Dos o tres días antes de las elecciones de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) circuló una planilla con los resultados esperados elaborados por una veintena 20 encuestadoras. En promedio auguraban una victoria del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández con el 38% de los votos, otorgándole el 30% al oficialismo. La militancia de la “gran” prensa argentina se jugaba por aquellas que propiciaban sólo un 2% de diferencia. El resultado final fue 47,6%-32,1%.

Lo que siguió fue una hecatombe política. Una diferencia de más de 15 por ciento, inesperada por todos, con una clara consecuencia: es prácticamente imposible que el gobierno de Mauricio Macri de vuelta el resultado, es un cinco a cero y quedan 5 minutos de descuento para que termine el partido.

Este comportamiento de la sociedad argentina tiene varias aristas de interés. La primera es la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Podemos decir que asumió con una teoría, con un diagnóstico y con una caja de herramientas para su praxis. Tres dimensiones. La teoría, nada nuevo, una adscripción al universo ideológico neoliberal en una versión añeja. El diagnóstico: el principal problema era el populismo kirchnerista, que significó pan para hoy y hambre para mañana. Las mejoras observadas en la capacidad de compra de la población eran insostenibles, se debía sincerar la realidad. El problema argentino era el tamaño del gasto público y el déficit de las cuentas públicas. El problema argentino era la “dominancia fiscal”, el nombre que se le da al financiamiento del gasto del Estado con recursos del Banco Central. El problema argentino era su cerrazón al mundo. El kirchnerismo había generado desequilibrios de magnitud. Alto déficit fiscal, atraso en las tarifas públicas que generaban restricciones a la inversión energética. Había que poner en marcha un plan ajustador, que mejorara los “fundamentals”. Había que liberarse del llamado “cepo” cambiario, política de restricción al acceso a los escasos dólares instrumentada por el gobierno populista.

Para ello desplegó desde el vamos una praxis. Un ejército de CEOs ocupó las posiciones de relevancia en el Estado. El Ministerio de Energía y los entes reguladores, en manos de los CEOs de petroleras y eléctricas. El ministerio del agro en manos de la Sociedad Rural Argentina. Los ministerios de Economía, de Finanzas y el Banco Central, conducidos por los CEOs de la banca extranjera. Y así:

• La primera medida fue la liberación del mencionado “cepo cambiario” que implicó una devaluación de la moneda del 60% en 2016 y que tuvo como corolario una inflación del 41% en el primer año de gobierno. La firma de un pésimo acuerdo con los fondos buitres tenedores de bonos argentinos en default datados de principios de los años 2000, en función de destrabar el financiamiento internacional del país e impulsar, luego, la liberalización financiera, la entrada y salida de capitales externos sin restricción.
• La suba en dólares de las tarifas públicas y la dolarización de su trayectoria; lo que provocó aumentos fenomenales del gas, la electricidad y el agua. Por ejemplo, la suba del gas “boca de pozo”, paso de u$s 2 el millón de BTU a u$s7. Argentina es un país con una matriz energética basada en el gas, ello significó una transferencia adicional a 5 empresas gasíferas, 2 transportadoras y unas cuantas distribuidoras gasíferas y eléctricas de más 2% PBI anuales.

• El impulso reformas tributarias regresivas: de los impuestos a la riqueza, disminución de las retenciones al agro exportador y a las mineras. Un “blanqueo” tributario de gran magnitud que permitió a unas 200.000 personas declarar más de u$s100.000 millones no exteriorizados nunca ante la autoridad impositiva argentina.
• Una política de apertura comercial indiscriminada que tuvo un corolario inmediato: el golpe a la economía nacional y a su sector industrial.

