En un contexto donde se han sucedido transformaciones de enorme impacto en las tecnologías, prácticas productivas y métodos organizacionales dominantes en el escenario competitivo global, así como una total redefinición de las reglas de juego en la economía doméstica, Argentina se enfrenta a desafíos y oportunidades cuya resolución definirá en gran medida las características del estilo de desarrollo que asumirá el país a largo plazo.

La idea es aportar algunos elementos de juicio que ayuden a repensar la industrialización argentina y sugerir algunas alternativas que podrían contribuir a que dicho proceso permita una amplia inclusión en términos sociales, con la creación de nuevos puestos de trabajo, y se caracterice por un avance hacia un patrón de especialización más intensivo en el uso de trabajo calificado, basado en esfuerzos tecnológicos domésticos y más centrado en producciones de mayor valor agregado y bienes diferenciados.

En el complejo escenario internacional, se observa, en los países desarrollados, que las firmas buscan estrategias y formas de organización y producción más flexibles e innovadoras, con el objetivo de responder a la creciente globalización y a las cambiantes preferencias de los consumidores.

Para alcanzar este objetivo no basta con incorporar tecnologías modernas, sino que, en general, es preciso, simultáneamente, adoptar nuevas formas de organización de los procesos de investigación, diseño, gestión, producción y comercialización.

Este proceso de transformaciones es complejo, avanza de manera desigual y asume características específicas según los sectores, regiones y países, e involucra causalidades e interacciones aún no completamente entendidas.

Sin embargo, diferentes análisis han mostrado, en el ámbito empírico, que existe una vinculación entre la adopción de nuevas formas de organización productiva, formación de habilidades (skills) y capacitación de los recursos humanos, y ganancias de productividad y competitividad.

En una situación en la cual los problemas económicos se unen con la fragilidad institucional, no es necesario retornar al mercado sino construir el mercado. Esto significa actuar sobre las instituciones de la vida colectiva y proveer las capacidades que permitan a la mayoría de los sujetos tomar parte en forma efectiva.

Las políticas públicas para el desarrollo de la competitividad deben estar orientadas no sólo a favorecer un cambio en el contexto institucional en el cual las firmas realizan sus operaciones, sino también hacia acciones específicas que favorezcan el desarrollo de la cooperación entre las firmas para permitir la especialización individual en un contexto de complementariedad y extensión del mercado. El desarrollo de las cadenas productivas y la mayor demanda de empleo deben ser las metas a lograr.

En este escenario, las políticas públicas, con instrumentos distintos a los empleados en el pasado, deben jugar un rol central como catalizadoras de los procesos de transformación, generando un marco institucional favorable al desarrollo de esfuerzos productivos y tecnológicos, apuntando a mejorar las posibilidades de coordinación de los objetivos y estrategias de los agentes privados.

La tarea de construir el mercado a partir de igualar las oportunidades, mejorar las capacidades, desarrollar las instituciones y replantear el papel de la “empresa” en el sistema económico permitiría crear un nuevo entorno para fortalecer el progreso económico en Argentina.

La economía local enfrenta un conjunto de desafíos para retomar un sendero de progreso económico con un crecimiento sostenido del PBI y una distribución más equitativa de sus frutos.

Entre otros debe superar los problemas estructurales de su mercado de trabajo y buscar los equilibrios de su sector externo. Si consideramos que el ingreso per cápita es cercano a los cinco mil dólares anuales, y nuestra aspiración es acercarnos a países que duplican esa cifra, surge con claridad que nuestra salida no está dada por la competitividad con salarios bajos, dado que otras sociedades tienen escalas salariales notablemente más bajas y que esa estrategia no es coincidente ni con la mejora de vida de nuestra población, ni con las tendencias que se verifican en aquellas naciones que poseen los mejores desempeños.

La búsqueda de más y mejores empleos sólo es posible en la mayor calidad y ensanchamiento de nuestra base productiva, con una tendencia creciente a la participación de los bienes basados en el conocimiento y la innovación tecnológica, con la utilización intensiva de mano de obra calificada y un aprovechamiento integral de nuestros abundantes recursos naturales.

