Siempre es bueno hacer un poco de historia. Durante el primer gobierno peronista (1946-1955), donde, más allá de otro tipo de valoraciones, hay un acuerdo entre todos los historiadores económicos acerca de que se produjo una transferencia de riqueza desde el sector agropecuario al industrial, no existieron las retenciones. El mecanismo utilizado fue una suerte de monopolio del comercio exterior, ejercido por un organismo llamado IAPI (Instituto Argentino de la Promoción del Intercambio). Contradictoriamente, las retenciones al agro hicieron su ingreso en la política económica argentina durante la dictadura de Onganía, implantadas por su ministro de Economía, el ultraliberal Adalbert Krieguer Vasena. Luego se mantuvieron durante gobiernos tan disímiles como los de Cámpora, Lastiri, Perón, Isabel, Videla, Viola, Galtieri, Bignone y Alfonsín. Van a desaparecer en la década menemista, claro que simultáneamente con un tipo de cambio subvaluado (la Convertibilidad) que le quitaba toda rentabilidad a los exportadores.

¿Para qué sirven?

En estas páginas hemos afirmado en reiteradas oportunidades que es correcto cobrarle fuertes impuestos a los que más ganan y a los que detentan mayor riqueza. Esta es una condición necesaria para cualquier política redistributiva. Que se complementa con la utilización de lo recaudado para efectivamente atender las más urgentes necesidades populares, el equilibrio regional y el diseño de una política de desarrollo. Traducido: sirve recaudar si eso se destina a más salud, más educación, más viviendas, más políticas específicas para erradicar la pobreza, menos desempleo y mejores sueldos y jubilaciones para todos. Sirve, además, si existe un real federalismo fiscal, donde lo recaudado vuelva a las regiones postergadas, a través de caminos, redes de gas natural, apoyo a las zonas inundables, y otras obras de infraestructura. Y sirve, por último, si los créditos y subsidios se aplican a los pequeños productores, las cooperativas y el trabajo unipersonal, en vez de aumentar la concentración de la riqueza.

Empecemos entonces, por la herramienta en discusión hoy: las retenciones. Decididamente no sirve como herramienta de redistribución de la riqueza, primero y principal porque no discrimina entre el grande y el pequeño productor, siendo funcional a la concentración monopólica de la tierra que se viene dando en los últimos años. Los grandes del campo protestan porque se les recorta un poco las superganancias, pero se muestran dispuestos a negociarlas a cambio de algún nuevo subsidio. Los pequeños productores, en cambio, saben que van camino a la quiebra, o sea a tener que venderle la tierra al gran terrateniente.

Estructura monopólica

El Ministro de Economía Lousteau incorporó otro argumento en juego en su defensa de las retenciones. Sostuvo que 'sin retenciones se pagaría el pollo, la carne, la leche y el aceite cuatro veces más', porque las empresas venderían los bienes a los mismos precios de exportación. Y que las retenciones garantizan que se vendan más barato. Esto es absolutamente falso. La carne, los lácteos, el pan, y en general, todos los bienes que consume la clase trabajadora vienen subiendo fuertemente desde la devaluación a esta parte, antes del paro del campo. Tan falso es el planteo de Lousteau, que no puede explicar cómo es que, para 'bajar' los precios de los alimentos, no sólo no sube las retenciones al trigo -un producto que incide en el costo del pan, vía la harina-, sino que las baja, subiendo las de la soja y el girasol, que se exportan en su totalidad.

El aumento de los precios tiene un motivo claro: la estructura monopólica de la economía argentina, que se reforzó en estos últimos años. Los precios de la carne los aumentan los grandes frigoríficos y los de los lácteos son decididos monopólicamente por Sancor y la Serenísima. Y todo eso sin contar la estructura oligopólica de la venta final, en manos de supermercados como Carrefour, Jumbo o Coto.

Hagamos un simple ejercicio. El trigo en 2002 estaba a 380 dólares la tonelada, ahora subió a 580 (un 52%). El costo de la harina en el precio del pan incide en un 15% del total. ¿Por qué entonces el pan subió de 2 a 4 pesos el kilo? Respuesta: en el medio 'alguien' (los grandes molinos, las panificadoras, los supermercados) se quedaron con la diferencia. Podríamos hacer el mismo ejercicio con la carne: acá los grandes ganadores son los frigoríficos y (otra vez) las cadenas de supermercados.