Las elecciones de medio término en 2017 le dieron a Macri una victoria. Ello aceleró su espíritu reformista: a fines de 2017 mandó al parlamento sendas reformas laborales, previsionales y tributarias. El resultado fue desparejo, no logró la reforma laboral, pero sí algunas de las medidas previsionales y tributarias. La modificación de la llamada “movilidad previsional”, que significó en 2018 un recorte de un 10% en los haberes jubilatorios fue resistido con movilizaciones callejeras de magnitud. Ello provocó una fuerte erosión de la imagen y el caudal político presidencial. En paralelo, desplegó una dura política de Seguridad interior. Reprimió, hasta donde pudo, la protesta social. La ministra de Seguridad consolidó un sector de “halcones” en el interior del gobierno, basadas en la exaltación de las fuerzas de seguridad y de sus despliegues represivos. Casos de asesinatos de militantes sociales derivaron en fuertes acciones de impunidad por parte del Estado. El caso del asesinato por la espalda de un ladrón callejero en manos policiales fue respaldado por el Gobierno Nacional. Tremendo. Asimismo, desplegó un proceso de persecución política contra los dirigentes del kirchnerismo que ocuparon posiciones relevantes en la conducción del Estado. Lograron sintetizar una vinculación sinérgica e ilegal entre el aparato de inteligencia del Estado, un sector relevante del poder judicial y la citada “gran” prensa argentina. Las acusaciones de corrupción fueron escandalosas, aunque a casi 4 años del fin del gobierno de CFK, es muy poco lo que han podido probar. Las denuncias de corrupción fueron exageradas, se utilizó como un mecanismo de invalidación moral de un gobierno. Ello alimentó más que nunca la “grieta” y la polarización política. Y lo paradojal es que Mauricio Macri, un emblema de la patria contratista argentina, con condenas por contrabando y espionaje, envuelto en históricos escándalos de corrupción, se auto propicie como garante de una nueva moralidad. El accionar de la justicia acusadora -que quedó en manos de jueces y fiscales de probada vena antikirchnerista y sin prestigio alguno- terminó lesionando el estado de derecho: para impulsar causas sin pruebas debieron vulnerar los procedimientos penales. El “debido proceso” y la “presunción de inocencia” se borraron de la constitución nacional en los juicios que acusaron a CFK y sus ex funcionarios.

En el año 2018, la fragilidad financiera derivada de la apertura se cobró su nueva víctima. Desplegaron una toma de ganancias, concretando la llamada bicicleta financiera. Ella consiste en la entrada de dólares al país para la especulación sin restricciones, la subsiguiente compra de bonos argentinos que otorgan altas tasas de interés, para luego, atento a un cambio de las expectativas, propiciar la huida del país. Este último paso se concreta en el mercado cambiario, lo que dejó una corrida devaluatoria de magnitud. En 2018 el precio del dólar subió de $18 a $38, una catástrofe que derivó en una espiralización inflacionaria. El gobierno sintió el golpe y no tuvo herramientas para contrarrestar semejante corrida. Lo único que atinó a hacer fue abrazarse fuerte al prestamista de última instancia, el FMI.

El fracaso de la política de metas de inflación del Banco Central estuvo también teñido de sospechas de favorecimiento a la gran banca extranjera, que pudo comprar dólares baratos, antes de que el Banco Central no pudiera contener el tipo de cambio. El corolario fue que el FMI logró, nuevamente en la historia argentina, hacerse de la conducción de la política económica. El FMI otorgó un préstamo de u$s56 mil millones, un 60% de su cartera. Un hito histórico que deja al organismo muy dependiente de la suerte de un solo país, que tuvo resistencia en la burocracia del organismo. Donald Trump fue el impulsor y garante de dicho préstamo, que en la práctica significó una suerte de garantía a Macri para poder llegar “entero” a las elecciones de 2019.

El acervo ideológico del Gobierno derivó en el impulso de una Letra de Liquidación (Leliq) emitida por el Banco Central (BCRA) que puede ser comprada sólo por los bancos del sistema. Así, el lunes 12 de agosto, la tasa de interés de referencia del gobierno, la tasa de las Leliq, llegó al 75% anual. El monto de intereses anuales que genera anualmente dichas colocaciones supera los 2% PBI. Es decir, el único instrumento que utiliza para evitar que las colocaciones financieras “fugen” a la compra de dólares y provoquen devaluaciones e inflación es la tasa de interés. Una especie de fundamentalismo monetario que provoca mayor vulnerabilidad en el patrimonio del BCRA y en la moneda. El diagnóstico erró: el problema no era el déficit fiscal, el problema era el sector externo.

