La última moda en fake news es la ralentización: una sutil modificación en la velocidad de reproducción de un video que hace parecer borracho, senil o empastillado al protagonista. Si el resultado es verosímil y el personaje un político mainstream, la viralización a través de las redes sociales está garantizada. Eso es lo que denunció la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando en Twitter circuló un video en el que parecía fuera de sí. En los Estados Unidos, la víctima más reciente de este procedimiento fue la demócrata Nancy Pelosi, de 79 años, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. “¿Qué le pasa a Nancy Pelosi? Su forma de hablar es rara”, tuiteó Rudy Giuliani junto al video que fuera publicado originalmente en Facebook y muy difundido por los partidarios de Donald Trump. Más de 2,4 millones de reproducciones en total.

Nancy parecía balbucear con dificultad cada palabra, pero la publicación del video auténtico puso en evidencia la adulteración. Unos días después, Pelosi tuiteó: "El poder económico injustificado y concentrado en manos de unos pocos es peligroso para la democracia, sobre todo cuando las plataformas digitales controlan el contenido. La era de la autorregulación ha terminado".

Un debate que se agita durante cada gran campaña presidencial y que ahora también se instala en argentina: ¿la información falsa debe ser suprimida? ¿debemos delegar en las plataformas digitales la responsabilidad de eliminarla?

¿Suprimir la información falsa?

Facebook respondió limitando la visibilidad del video y agregándole un epígrafe de advertencia, pero no lo eliminó. Ante el reclamo, su réplica en forma de comunicado fue tan polémica como lógica: "No tenemos una política que estipule que la información que se publica deba ser cierta". La declaración da de lleno en la médula de un debate que se agita durante cada gran campaña presidencial y que ahora también se instala en Argentina: la información falsa, ¿debe ser suprimida? ¿Debemos delegar en las plataformas digitales la responsabilidad de eliminarla?

Javier Pallero, Coordinador de Políticas Públicas para Latinoamérica de Access Now, opina que no deberíamos delegarlo en nadie, “ni siquiera en un juez", ya que hay casos en los cuales "ni los jueces están preparados para dictaminarlo. Ellos están preparados para aplicar el derecho, pero ¿el derecho debería decir qué es verdadero y qué es falso? Más allá de las verdades científicas, que no hay que negarlas por supuesto, algunas cosas están un poco más sujetas a la interpretación, al consenso de un grupo". El punto está en que participen todos los que deben hacerlo.

Como equilibrio posible, Pallero propone darle más poder para curar contenido al usuario y menos a la plataforma: "que el usuario ejerza control, que tunee el algoritmo para ver lo que quiera ver, porque uno tiene derecho también a creer en ovnis y en teorías conspirativas”. En todo caso, los aspectos educativo y cultural requieren un rol activo del estado, porque “evaluar la solución sólo desde internet sería un error”.

A causa del escándalo desatado por el uso indebido de los datos de los usuarios de Facebook por parte de la consultora Cambridge Analytica, Mark Zuckerberg fue llamado a comparecer ante el Senado estadounidense. Durante su testimonio repitió veinticinco veces la expresión “Inteligencia Artificial” (IA) como recurso para resolver cualquier problema. Pero, ¿es la IA una solución a las fake news?

Pallero lo ve como una respuesta política para ganar tiempo y evitar la regulación, porque “las inteligencias artificiales, particularmente en lo referido al procesamiento del lenguaje natural para entender expresiones recién están en su infancia técnica”. Dado que el avance tecnológico necesario para que una máquina interprete contexto todavía no existe, la IA como árbitro regulador es humo. “No va a ser [una moderación] efectiva porque o bien habrá cosas que se le van a pasar y vamos a seguir teniendo los problemas que tenemos, o tratarán de cerrar por el lado de la censura y de la seguridad: van a empezar a bajar cosas sencillamente porque aparece un término, lo que sería un desastre para la libertad de expresión”.

lo más grave no son las “noticias falsas” sino las “operaciones de desinformación”, porque pueden generarse con ingredientes que aisladamente no son falsos y, en consecuencia, tener una exposición pública mucho mayor que cualquier fake news.

Una fake story

El autor del término fake news es Donald Trump. Su triunfo inesperado, junto con el del Brexit y el de otras fuerzas europeas no pertenecientes al establishment político, encendieron las alarmas acerca de la influencia de las noticias falsas en los procesos electorales. Es un hecho que durante la campaña que dio ganador a Trump hubo un incremento notable de su circulación. Según un estudio realizado por Craig Silverman, de BuzzFeed News, las veinte noticias falsas más populares del último tramo de la campaña consiguieron 8.711.000 reacciones en Facebook, mientras que las veinte noticias de medios más consultadas llegaron sólo a 7.367.000.

Sin embargo, para Cas Mudde, politólogo autor de varios estudios sobre el populismo europeo, existe cierta histeria alrededor de la “epidemia de las fake news”, tal como señala en The Guardian: si bien algunos estudios confirman el alcance de las noticias falsas, otros demuestran que su impacto se da en grupos reducidos –en los extremos ideológicos, ya que confirman sus sesgos y creencias arraigadas–, pero la influencia no sería significativa en la amplia mayoría centrista y moderada.

