También es muy alto el número de entidades que brindan servicios parciales. Por ejemplo, sobre 483 mutuales, hay 267 que no brindan el Programa Médico Obligatorio (PMO), sino que cubren determinadas especialidades, como odontología o emergencias médicas. Sin embargo, según la ley, todas las entidades “deben incluir como mínimo en sus planes de cobertura médico asistencia el PMO en vigencia”, al margen de si otorgan o no otras coberturas.

Si se aplica inmediatamente la ley, más de la mitad de las entidades –especialmente del interior del país– directamente desaparece . Entonces los afiliados de esas entidades tendrían dos alternativas: atenderse en el hospital público o pasarse a otra prepaga. Por eso se considera que el potencial de concentración es muy grande y hacia eso marcharía el sistema.

En este punto ya pegaron el grito las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones. Originalmente la ley aprobada por el Congreso excluía a esas entidades . Pero luego, en noviembre, a través de un DNU se modificó el texto con gran amplitud ya que quedaron incluidas “las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana a lo usuarios”.

Este conglomerado de entidades quiere mantener las coberturas básicas y parciales que responden –dicen– a gente de bajos recursos que no pueden pagar una cobertura integral. Y apuntan sus dardos hacia algunas prepagas grandes que serían, aseguran, las artífices de la ley y del DNU.

El alto número de beneficiarios, mayor al estimado, se debe a que muchos afiliados de obras sociales sindicales derivan sus aportes a prepagas, tienen planes complementarios o contratan servicios parciales. Un dato no menor es la estructura etaria del sistema.

El 45% (casi 5,5 millones) es gente joven, de menos de 36 años, mientras que en la otra punta, con más de 65 años, figura el 17,8% (2,1 millones). Esto hace que la medicina privada sea un buen negocio.

Clarín - 30 de abril del 2012