Los efectos sociales de la política de Mauricio Macri, que instrumentó drásticamente el recorte del gasto público, no se hicieron esperar: aumento de la pobreza que pasó de 12 a 16 millones de personas. Un endeudamiento del Estado Nacional de más de u$s120.000 millones de dólares, con fuga de capitales por unos u$s 60.000 millones. Aumento del desempleo a dos dígitos, un aumento del subempleo y de la precarización laboral. El PBI per capita cayó en 4 años más del 7%. Cierre acelerado de Pymes y de las otras también: por ejemplo, Honda anunció esta semana su ida de la argentina. El sector de economías regionales en la debacle productiva. Jubilados volviendo a la vulnerabilidad, sin programas de remedios gratuitos y con un golpe inflacionario mayor dado que la canasta de bienes que consume se compone de: alimentos, tarifas públicas y remedios; tres rubros que le ganan lejos a la inflación promedio.

Esa teoría equivocada, ese diagnóstico malogrado y esa praxis maloliente, impidieron una lectura realista del mundo que le tocó enfrentar a Macri. Propició la apertura comercial mientras el mundo se repliega de la avanzada globalizante. Un mundo que se resguarda de la competencia internacional y acelera las medidas proteccionistas de su trabajo. Una lectura que impide la comprensión del papel que un país soberano pueda jugar en el concierto internacional. Propuso la apertura al “mundo”, mientras éste giraba hacia el proteccionismo. Una visión que no entiende que la guerra comercial con China impulsada por Trump, es mucho más que eso. Una disputa por las compras de los Estados, por las inversiones, por las patentes, y en última instancia por la hegemonía tecnológica. China se posiciona “peligrosamente” en la vanguardia de la tecnología 5G, que permitirá multiplicar por 200 o 500 la velocidad de internet.

Otro corolario importante es que, en medio del entorno de la crisis económica provocada, se visualizan fuertes ganadores: los bancos y los sectores con colocaciones financieras; las empresas gasíferas y energéticas; y el sector agroexportador concentrado. También figuran entre los ganadores, empresarios amigos o parientes cercanos a Macri y el entorno presidencial. Contratos de obras, regulación de tarifas y otros mecanismos poco transparentes provocaron una oleada de denuncias judiciales en contra de Mauricio Macri por “conflicto de interés”, que seguramente se desatará con fuerza en caso de perder las elecciones.

Una segunda arista se relaciona a la capacidad de la sociedad relacionar el padecimiento social con la acción del oficialismo y de concretar institucionalmente su salida del poder político. El gobierno de Mauricio Macri contó con el apoyo de la gran empresa, de los bancos, de los grandes capitalistas del agro. También tuvo el apoyo incondicional de los medios de comunicación concentrados, y de sectores influentes del poder judicial, el poder menos permeable al proceso democrático que se inició con la argentina de Raúl Alfonsín en 1983. Como se sabe, hay tres dimensiones del poder: el poder económico, basado en la propiedad; el poder político, basado en las elecciones democráticas; y el poder ideológico, basados en el acervo de valores e ideas de las personas. El poder económico proyecta una influencia tremenda en lo ideológico. Así y todo, una mayoría argentina pudo enfocar en que el problema es Macri, que la causa es su política. Y que el peronismo unido es una opción de cambio. Y que la salida es con el ejercicio de la institucionalidad de la democracia. Para más mérito, destacamos que esa acción debió sortear los efectos de la verdadera “máquina de mentir” en que se convirtió un gobierno elegido en democracia.

Aquella conciencia no es un hecho fortuito. En la Argentina existen amplios sectores sociales con capacidad de movilización por sus derechos. Existe en ellos una identidad, una conciencia política de una vasta tradición. Estructuras sindicales fuertes, con una tasa de sindicalización que alcanza el 40% de los trabajadores registrados; movimientos de trabajadores de la “economía popular” con gran nivel de articulación; organizaciones de derechos humanos y otros, son una base sobre la que monta la resistencia popular a la escalada neoliberal.

