Son las 18.39 de la tarde de un miércoles invernal y en la esquina del Congreso de la Nación hay un grupo de personas con casas de cartón en sus espaldas. Algunas son casitas de dos pisos con puertas y ventanas de papel celofán brilloso, otras tienen un techo morado a dos aguas, reciclado de maples de huevos. El grupo está en el medio de un tumulto más grande y cuando el sonido de la música rompe el rumor incesante del tránsito, se arroja en bloque hacia Avenida Callao. Es una procesión que arrastra los pies y dobla el cuerpo por un peso invisible a sus espaldas. Se quedan unos minutos en el medio de la calle ante la mirada preocupada de algunos conductores y continúan su camino hasta la vereda de enfrente. Uno de ellos, con un tapado de piel claro y un cetro dorado entre sus manos –el mercado inmobiliario-  los acorrala para que arrojen las casas de cartón y agarren las valijas que están a un costado y que tienen carteles que dicen “quiero alquilar pero también quiero vivir”. Entonces se arma un pequeño revuelo, hacen un círculo, se inclinan hacia el centro y a los segundos se separan, usando caretas con el rostro del personaje inquilino “Don Ramón”, de la comedia mexicana “El Chavo del 8”. Y así, arrastrando las valijas, vuelven con los hombros caídos al lugar de donde salieron.

La intervención artística es una forma de protesta organizada por la agrupación Inquilinos Agrupados bajo la consigna de “Valijazo” que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires pero también en Rosario, Neuquén y Córdoba. Se inspiró en el monumento “El canto al trabajo” (que está sobre Paseo Colón en la Ciudad de Buenos Aires) donde se ve una cantidad de gente que arrastra una piedra muy grande. “Nosotros nos inspiramos en esa imagen y reemplazamos la piedra por la casa. Empezamos a trabajar esa idea de arrastrar una casa como algo que se vuelve muy pesado en la vida de una persona, alquilar es sobrellevar una carga muy pesada durante toda la vida”, dice Ángeles Cravero, directora de teatro, miembro de Inquilinos Agrupados.

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Es que la ley de alquileres N° 27.551, aprobada a fines a de 2020 –en plena pandemia- como resultado de la lucha del movimiento de inquilinos está recibiendo uno de los peores embates desde su creación: hay un dictamen unificado de Juntos por el Cambio y del bloque de Graciela Camaño en la Cámara de Diputados que retrotrae la legislación a la época anterior a la ley y resulta todavía más gravosa para la situación inquilina del país: incluye volver a los contratos de alquiler de vivienda de dos años, aumentos semestrales o cuatrimestrales sin ningún tope según el deseo especulativo de los dueños e incluso se podrían exigir meses por adelantado.

Ese dictamen junto con el del Frente de Todos, que propone profundizar el control sobre el cumplimiento de la ley vigente, pasará a votación en los próximos días y podría obtener media sanción durante el mes de julio.

Inmensa minoría

El camino hacia el dictamen de la oposición es el resultado de una campaña y lobby eficaz que el sector inmobiliario llevó a cabo desde la aprobación de la ley de alquileres N° 27.551 hace exactamente dos años, el 30 de junio de 2020. A partir de la vigencia de la ley, los contratos para vivienda pasaron a tener un plazo de 3 años, los aumentos semestrales dejaron de ser legales y se estableció una fórmula para la indexación anual que considera el índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). Este último debe ser elaborado y publicado cada mes por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Además, entre otras disposiciones, la legislación autorizó otras formas de otorgar garantía que no se limitan a la garantía propietaria (con escritura pública) y estableció la obligación de registrar los contratos de alquiler en la AFIP.

En la práctica, a lo largo de estos dos años y según denunciaron organizaciones como Inquilinos Agrupados, las inmobiliarias han incumplido de forma sistemática la mayoría de las disposiciones ante la falta de un organismo de control. En el contexto de la crisis económica, agravado por la pandemia, los índices de inflación en alza tuvieron un impacto directo sobre el precio de indexación de los alquileres. Es as, que con la aplicación de la fórmula legal los aumentos han significado más de 50% anual. Desde el sector inmobiliario, se afirma que estos incrementos que perjudican a los inquilinos son el resultado de la ley de alquileres. Sin embargo, desde las organizaciones de inquilinos, se advierte que si los aumentos fueran semestrales o trimestrales, como pretende el sector inmobiliario, se superaría con creces ese porcentaje lo que sería aún más grave para quienes alquilan.

En enero de 2021 Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley para derogar, sin más, la ley N° 27.551 y dejar este ámbito librado a la oferta y la demanda. Ese proyecto fue impulsado por el bonaerense Alberto Asseff acompañado por Pablo Torello, Jorge Enriquez y Virginia Cornejo, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascárate, Aída Ayala y Alicia Terada, todos de la oposición. El proyecto fue resistido en comisiones por el movimiento de inquilinos. En marzo de 2022, durante la apertura de sesiones, el presidente Alberto Fernández se pronunció acerca del tema y pidió “al Congreso de la Nación que asuma la tarea de avanzar en los cambios que sean necesarios para mejorar la ley actual y generar mejoras en el acceso a la vivienda”.

