La media sanción de la ley de bases en la cámara de diputados fue una carambola a varias bandas que salió exactamente como planeaba el gobierno, que hasta el mismo lunes por la mañana todaví­a no tení­a certezas sobre el resultado de la votación. Finalmente hubo un abroquelamiento casi completo de todo el espectro polí­tico que antes revistaba en Juntos por el Cambio en apoyo a la iniciativa que impulsa Javier Milei. Sumado al apoyo clave de algunos gobernadores, algunos votos peronistas y el okey silencioso de un sector de la CGT, terminó por redondear una mayorí­a holgada que dio luz verde a su reforma. Ese resultado despierta dudas sobre lo que pueda pasar cuando el proyecto llegue al Senado, un escenario a priori más hostil para el oficialismo, pero que ya no parece infranqueable.

La pregunta que atraviesa, por estas horas, el sistema polí­tico, tiene que ver con el destino de la ley en la cámara alta, que comenzará a definirse la semana próxima, pero es, en realidad, más abarcativa. Se trata de discernir si Milei consiguió, a partir de este trámite parlamentario, construir un bloque de alianzas estable, que le brinde gobernabilidad hacia adelante, garantí­a reclamada expresamente por varios interlocutores, desde el Fondo Monetario Internacional hasta posibles inversores nacionales y extranjeros, o si, por el contrario, la mayorí­a que exhibió este lunes y martes entre los diputados fue el canto del cisne de la primavera de su presidencia, la manifestación tardí­a y acaso a destiempo del crédito que se le da a cada presidente al comienzo de su mandato, el final y no el comienzo de la colaboración.

Cada uno de esos dos caminos tiene su propia agenda por delante. Si el oficialismo consolida una mayorí­a con votos prestados, desde la Casa Rosada imaginan una normalización de la relación con el Congreso y con las provincias que permita sancionar definitivamente las bases y enterrar la ofensiva opositora contra el DNU. Con las facultades que le confieren esas dos normas fuera de discusión, Milei tendrí­a las manos libres para avanzar con reformas más profundas, un menú que incluye privatizaciones, intervenciones y vaciamiento de organismos del Estado y decenas de miles de despidos adicionales en el sector público. Sólo deberí­a volver al Congreso para discutir impuestos y aprobar nuevas facultades represivas en la lí­nea de los proyectos impulsados por Patricia Bullrich y Luis Petri.

El cuello de botella sigue siendo financiero. El ví­nculo con los gobernadores que pueden garantizar una mayorí­a más o menos estable (los patagónicos, el misionero Hugo Passalacqua, el salteño Gustavo Sáenz, los peronistas Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gerardo Zamora) se sostiene más que nada en la acuciante necesidad de recursos. Con la bandera innegociable de un superávit fiscal precario que podrí­a complicarse aún más en los próximos meses, habrá que ver de dónde saca dinero la Casa Rosada para mantener contentos a sus socios. También pesa en la relación la imagen positiva que, según los indicadores más o menos esotéricos que consulta cada uno de ellos, sigue siendo alta en sus distritos. Algunos creen que eso tiene fecha de vencimiento, pero no aparecen dispuestos a pagar el costo de anticiparse.

Por otra parte, existe la posibilidad de que las cosas vuelvan a complicarse. La propia ley de bases, con su anexo fiscal, puede tropezar en el Senado, donde el peronismo, si mantiene la cohesión, está a pocos votos de tender una barrera infranqueable. Aún si no se la pudiera rechazar de plano, existe la posibilidad muy cierta de que algunos capí­tulos, como la reforma del Estado, el blanqueo o la restitución del impuesto a las ganancias, queden por el camino o sufran modificaciones, lo que obligarí­a a reiterar el trámite en la cámara baja, que necesitará dos tercios de los votos para sostener su versión. Ayer, en el acto por el primero de mayo, la CGT (que tiene su propia interna alrededor de este tema) insistió en pedirle públicamente a los senadores que no sancionen la ley.

En la cámara de diputados, la misma que esta semana aprobó la ley de bases, unos dí­as antes habí­a quedado a sólo cuatro votos de darle quórum a una sesión especial impulsada por Unión por la Patria para discutir el financiamiento universitario, el Fondo de Incentivo Docente y la fórmula jubilatoria. Los mismos temas, en el Senado, podrí­an comenzar a discutirse la semana que viene, esta vez a pedido de legisladores radicales, del peronismo disidente e incluso una del PRO. En la cámara baja también está pendiente el tratamiento del DNU 70/23, con fecha y resultado inciertos. Si una o varias de estas iniciativas consiguen los votos para avanzar echarí­a dudas sobre la capacidad de Milei de brindar sostenibilidad a las reformas, volviendo la discusión a foja cero y proyectando nubarrones sobre su horizonte.

Esa posibilidad, la de un agotamiento prematuro de la colaboración de otras fuerzas polí­ticas, que gustan autopercibirse opositoras pero, hasta ahora, actuaron siempre como socias, fue consignada este fin de semana por el jefe de polí­tica del diario La Nación, Jorge Liotti, avezado lector de la realidad, que puso en boca de un legislador radical no identificado la siguiente reflexión: “Milei estresó todo el sistema polí­tico, nos trató de ratas, nos sometió al escarnio de las redes. Todos estamos queriendo dar una señal de acompañamiento para cumplir no tener más compromisos con este gobierno”. Habrá que ver si existela voluntad polí­tica de diferenciarse no solamente en los discursos, sino también en los hechos, o si, por el contrario, seguirán haciendo como el tero, que pega el grito en un lugar pero pone los huevos en otro.

^{Fuente: El destape - Mayo 2024}