pero es un proyecto que tiene grandes deficiencias.

–¿Las deficiencias están sobre todo del lado del resarcimiento a las víctimas?

–Algo más que eso. En primer lugar, en la definición de “trata”. El proyecto copia la definición del protocolo (de Palermo), sin que esta definición se adecue a nuestra realidad. Se intenta copiar una definición y pegarla en nuestro Código Penal. La definición que da el protocolo hace muy difícil que una causa pueda prosperar. ¿Por qué? Porque habría que probar que la víctima fue engañada, amenazada... todas cuestiones muy difíciles de probar. Los casos, así, se sostendrían en la definición de la víctima, que muchas veces es forzada a declarar bajo amenaza, y enfrente tiene la declaración del tratante, que contrata al mejor abogado que el dinero puede comprar. De modo que este delito –dadas así las cosas– no podría probarse en sede judicial. En segundo lugar, el proyecto no se refiere en ningún momento a la reinserción de las víctimas, a la reparación, que son compromisos internacionales porque la Argentina ratificó el Protocolo de Palermo. De modo que el proyecto copia la definición pero no los compromisos allí establecidos para luchar contra este flagelo. Tampoco asigna a un organismo que coordine las acciones contra la trata ni un programa nacional, con lo cual aprobamos un proyecto deficiente que, de aprobarse como está en Diputados, va a generar otros problemas.

–¿Cómo se trabaja en la Argentina para hacer frente a esta problemática?

–Actualmente tenemos tres puntos focales: Cancillería, que se ocupa del aspecto internacional y ha delegado la parte interna en la Procuración General de la Nación, y por otra parte el Ministerio del Interior, que ha designado a la Dirección Nacional de Migraciones como un punto focal contra la trata. Así, hay una gran confusión y, en definitiva, una ausencia de medidas concretas de combate; no hay medidas concretas de persecución penal y bueno, algunos organismos, algunos ministerios, van organizando áreas de trata como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de las fuerzas de seguridad, la Gendarmería, que por otra parte es una de las fuerzas que más han acompañado en el país y es por lo general la que hace los allanamientos, ha creado un área específica. Esto porque las policías locales no tienen formación ni preparación para afrontar estas problemáticas.

–Además de acompañar esta evaluación negativa, usted alerta sobre lo que puede provocar la inacción en lo que se refiere a trata, y suena casi apocalíptica...

–La experiencia que he tenido en países como Colombia, donde trabajé muchos años, me dicta que, si no se toman medidas, estas redes –como las del narcotráfico– se van fortaleciendo mientras los gobiernos dilatan sus políticas. Si no hacen nada, el territorio va a ser gobernado por mafias del crimen organizado.

*Periodista