En noviembre del año pasado, más del 90% de los servicios de la línea Mitre partieron puntuales; en marzo de este año, menos del 70%. El accidente en Palermo expone las carencias del sistema y alimenta el discurso privatizador.

La venta de empresas estatales durante los años ’90 fue, entre otras cosas, una manera de obtener divisas para sostener el esquema de convertibilidad monetaria. Al privatizar los servicios públicos, el Estado perdió capacidad de establecer políticas y de actuar como regulador en áreas clave, cuyo destino quedó fijado exclusivamente a criterios empresariales privados. Algunas de estas limitaciones fueron superadas y otras permanecieron, incluso tras los procesos de renacionalización de principios del siglo XXI.

El acelerado y extenso proceso de privatización de empresas iniciado durante la administración de Menem, elemento esencial de las reformas estructurales de esa década, incluyó la principal empresa nacional, YPF. Según sostenía el gobierno, era necesario reestructurarla vendiendo ciertos activos para acrecentar su “valor económico”: “más músculo y menos grasa”. Bajo esta señal, se gestó el proceso de fragmentación de la compañía cuya finalidad manifiesta era “incrementar su eficiencia” en el nuevo “entorno competitivo” para luego ser transferido su capital social al sector privado. Sin embargo, en el presente trabajo se discute dicha perspectiva al sostener que su fragmentación tuvo como finalidad que los sectores dominantes locales, que desde mediados de los ’70 externalizaban costos e internalizaban renta de YPF, pudieran participar del “negocio”, al adquirir sus principales activos antes de que fuera privatizada. Este elemento se considera relevante en tanto que marcaría una peculiar línea de continuidad entre el último gobierno de facto y el menemista.

La única manera de entender las razones que provocan el furor con que el gobierno español, los medios de comunicación y tantos tertulianos de toda laya defienden a Repsol no puede ser otra que comprobar el amplio listado de ex autoridades del Estado, incluyendo actuales ministros, que han estado en su nómina, las miles de páginas y horas de su publicidad que financian a los medios y quién sabe qué otro tipo de influencias más inconfensables e inconfesadas.

Defender la españolidad de Repsol es algo demasiado forzado y olvidar que los que ahora lo hacen con tanto ímpetu fueron, en su gran mayoría, los que promovieron y llevaron a cabo la privatización de empresas que entonces sí que eran efectivamente españolas, no solo porque la totalidad o la inmensa mayoría de su capital era español, lo que quizá incluso sea lo de menos, sino porque la estrategia empresarial que perseguían respondía a intereses nacionales y no globales que apenas si repercuten en el progreso de España y en el bienestar de sus ciudadanos.