El foco puesto sólo en las redes sociales, además, deja convenientemente fuera del debate la crítica a los medios tradicionales. Este sesgo en la discusión también está condicionada por la crisis de su modelo de negocio. Las plataformas sociales no sólo cuentan con la gratuidad de los contenidos producidos por sus usuarios, sino también con los datos de cada una de sus interacciones, lo que permite elaborar perfiles sofisticados de cada uno. La competencia por la pauta publicitaria se inclina a favor de las plataformas, donde se pueden colocar anuncios baratos y segmentables. Esto provoca que los medios se conviertan en una caja de resonancia de todo aquello que afecte de manera negativa la reputación de su competencia digital.

Por otro lado, y aunque la difusión de noticias falsas se pretende como un fenómeno, se trata de una práctica histórica, “inherente a todo sistema complejo industrializado de producción de información”, dice Martín Becerra, profesor e investigador del Conicet. “La historia de los medios está plagada de ejemplos de noticias falsas, tanto en nuestro país como en todo el mundo, en particular en contextos electorales”.

Entonces, ¿cómo se mitigaron estas prácticas en el pasado? “Históricamente la respuesta a la circulación de noticias falsas consistía en desmentidas, o sea, en tratar de disminuir el impacto vía la puesta en circulación de noticias verdaderas sobre el mismo tema. Por supuesto esto es un planteo ideal porque obviamente no todos tenemos la misma voz en el espacio público”.

¿Son las noticias falsas lo peor del problema? Becerra participó hace poco de un panel de expertos que convocó la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA sobre temas de desinformación y noticias falsas, “y había mucho consenso de que lo más grave de todo no son las noticias falsas, sino lo que llamaríamos «operaciones de desinformación»”. Las operaciones son peligrosas porque pueden generarse con ingredientes que aisladamente no son falsos y, en consecuencia, tener una exposición pública mucho mayor que cualquier fake news.

La forma en que los medios masivos inciden en los resultados electorales ha sido objeto de estudio de muchas investigaciones. En 2004 Maxwell McCombs publicó un trabajo que sintetiza su teoría de la agenda-setting (establecimiento de la agenda), según la cual los medios no definen la opinión pero sí los tópicos sobre los cuales se debe opinar, sobre todo en períodos electorales. Otro recurso conocido de la prensa es el framing (encuadre), donde el enfoque de la noticia es más relevante que la noticia en sí: los presos que ganan mas que los jubilados o la falta de ejemplaridad de las víctimas.

El investigador critica también la calidad de información que publican los medios. “Más del 80% de las noticias en televisión de los canales de la ciudad de Buenos Aires tiene una fuente o no tiene fuente. El 50% no tiene fuente y un 30% tiene sólo una fuente”. Por eso, dice, “las condiciones estructurales del sistema de medios en Argentina, no ayudan a ser optimista”.

Microtargeting

Es sabido que la campaña de Obama de 2008 marcó un quiebre en la comunicación política al incorporar agresivamente internet y las plataformas sociales. Sin embargo, la posibilidad de segmentar electores y adaptar el mensaje no despertó en ese momento el tipo de controversia que ocho años después avivaría la campaña de Donald Trump. La metodología utilizada por la comunicación política se convirtió en tema de debate, junto con el papel de las redes sociales como herramientas de injerencia en las elecciones.

El análisis Microtargeting en elecciones, publicado por la Asociación por los Derechos Civiles, da cuenta de la incorporación de métodos similares en Argentina. Tomando al PRO y Unidad Ciudadana como casos de estudio en 2015 y 2017, revela como ambas fuerzas utilizaron las herramientas ofrecidas por Facebookpara segmentar usuarios en la comunicación política. Para Cambiemos, la microsegmentación de la audiencia fue realizada sobre todo a través de contratistas especializados que entrecruzaban "múltiples variables como la geolocalización y los registros de conexión" y también "datasets (conjuntos de datos) comprados, bases de datos partidarias e incluso datasets provenientes de fuentes estatales".

Al llegar al gobierno, la mayoría de los integrantes del equipo de campaña del PRO formaron parte de la administración pública en roles similares, como en la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano (que cuenta con decenas de personas dedicadas exclusivamente a redes sociales) o la Dirección Nacional de Medios Digitales. Esto dificultó para la ONG diferenciar los recursos destinados a la comunicación de gobierno y la campaña electoral. El informe también menciona la Resolución 166-E/2016, firmada por el Jefe de Gabinete Marcos Peña, que estableció el envío periódico a la Secretaría de Comunicación Nacional de la base de datos de ANSES con información de los ciudadanos: nombre, apellido, DNI, domicilio, teléfonos, correo electrónicos, fecha de nacimiento, estado civil y estudios cursados. En septiembre de 2018, un fallo de los jueces de cámara Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Alemany frenó este traspaso al dictaminar que transgredía la ley de Protección de Datos Personales.

Crisis - 12 de julio de 2019