La discusión en Diputados pasó de la derogación a la reforma y durante los últimos meses se discutieron en la Comisión de Legislación General sobre las posturas contrapuestas. Al menos 43 corredores de inmobiliarias y representantes de Cámaras del sector se presentaron a solicitar la reforma de la ley, revelando que la letra de la reforma propuesta se ajusta de forma directa a sus demandas. También participaron del debate numerosos referentes del sector inquilino.

Hace unos días, el debate culminó con dos dictámenes que pasaron a votación de la Cámara de Diputados. Uno, el mayoritario, del Frente de Todos, que propone profundizar el control sobre el cumplimiento de la ley. Otro, unificado de minoría de Juntos por el Cambio y el bloque de Graciela Camaño. En defensa del dictamen de minoría unificado, según publicó el sitio web oficial de Diputados, Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) explicó los principales objetivos de la iniciativa: “Incentivar la oferta de inmuebles para alquiler, volver al plazo de dos años y brindar mayor libertad y autonomía en la negociación del ajuste del precio entre las partes, locadores e inquilinos”, detalló. “La actual ley generó consecuencias no deseadas”, dijo en Comisión Alejandro Cacace (Evolución Radical) y propuso que “la intervención del Estado en el mercado de alquileres no debe darse en los precios, sino a través de los incentivos fiscales para incrementar la oferta de propiedades en alquiler”. Luego, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) afirmó que “la ley no va a resolver el problema habitacional de nuestro país, pero apuntamos a que haya mayor oferta para alquilar”.

La votación será en los próximos días y la preocupación del movimiento inquilino es el riesgo cierto que existe de media sanción ya que Juntos por el Cambio cuenta con mayoría en ese recinto. “Lo de ocupar la calle y el Congreso es también para decirles que existimos, frente la lógica, el discurso y el poder del mercado (inmobiliario) hay otro sector que disputa eso. Exigimos que el Estado lleve políticas públicas para este sector”, dice Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados y presidente de la Federación de Inquilinos Nacional. “En el Poder Legislativo algunos no comprenden [la situación de los inquilinos] y otros, directamente, legislan para el mercado. El gran desafío es que el Poder Legislativo entienda que se les nota ya demasiado la relación de algunos (de ellos) con el mercado inmobiliario y que lo vamos a denunciar y a discutir. Por otro lado, si Juntos por el Cambio, el Bloque Federal y de Provincias Unidas logran aprobar la reforma el repudio será más grande, por eso tengo esperanzas de que no logren modificar la ley”, expresó.

Las casitas son ajenas

El grupo de personas con caretas de “Don Ramón” está en fila, junto a un micrófono. Detrás de ellos, sobre las rejas del Congreso, en la esquina de Rivadavia y Callao, hay una bandera que dice “Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas”.

Se leen las adhesiones a la protesta de movimientos sociales, políticos e incluso de algunos diputados y legisladores. Toma la palabra Luci Cavallero, referente del movimiento feminista Ni Una Menos: “Logramos organizarnos desde nuestra identidad de inquilinos e inquilinas en un momento donde se exacerba la idea de que todos tenemos que tener una propiedad y hacer cualquier cosa para incrementar nuestro patrimonio y por defender esas propiedades. Logramos instalar contra todos los medios de comunicación y contra muchos de los que están acá adentro -señala el Congreso- que la ley de alquileres no es la culpable de todos los problemas que tenemos para alquilar, lo hicimos con todos los medios de comunicación en contra o la mayoría”.

Hay aplausos y personas que levantan carteles que dicen frases como: “Fumar es malo pero creer que el mercado se regula solo es peor”, “Basta de alquileres en dólares” y “regulación del precio inicial”. Habla Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y cuento que todos los años realizan una encuesta sobre la situación económica y social de los trabajadores del sector: “El 49% cobra salarios por debajo de la línea de pobreza, el dato de este año es que creció el pluriempleo como nunca, que se recuperó el empleo pero en condiciones de pobreza y precariedad. Y uno de los aspectos fundamentales es la vivienda, nuestros ingresos se van en el alquiler”. Acompañan y toman la palabra Leandro Vera del Centro de Estudios Legales y Sociales y el diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño.

Para cerrar la jornada, Gervasio Muñoz, recuerda la primera huelga inquilina del mundo. La que realizaron las mujeres de La Boca, en Ciudad de Buenos Aires, en 1907 porque se habían incrementado los alquileres y se excluía la posibilidad de alquilar a cualquier familia que tuviera niños: “Con la huelga de las escobas lograron que bajen los precios de los alquileres, fue el primer grupo de inquilinas organizado y me parece justo que hoy lo digamos porque pasaron más de 100 años”. Y agrega: “La última dictadura hizo algo que todavía seguimos pagando: dolarizó la vivienda en Argentina, es el único país que tiene la vivienda dolarizada en la región. Además desreguló el precio de los alquileres. Le dijo al mercado que podía poner los precios que se les antojase en nombre de la oferta y la demanda. Esas son dos heridas de la dictadura que aún no pudimos reparar”.

En las sesiones de julio, cuando se discuta el futuro inmediato de la ley de alquileres, se sabrá si quienes alquilan vuelven a quedar a expensas de la voracidad propietaria o si al menos sostienen un amparo regulatorio como piso firme para reclamar una mayor regulación del mercado inmobiliario en una Argentina devastada.

^{Revista Crisis - 30 de junio de 2022}