A esta altura, con la evidente incapacidad del gobierno para leer la realidad, la plataforma de sus apoyos se resquebraja. En la conferencia de prensa del lunes 12 de agosto, sugirió que la nueva corrida cambiaria que llevó el dólar a más de $60 y el desastre inflacionario que seguro provocará, es responsabilidad de la gente que vota mal. Resulta que “El mundo” repudia el kirchnerismo. Por primera vez en la historia, un presidente argentino echa la culpa a los votantes del derrumbe de los mercados, de la volatilidad económica, que encima él mismo generó. No reconoce su responsabilidad, digno del Guinness. El Financial Times, tituló: “Mauricio Macri perdió el contacto con la realidad”. El miércoles, en un mensaje grabado pidió públicas disculpas por sus dichos, que atribuyó al “cansancio” por la larga jornada electoral. Nótese esa visión particular del “mundo”, en realidad es el minúsculo grupo humano que tiene colocaciones en activos financieros y cuyas decisiones pueden hacer variar el tablero económico de un país.

Una tercera arista se relaciona a la construcción de una opción política opositora. El peronismo argentino tiene una plasticidad política impresionante. El primer gesto estuvo a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, que en momentos de una recuperación de su figura pública, de la mano de la publicación de su libro “Sinceramente” con récord histórico para la industria editorial argentina (330.00 ejemplares); supo concretar una fórmula que permitió la unidad de un peronismo agrietado: convoca como candidato a presidente a Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, enemistado políticamente con CFK, quien se reserva la vicepresidencia. Ello permitió concretar la unidad con Sergio Massa, jefe del Frente Renovador y también funcionario del Gobierno de CFK que terminó militando la oposición a su gobierno. En paralelo a dicha confluencia se buscó y logró la unidad con los jefes políticos provinciales, los gobernadores. Esa unidad logró un proceso sinérgico en lo político y social. AF tiene un perfil acuerdista, conciliador. Pero también convicciones ideológicas. Días antes de la elección fue a ver a Lula a la cárcel. El domingo a la noche agradeció -en primer lugar- la generosidad de CFK reconociendo que haberlo dejado a él de candidato a presidente, era el gesto de una estadista. Cristina es un fervor popular. Y Alberto lo sabe.

Un segundo elemento no menor es que en la provincia de Buenos Aires, el kircherismo logró erigir un muy buen candidato: Axel Kicillof. Economista, ex investigador del sistema científico, ex ministro de Economía de CFK, autor de varios libros, con Marx y Keynes como referentes en lo ideológico, logró algo que parecía imposible, ganarle a la principal promesa de la derecha argentina, la gobernadora María Eugenia Vidal, “el hada buena”. Carismático, trabajador incansable desde abajo, recorrió 90.000 kms de la provincia, pueblo por pueblo, en un añoso Renault Clio. Con un 52% de los votos en la provincia de Buenos Aires, que tiene unos 17 millones de habitantes, logró sepultar las aspiraciones de Vidal, que tuvo un papel particularmente destructivo en materia de Educación y Salud. Ella enfrentó de manera violenta a la dirigencia sindical de los trabajadores de la Educación. Parece ser que se cumple el bíblico “quién siembra vientos, cosecha tempestades”.

Los tiempos que vienen no son fáciles. Primero, Alberto Fernández debe confirmar la victoria electoral. La acción de AF busca concretar una nueva mayoría que posibilite un amplio acuerdo político. Allí hay esperanza, lograr unir las partes en función de un programa común. Esa unidad debe saber detener la escalada interminable de precios que sufre la Argentina, la tarea primera. Pero no sólo ello.

El principal problema económico argentino que vuelve vulnerable y volátil su macroeconomía es esa incapacidad del país de generar los dólares suficientes para funcionar. Ese condicionante, que la literatura especializada identifica con el concepto “Restricción Externa al Crecimiento”, es una cuestión de aliento más largo, que el gobierno de CFK tampoco pudo resolver y que la condenó al estancamiento económico en los últimos años de su gobierno. La segunda cuestión a resolver será determinar cuál es el lugar en el mundo que ocupará el país. Querámoslo o no, la Argentina, así como cualquier otro país, es también un “segmento de la economía mundial”. El desafío es poder teñir de soberanía nacional ese lugar. Por ende, la unidad exige de variadas capacidades, sobre todo la de entender que la recuperación de la política debe traducirse en la construcción de un proyecto de país.

* Economista y secretario del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE) | 16-08-2019.