La aprobación en diciembre pasado de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina instaló un amplio debate en torno a las dimensiones éticas, religiosas, legales, de derechos, de salud pública, de género y hasta económicas relacionadas con el tema. Con independencia de las aristas propias de ese debate, es fundamental considerar también la factibilidad a la hora de hacer que la ley efectivamente sea operativa y se traduzca en resultados tangibles. Aun cuando haya evidencia de que un método, tratamiento o medicamento resulte costo-efectivo para el conjunto de la sociedad, el impacto presupuestario que pudiera ocasionar en quienes deben procurar los recursos necesarios para garantizar su aplicación en los términos establecidos por la norma, no es un tema menor.

La Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de misoprostol y mifepristona, como primera línea para la realización de un aborto, o solo misoprostol cuando la mifepristona no está disponible, tal es el caso de la Argentina.

En consecuencia, si algo hacía falta para que la efectiva aplicación de la ley ocurriese era lograr que el acceso a los fármacos recomendados para la utilización de prácticas seguras dejara de ser prohibitivo para quienes no tuvieran recursos, y que permitiera al Estado comprar a menores precios, de modo de garantizar el acceso gratuito a quienes tomen la decisión de interrumpir un embarazo en las condiciones establecidas en la ley N° 27610.

Eso es precisamente lo que significa tener el primer registro como especialidad medicinal del misoprostol -otorgado por la Anmat- elaborado por un laboratorio público de la provincia de Santa Fe: el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), uno de los 41 laboratorios públicos nucleados en la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap). Es haber logrado mejorar el acceso al aborto en condiciones seguras a partir de mejorar la disponibilidad del único medicamento que puede ser empleado para tal fin.

La producción pública de misoprostol no solo dota a la Argentina de una alternativa de menor precio, sino que introduce competencia en un mercado hasta ahora monopólico, posibilita el tránsito federal y permite que se avance un paso más hacia la "soberanía en medicamentos", generando una mayor autonomía en el colectivo de gestantes.

Este tipo de iniciativas que se traducen en respuestas concretas a necesidades sanitarias son exactamente lo que se persigue e impulsa a través de la Política Nacional de Medicamentos en lo que a producción pública refiere: lograr que los laboratorios estatales orienten sus producciones hacia medicamentos "estratégicos" y "necesarios" desde la perspectiva de la salud pública, que no persiguen la rentabilidad comercial, sino la rentabilidad social.

De este modo, la experiencia del LIF marca el inicio de una serie de proyectos similares que se están impulsando y que están orientados a dar respuestas a necesidades hasta ahora desatendidas, de ofrecer soluciones, de conducir las acciones y los recursos hacia aquellas iniciativas que nos permiten seguir garantizando el derecho de quienes están en situaciones más difíciles y a aquellos a los que les debemos estas respuestas.

De eso se trata, de igualar oportunidades, de hacer tangible el ejercicio de los derechos adquiridos, de ser más libres y más soberanos en el manejo de la salud.

Estamos haciendo historia, estamos evitando que sigan sucediendo muertes absurdas e innecesarias. Hoy somos un poco más justos que ayer.

Télam - 24 de febrero de 2021.