La difusión, adaptación y generación de conocimientos científicos y tecnológicos no es un proceso ni automático ni individual. Requiere de esfuerzos deliberados en un complejo proceso colectivo y acumulativo a través del tiempo, en el cual intervienen en forma interactiva, entre otros, empresas, instituciones públicas y de la sociedad civil, empresarios y trabajadores, institutos de investigación y universidades, que conforman lo que se denomina el Sistema Nacional de Innovación.

En el campo del conocimiento, las imperfecciones de los mercados, la existencia de bienes públicos, la transmisión imperfecta de la información, la racionalidad acotada, la construcción y fortalecimiento de las instituciones son algunas de las condiciones que determinan la necesidad de que existan políticas públicas que fortalezcan la innovación.

Los gastos de Investigación y Desarrollo (ID) que realiza el país no son los adecuados para permitir el tránsito hacia una estructura productiva más especializada en la producción de bienes y servicios diferenciados, con mayores contenidos de valor agregado local y con el crecimiento sostenido de la productividad.

Argentina gasta alrededor de 800 millones de dólares anuales en ID, lo cual representa sólo el 0,4 por ciento de su PBI, muy lejos de Brasil y Chile, con valores dos veces superior, y mucho más lejos de las sociedades desarrolladas, que destinan entre el 2 y el 3 por ciento de su PBI a la ID, o de las grandes corporaciones transnacionales, en las que se verifican –en varias de ellas– inversiones anuales en ID superiores a los 5 mil millones de dólares anuales.

Nuestro país se caracteriza por una escasa participación del sector privado, a diferencia de los países de mayor industrialización. Las mejoras en la eficiencia y productividad de la economía se han basado en la compra de insumos, equipos, maquinarias y tecnología del exterior. Estos aspectos son necesarios y positivos, pero fueron acompañados con una notable disminución de los esfuerzos endógenos para el desarrollo de capacidades competitivas.

La creciente participación de las empresas transnacionales no estuvo asociada con la localización en el país de tareas de ID, ni con el fortalecimiento de los encadenamientos productivos domésticos.

En este sentido, las políticas productivas parecen tener tres ejes clave que las ordenan:

1. Fortalecer las capacidades de la economía mediante el fomento del entrepreneurship y la innovación, la inversión en educación, y el mejor funcionamiento de los mercados de capital.

2. Estimular la cooperación intra y entre firmas e instituciones, en términos sectoriales, regionales y locales.

3. Fomentar la competencia a través de la apertura de mercados y la transparencia.

Es en el contexto de estas líneas de acción donde hay que insertar las políticas productivas para el caso particular de un país de desarrollo intermedio como Argentina, que debe superar de modo simultáneo las restricciones económicas y sociales que enfrenta.

Con respecto a las capacidades de nuestra economía

correspondería:

a. Impulsar el desarrollo del espíritu empresarial y la creación de nuevas empresas; con el fin de construir una nueva base empresaria, de otorgar flexibilidad al entramado productivo y de reducir el riesgo de mortalidad de empresas.

b. Estimular la creación de mercados de capital no existentes, mediante la revisión de regulaciones de los fondos institucionales para que financien proyectos de inversión de mayor riesgo, y diseñar nuevos incentivos para las instituciones financieras con el fin de que busquen y seleccionen emprendedores.

c. Recuperar el capital social acumulado y fortalecer una base empresarial nacional.

d. Promover acciones con el fin de alcanzar mayores derrames a partir de la inversión extranjera directa y atraer nuevas inversiones.

e. Una reforma tributaria y mejora de la administración y de la calidad del gasto público que incentive los procesos de inversión y exportaciones y fortalezca la difusión de bienes públicos.

f. Otorgar incentivos fiscales a la inversión local en investigación y desarrollo por parte del sector privado.

