Dos o tres días antes de las elecciones de las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) circuló una planilla con los resultados esperados elaborados por una veintena 20 encuestadoras. En promedio auguraban una victoria del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández con el 38% de los votos, otorgándole el 30% al oficialismo. La militancia de la “gran” prensa argentina se jugaba por aquellas que propiciaban sólo un 2% de diferencia. El resultado final fue 47,6%-32,1%.

Lo que siguió fue una hecatombe política. Una diferencia de más de 15 por ciento, inesperada por todos, con una clara consecuencia: es prácticamente imposible que el gobierno de Mauricio Macri de vuelta el resultado, es un cinco a cero y quedan 5 minutos de descuento para que termine el partido.

Este comportamiento de la sociedad argentina tiene varias aristas de interés. La primera es la responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri. Podemos decir que asumió con una teoría, con un diagnóstico y con una caja de herramientas para su praxis. Tres dimensiones. La teoría, nada nuevo, una adscripción al universo ideológico neoliberal en una versión añeja. El diagnóstico: el principal problema era el populismo kirchnerista, que significó pan para hoy y hambre para mañana. Las mejoras observadas en la capacidad de compra de la población eran insostenibles, se debía sincerar la realidad. El problema argentino era el tamaño del gasto público y el déficit de las cuentas públicas. El problema argentino era la “dominancia fiscal”, el nombre que se le da al financiamiento del gasto del Estado con recursos del Banco Central. El problema argentino era su cerrazón al mundo. El kirchnerismo había generado desequilibrios de magnitud. Alto déficit fiscal, atraso en las tarifas públicas que generaban restricciones a la inversión energética. Había que poner en marcha un plan ajustador, que mejorara los “fundamentals”. Había que liberarse del llamado “cepo” cambiario, política de restricción al acceso a los escasos dólares instrumentada por el gobierno populista.

Para ello desplegó desde el vamos una praxis. Un ejército de CEOs ocupó las posiciones de relevancia en el Estado. El Ministerio de Energía y los entes reguladores, en manos de los CEOs de petroleras y eléctricas. El ministerio del agro en manos de la Sociedad Rural Argentina. Los ministerios de Economía, de Finanzas y el Banco Central, conducidos por los CEOs de la banca extranjera. Y así:

• La primera medida fue la liberación del mencionado “cepo cambiario” que implicó una devaluación de la moneda del 60% en 2016 y que tuvo como corolario una inflación del 41% en el primer año de gobierno. La firma de un pésimo acuerdo con los fondos buitres tenedores de bonos argentinos en default datados de principios de los años 2000, en función de destrabar el financiamiento internacional del país e impulsar, luego, la liberalización financiera, la entrada y salida de capitales externos sin restricción.
• La suba en dólares de las tarifas públicas y la dolarización de su trayectoria; lo que provocó aumentos fenomenales del gas, la electricidad y el agua. Por ejemplo, la suba del gas “boca de pozo”, paso de u$s 2 el millón de BTU a u$s7. Argentina es un país con una matriz energética basada en el gas, ello significó una transferencia adicional a 5 empresas gasíferas, 2 transportadoras y unas cuantas distribuidoras gasíferas y eléctricas de más 2% PBI anuales.

• El impulso reformas tributarias regresivas: de los impuestos a la riqueza, disminución de las retenciones al agro exportador y a las mineras. Un “blanqueo” tributario de gran magnitud que permitió a unas 200.000 personas declarar más de u$s100.000 millones no ex