Presión tributaria

Pero las retenciones son apenas el 15% del total de impuestos recaudados en nuestro país. Analicemos por un instante la estructura impositiva en su conjunto. Nadie puede sostener seriamente que está redistribuyendo la riqueza sin hacer nada frente al hecho más escandaloso e irrefutable: nuestro país tiene una de las estructuras impositivas más regresivas del mundo. Los impuestos indirectos (y en particular el IVA) provocan una presión del 8% del PBI. Mientras tanto, otros países capitalistas como Estados Unidos, Japón y Australia pagan de impuestos similares una proporción del 2% del PBI, Alemania el 3%, Canadá y Suecia el 4% y el Reino Unido (el más inequitativo) apenas el 5%.

Si ahora miramos, por el contrario, los impuestos directos, tenemos la relación exactamente inversa. Analicemos el impuesto a las ganancias: en nuestro país su presión tributaria es del 4% del PBI, en Estados Unidos y Japón del 9%, en Alemania del 11%, Australia y el Reino Unido del 14%, Canadá del 18% y Suecia del 21%. Y si nos ponemos a 'leer' la letra chica de nuestros impuestos directos, encontramos situaciones escandalosas, como el hecho de que todas las ganancias de las transacciones financieras están exentas y no tributan un peso. La paradoja mayor: un despedido cobra su indemnización con un cheque y paga el 'impuesto a los débitos bancarios', mientras que un especulador que hizo una millonada especulando entre bonos y acciones no tiene que abonar absolutamente nada.

La coparticipación

El otro problema que agudiza la injusticia de nuestro sistema impositivo es la relación entre la Nación y las provincias. Hace más de diez años que se tendría que haber discutido una nueva Ley de Coparticipación Federal. Era una obligación que se desprendía de la reforma constitucional de ese año. No sólo nunca se llevó a cabo, sino que se viene profundizando el 'unitarismo fiscal': cada vez más y más impuestos van directamente a la caja nacional, sin ser coparticipados por las provincias. Más aún, desde el 2001 se vota año a año la continuidad de la llamada 'emergencia económica', que le permite al Poder Ejecutivo definir los impuestos a cobrar sin siquiera tener que tomarse el trabajo de discutirlo en el Congreso. En este marco se dan los aumentos a las retenciones que, recordemos, son absoluta y totalmente no coparticipables. O sea que se 'recauda' en el interior y luego eso no vuelve ni en un centavo a las diferentes regiones del país que produjeron esa riqueza.

¿A donde van los recursos?

Discutir 'política fiscal' y no sólo impuestos significa salir de la mentalidad meramente recaudatoria. Es debatir a fondo que se hace con los fondos. Y acá, los números le dan un mentís clarísimo al gobierno. Hace más de cuatro años que se vienen obteniendo recaudaciones récords y el Banco Central se ufana de tener más de 50.000 millones de dólares de reservas. Sin embargo, las escuelas, particularmente en el interior del país, se siguen cayendo a pedazos, los hospitales siguen desabastecidos, continúa la desnutrición infantil, cada par de meses nos enteramos de un nuevo desastre por culpa de inundaciones perfectamente previsibles... y así podríamos seguir hasta el infinito.

La contrapartida es que desde el 2003 para acá nos encontramos con una política económica que tiene el récord de pago 'cash' de deuda externa de la historia argentina. Y que los subsidios y créditos, pomposamente anunciados, terminan siempre favoreciendo a los sectores más concentrados de la economía. Para poner un ejemplo, veamos los famosos 'subsidios al campo' de los que tanto se habla en estos días. En el año 2007 se distribuyeron 1.502 millones de pesos: los recibieron los cinco molinos más grandes de la Argentina (366 millones), las lácteas Sancor y La Serenísima (319 millones), las grandes aceiteras y en particular Aceitera General Deheza (279 millones) y las grandes faenadoras de pollos (279 millones). En síntesis, 20 empresas controlando el 81% del total de los subsidios 'al campo'.

En conclusión: bienvenida sea la discusión sobre los instrumentos para redistribuir la riqueza. Pero la realidad es que las herramientas fiscales que pone en juego el gobierno no van en ese sentido, ya sea que las miremos desde el lado de la recaudación como del destino de los recursos.

[i]*José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).

En Realidad Económica también publicó:

*La regulación de los servicios públicos privatizados
Thwaites Rey, Mabel; Castillo, José; López, Andrea

Año de Publicación: 1995
Número de Revista: 129

*¿Jaque económico a la política?
Castillo, José; Thwaites Rey, Mabel

Año de Publicación: 1995
Número de Revista: 132

*Qué legitimación para qué crisis: opciones de políticas
Castillo, José

Año de Publicación: 1993
Número de Revista: 114-115

*Crisis del estado: ¿crisis de legitimidad de lo público?
Castillo, José

Año de Publicación: 1991
Número de Revista: 98[/i]

Fuente: La Arena – 04.04.2008