En relación con la cooperación para competir en mercados abiertos, es necesario promover políticas públicas que introduzcan la perspectiva de las tramas productivas. Una parte significativa de la competitividad de la producción se basa en las formas de articulación entre sus diversas etapas y la comercialización: desde el insumo básico hasta el consumidor final. Para ello hay que generar y fortalecer las redes productivas. ¿Cómo? Veamos las opciones:

a. El estímulo al desarrollo de eslabonamientos de proveedores y cadenas de comercialización.

b. La coordinación de inversiones en activos complementarios en la trama.

c. La promoción de una mayor diferenciación de productos y servicios, y la incorporación de mejoras de calidad a lo largo de la cadena productiva a través de la interacción entre firmas, de una información compartida y de la identificación conjunta de mejoras productivas, puesto que no siempre es sencillo para las empresas percibir los beneficios que surgen de las redes y de la cooperación, más aun cuando están focalizadas en los problemas de competitividad de corto plazo.

Esto conduce a una extensión de los mercados, con incrementos de productividad y creación de puestos de trabajo. Se trata de promover la competencia, lo cual implica apertura de mercados monopólicos u oligopólicos, transparencia y desregulación allí donde haga falta. Esto significa, en particular, una inyección de competencia en los servicios privatizados y recomponer los procesos de inversión.

Pero, además, las políticas productivas deben respetar cuatro requisitos básicos sin los cuales pierden efectividad. El primero de ellos es que estén insertas en una estrategia económica de irrupción en el mercado mundial; en segundo lugar, que se garantice la continuidad en el tiempo de las políticas; en tercer lugar, que exista coordinación y consistencia con el resto de las políticas públicas; y en cuarto lugar, la creación de instancias institucionales del Estado y de la sociedad civil con contrapesos para la ejecución de las políticas, de modo que reduzcan el riesgo de captura rentística.

Estos son algunos de los desafíos a enfrentar para que nuestro país recupere el sendero de crecimiento fundado en su potencial productivo y despeje definitivamente las dudas sobre su capacidad económica. En general, las acciones emprendidas hasta ahora por los distintos países para aumentar la competitividad de sus economías procuran atacar de modo directo los denominados factores precio (costo del capital, laboral, impositivo, tipo de cambio).

Sin embargo, no consideran aquellos elementos que la hacen sustentable en el mediano y largo plazo y que resultan ser clave para el crecimiento sostenido, como las políticas que favorecen la innovación tecnológica, la coordinación de inversiones, la especialización productiva y comercial, la mejora en la diferenciación y calidad de la producción de bienes y servicios, y la infraestructura institucional. Es decir, las variables que se conocen como “no precio” de la competitividad.

En este marco hay que inscribir las políticas productivas de un país de desarrollo intermedio como Argentina, que debe superar a la vez restricciones económicas y sociales.

El cambio, no obstante, requiere una orientación muy precisa. Cabe recordar que las reformas estructurales de los años 90, si bien redefinieron el modo de funcionar de la economía y de sus principales instituciones, no modificaron el carácter espasmódico de la dinámica de crecimiento de largo plazo, ni resolvieron tampoco los desequilibrios, largamente acumulados en el ámbito externo, fiscal, y en el sector de asignación y aprovechamiento de recursos.

La caótica salida del régimen monetario y cambiario, durante esa década, profundizó esos desequilibrios, cuyas consecuencias sociales se manifiestan esencialmente en dos planos: el deterioro de los ingresos y de las condiciones de trabajo y la heterogeneidad y desarticulación del desarrollo productivo.

La sustentabilidad de un esquema de crecimiento a largo plazo requiere atender de modo prioritario ambos aspectos.

[i]*Licenciado en Economía (UBA), director de la CEPAL en Argentina, profesor de la UBA, de la Universidad Nacional de Quilmes y del Saint Anthony’s College (Oxford). Premio Konex de Platino a la figura más destacada por su trayectoria en la década (1997/2006) en la disciplina “Desarrollo económico”. Este fragmento fue extraído de su libro Hacia un nuevo modelo industrial, de la colección Claves para todos, editado por Capital Intelectual.[/i]

Fuente: Diario Perfil – 08.11.2007